La Fundación Artemisan alertó este jueves de que el abandono del mundo rural, y con ello de los usos tradicionales del monte, suponen un caldo de cultivo perfecto para que se generen grandes incendios forestales, especialmente en una época de peligro extremo como la actual.
Según la fundación, en la última década han ardido en España 1,12 millones de hectáreas, una media de 112.000 al año, cifra que se duplicó en 2022 con más de 267.000 hectáreas arrasadas por el fuego, convirtiéndose en el peor año en incendios forestales registrado desde 1994.
Una cifra que podría repetirse, “e incluso empeorar”, en un año de temperaturas extremas y sequía como el que vive España y gran parte de Europa, y que se puede ver agravada por las “políticas de abandono e inacción llevadas a cabo durante los últimos años por parte de las distintas administraciones competentes”, según denunció.
Con el objetivo de paliar esta grave situación, la Fundación Artemisan reclamó a las administraciones públicas que recuperen las políticas forestales que faciliten los usos tradicionales que durante siglos han prevenido los incendios.
Al mismo tiempo, solicitó la creación de un órgano de coordinación entre gestores públicos y privados, donde la guardería cinegética y los gestores forestales puedan asumir competencias en prevención y vigilancia y tengan un papel protagonista.
La pérdida de gestión forestal y ganadera, muy ligada a la despoblación rural, y el exceso de proteccionismo, han provocado un aumento exponencial de masa combustible en los montes, con la práctica desaparición de actividades como la extracción de leña y el pastoreo, que suponían una especie de “selvicultura preventiva contra incendios” que no generaba coste para la administración, al tiempo que permitía el aprovechamiento económico en la zona.
En este sentido, la entidad apostó por facilitar el aprovechamiento de la biomasa forestal como energía renovable, ya que consideró que “hacer rentable el monte es la mejor manera de garantizar su gestión, lo que podría suponer una reducción del 60% de la superficie quemada en España, así como por incentivar quemas prescritas y controladas en invierno que puedan actuar de áreas cortafuegos en verano”.
La Fundación Artemisan también subrayó la labor que realizan cazadores, gestores de fincas y guardas de coto como agentes activos y el primer foco de alerta ante incendios por su conocimiento de la zona y porque son el principal inversor privado en actuaciones de conservación del medio ambiente.
En este sentido, los cazadores españoles invierten cada año 54 millones de euros en actuaciones de mantenimiento y adecuación de accesos, pantanos, podas, mejoras del monte, cortafuegos y cortaderos, entre otros, fundamentales todas ellas para la prevención de incendios, según el ‘Informe de evaluación del impacto económico y social de la caza en España’ elaborado por la consultora Deloitte para Fundación Artemisan.
A todo ello se suma el papel que tienen las especies cinegéticas, especialmente las de caza mayor, en la prevención de incendios, al ser auténticas “máquinas desbrozadoras” naturales. A esto se suma la labor de auxilio de las especies silvestres que se lleva a cabo cada día en los cotos de caza, mediante la aportación de bebederos, charcas y otros puntos de agua, así como de alimentación para una fauna que se ve gravemente afectada por la sequía y las temperaturas extremas, y mucho más por los incendios.
