El Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera, tiene una nueva patata caliente sobre la mesa que puede terminar de dar la puntilla a una gestión errática que le ha enfrentado con las multinacionales energéticas e incluso con el propio presidente del Gobierno.
En esta ocasión el problema surge de las cuencas hidrográficas, en concreto en la del río Guadiana, que está en el punto de mira de la Audiencia Nacional por una querella presentada por una comunidad de regantes que denuncia, entre otras cuestiones, el fraude y la malversación de 1.200 millones de euros de fondos europeos.
EN MANOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL
La querella fue presentada el último día del pasado diciembre y fue presentada por la comunidad de usuarios de aguas subterráneas Rus-Valdelobos, entidad de derecho público, con sede en San Clemente (Cuenca). El Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional dictó un auto de apertura de diligencias previas el 17 de enero, dando traslado de la querella al Ministerio Fiscal.
Dos semanas después el Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, decretó que los hechos denunciados «podrían dar lugar a delitos de prevaricación, falsedad en documento Público, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, a la Hacienda Comunitaria Europea y a la Hacienda Pública española, así como, desobediencia a la autoridad judicial y a las resoluciones judiciales firmes».
DELITOS DE PREVARICACIÓN, FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO, MALVERSACIÓN, FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN Y DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD JUDICIAL
La citada comunidad de regantes acusa a al departamento ministerial que dirige Ribera, a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha –junto a determinados funcionarios del Instituto Geológico y Minero de España (IGME)– de haber utilizado fondos europeos destinados a la protección del medioambiente y la calidad de los acuíferos para inflar contratos, pagar comisiones y beneficiar a altos cargos de empresas públicas, entre otros delitos.
El presidente de la entidad que ha presentado la querella, Ruperto Mesas, indica a MERCA2 que aunque sea la actual Administración la que está en el foco, «en realidad esto es una cuestión que viene de lejos y que ha contado con la colaboración de anteriores ministros y con el gobierno autonómico manchego.
A su juicio, los acusados «con la premisa de perseguir supuestos objetivos medioambientales, han venido presuntamente realizando durante los últimos años una gestión irregular de los fondos públicos recibidos para la gestión de las masas de aguas subterráneas del Alto Guadiana y particularmente en la de Rus-Valdelobos, aumentando la presión sobre los acuíferos y sus ecosistemas».
LA FISCAL ELEGIDA, «AZOTE DEL PP»
Junto con la querella la comunidad de regantes que representa ha aportado un voluminoso dossier de documentación para ayudar a la investigación de los hechos, que deberá ser analizada por la fiscal Elena Lorente Pablo, que es la persona elegida por Luzón para llevar el caso y que, según Mesas asegura a este diario, y»está recibiendo presiones para dar carpetazo al asunto».
Curiosamente –o muy revelador– es que haya sido precisamente Lorente la fiscal encargada de asumir la competencia de las diligencias previas, ya que es reconocida en el ámbito judicial por haber sido uno de los fiscales «azotes del PP» y de hecho fue premiada el año pasado por el Gobierno de Sánchez al ser designada fiscal europea delegada a las órdenes de Concepción Sabadell (la fiscal del Caso Gürtel).
Lorente se hizo famosa por ser quien dirigió la investigación a Rodrigo Rato, expresidente de Bankia y ex vicepresidente Económico con el Gobierno del PP de José María Aznar, y es especialista en blanqueo de capitales.
FRAUDE DE 1.200 MILLONES DE LA UE
En la querella la comunidad de regantes reclama 31,5 millones de euros por el perjuicio causado a la misma por los organismos públicos anteriormente citados, «así como la existencia de un fraude a los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Europeas con una posible malversación de 1.200 millones de euros de fondos europeos», tal como refleja el decreto de Alejandro Luzón al que ha tenido acceso MERCA2.
Vemos como los agricultores vuelven a abrir otro frente contra la gestión que se realiza en todos los organismos públicos desde el Ministerio de Transición Ecológica hacia abajo, con una Teresa Ribera que es acusada por las principales asociaciones del campo español de poner por delante unos supuestos objetivos medioambientales de los intereses de los profesionales del sector.
A los problemas con los regantes por el recorte del trasvase Tajo-Segura se suma ahora esta denuncia que en caso de no ser enterrada o guardada en un cajón, podría revelar otro escándalo más de corrupción institucional justo en año electoral.
pedro barato (asaja): «el único objetivo de ribera es destruir al campo español»
En el caso concreto de la política hidráulica, la organización agraria ASAJA, lleva meses denunciando que Ribera está provocando una “confrontación” entre los agricultores, obligándoles a pelear por la gestión del agua sin que exista una política integral que permita compaginar los derechos de los agricultores y ganaderos con los objetivos medioambientales nacionales y europeos.
Para el secretario general de Asaja, Pedro Barato, «el único objetivo de Ribera es destruir al campo español», porque «en lugar de poner soluciones lo que hace es imponer prohibiciones». Veremos si el Caso Guadiana que ahora está en manos de la Audiencia Nacional muestra que hay algo más detrás de esta estrategia gubernamental y si ha beneficiado económicamente al PSOE.
