El FROB no tiene prisa por deshacerse del 17,32% que el Estado tiene en Caixabank, pero esta circunstancia está vinculada en el fondo a que Pedro Sánchez continúe como presidente del Gobierno. Si Junts, el partido de Carles Puigdemont, no facilita la investidura de Sánchez y hay repetición de elecciones, puede haber cambio de Gobierno y, según se ha publicado, si el PP llega al poder, el partido que presidente Alberto Núñez Feijoo tiene intención de deshacerse más rápido de las acciones que el Estado tiene en el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri.
EL ESTADO EN CAIXABANK
No se sé sabe que va a pasar, pero si, por lo que sea hay elecciones de nuevo, se puede dar un cambio en la posición del Estado sobre su presencia en el capital de Caixabank. El Estado está representado en el consejo de administración del banco por el FROB -que preside Paula Conthe, cuyo mandato termina en noviembre de 2025- y si hay cambio de Ejecutivo y este cae en manos del Partido Popular, el nuevo Ejecutivo se dará más prisa que el actual en lo referido a la salida del Estado del accionariado de Caixabank.
Esta es una posibilidad que depende de que no haya nuevos comicios, lo cual solo se puede evitar si el socialista Pedro Sánchez es investido presidente del Gobierno. Para ello, el PSOE necesita que todos los aliados de la última legislatura votan a favor (Sumar, ERC, PNV y Bildu) voten a favor y el sí de Junts, abstención de los de Puigdemont si Coalición Canaria se abstiene también. En vista del comportamiento político de Junts, cualquier cosa es posible.
Si Junts provoca que se repitan las elecciones, el rumbo de la venta puede variar
Si Junts no vota a favor y hay nuevas elecciones, el tablero se puede mover si cambia el Ejecutivo y el barco variar el rumbo. Y es que, según fuentes financieras próximas al FROB citadas por VozPópuli, la salida del Estado se acelerará si finalmente hay un cambio de inquilino en La Moncloa.
EL MANDATO CLARO DE SALIDA
En este sentido fuentes financieras consultadas por MERCA2 hacen hincapié en que “el FROB tiene un mandato claro de desinversión de su participación en Caixbank, pero también tiene como objetivo maximizar la recuperación de ayudas públicas, por lo que no hay prisa en vender”. “El momento de desinvertir será aquel en el que se considere que se dan las condiciones óptimas para cumplir con este objetivo, teniendo en cuenta no solo el precio de la acción, sino también las previsiones sobre su evolución, la valoración relativa, la volatilidad del mercado o la capacidad de absorción de la demanda”, explican a MERCA2 estas mismas fuentes financieras.
En la actualidad, la fecha límite para la desinversión es diciembre de 2025, con posibilidad de ampliación, como ya se ha hecho con anterioridad, por parte del Consejo de Ministros.
En este punto, hay que tener en cuenta un factor clave: en Caixabank no están incómodos con la presencia del Estado en su capital. No lo están, al menos en público. Al respecto, en reiteradas ocasiones, tanto el presidente del banco, José Ignacio Goirigolzarri, como el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, han reiterado esta posición. La última vez fue con motivo de la presentación de los resultados del primer semestre del año, lo que tuvo lugar el pasado viernes 28 de julio. En esta cita, el CEO, Gonzalo Gortázar, dijo que “el Estado ha dejado claro que tiene una vocación temporal y llegará el momento en el que se produzca la salida, pero no parece que sea en el corto plazo». También expuso que sea cual sea la decisión «no le genera ninguna preocupación».
Caixabank no está incómoda con la presencia del Estado en su capital
Al banco sí le preocupa el impuesto temporal a la banca impuesto por el Gobierno, que también ha criticado que no se remuneren los depósitos. Antes el Ejecutivo, con la ministra de Economía, Nadia Calviño, a la cabeza, presionó mediante numerosas declaraciones públicas para que el banco redujera los afectados por el último expediente de regulación de empleo (ERE) y ofreciera buenas condiciones. También criticó los sueldos de la cúpula. Todo ello resulta curioso para fuentes del mercado que ponen hincapié en que el FROB está en el capital.
CINCO AÑOS PARA SALIR
El plazo para que el Frob saliera de Bankia (entidad que absorbida por CaixaBank) debía concluir a los cinco años desde que inyectó 22.400 millones para su rescate. Pero dicho plazo se amplió a 7 años, situando la fecha límite en diciembre de 2019. De nuevo, en febrero de 2020 el Gobierno aprobó una nueva ampliación de dos años (hasta diciembre de 2023) que a finales del año pasado decidieron extender hasta diciembre del 2025.
El Estado inyectó 22.400 millones para rescatar Bankia, de los más de 58.000 millones con los que reflotó el sector financiero gracias al rescate de Bruselas. Del dinero dedicado a Bankia, el FROB calculó en su día que solo podría recuperar unos 6.000 millones, sumando el valor de la acción, los 1.400 millones cobrados en dividendos y los 2.100 millones por las ventas de acciones, según publicó ‘Cinco Días’.
El Estado inyectó 22.400 millones para rescatar Bankia, de los más de 58.000 millones con los que reflotó el sector
El Gobierno tiene margen de maniobra. Mientras las perspectivas del banco sean buenas, pero no tenga un precio en bolsa que haga que el Estado entienda que resulta mejor vender que permanecer en el capital, el FROB seguirá en el capital de Caixabank.
AMPLIACIÓN DE LA FECHA
La ejecución de la desinversión forma parte de las obligaciones del FROB de acuerdo a la Ley 9/2012 y el mismo debía realizarse en un plazo no superior a los cinco años desde la fecha de suscripción o adquisición. No obstante, el Real Decreto Ley 4/2016 aprobó la ampliación a siete años del marco temporal en el que se debía producir la desinversión y abría la posibilidad de hacer nuevas ampliaciones de plazo bajo las correspondientes autorizaciones gubernamentales.
Así, el Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2018, con el preceptivo informe del FROB y del Ministerio de Hacienda, aprobó la ampliación del plazo de desinversión en dos años adicionales. El plazo máximo de desinversión expiraba en diciembre de 2021, pero el Ejecutivo decidió ampliarlo hasta diciembre de 2023.
La finalidad de esta ampliación es favorecer la utilización más eficiente de los recursos públicos maximizando la recuperación de ayudas, explicó entonces el Gpbierno. La justificación del Gobierno para dar este paso es que la «extensión del plazo permitirá al FROB ejecutar su estrategia de desinversión con más flexibilidad».
La finalidad de esta ampliación es favorecer la utilización más eficiente de los recursos públicos maximizando la recuperación de ayudas
La de 2021 fue la tercera ampliación del plazo inicial de venta que se realiza. La primera se aprobó en diciembre de 2016, lo que permitió extender de diciembre de 2017 a finales de 2019 el plazo de desinversión.
En 2018 se amplió de nuevo el plazo para situarlo en diciembre de 2021, fecha que se modifica hasta diciembre de 2023.
LOS DIVIDENDOS
La parte económica no ofrece discusión porque es muy jugoso cobrar dividendos, pero la parte de la reputación, el coste de imagen, puede pesar. Y es que estar en el capital de un banco, aunque sea por medio del FROB, tiene costes que son difíciles de asumir de modo prolongado para un Gobierno de izquierda. ¿Por qué? Porque siempre que haya algún conflicto va a salir a relucir que el Estado está en el capital de la entidad.
En este punto, resulta complicado para el Gobierno que preside Pedro Sánchez criticar a los bancos por no remunerar los depósitos mientras que el Estado esté presente en el consejo de administración de Caixabank.
NO ES CÓMODO PARA EL BANCO CONTAR CON UN ACCIONISTA DE REFERENCIA QUE ES UN FOCO DE CRÍTICAS, COMO ES EL GOBIERNO
Por la parte empresarial, tampoco es cómodo para el banco contar con un accionista de referencia que es un foco de críticas, como es el Gobierno, Además, a veces este accionista se posiciona en contra de lo que propone la entidad. Basten dos ejemplos: el primero, el voto en contra del FROB en la junta de accionistas de 2021 sobre la retribución del presidente del banco; el segundo, la abstención del FROB en la votación que aprobó un dividendo de 1.179 millones. Abstenerse sobre un punto que supone una inyección económica para el Estado es una gran paradoja.
