La desigualdad en el reparto de costes provenientes de la inflación puede generar descontento social en España si el Gobierno no logra paliar los efectos en la población, sobre todo en la más desfavorecida. Este es uno de los avisos que le ha llegado al Ejecutivo a través del análisis del Servicio de Estudios de BBVA. En el marco de un situación geopolítica complicadísima, el Ejecutivo trata de achicar agua con un tema que puede destrozarle desde un punto electoral.
PRINCIPAL AMENAZA
La inflación se ha convertido en la principal amenaza para consolidar la recuperación de la economía española y para el Gobierno que preside Pedro Sánchez y tiene como ministra de Economía a Nadia Calviño. Las previsiones apuntan a que, en promedio, podría terminar en un 7% en 2022 y en un 2,5% en 2023.
Es una bomba latente para el Ejecutivo, que, por ahora, está siendo incapaz de desativarla. Se trata de la inflación, que está desbocada, cuyos costes, si no se reparten con justicia pueden provocar un incremento de la conflictividad social, señala BBVA Research en su informe «Situación España. Segundo trimestre 2022».
La inflación es una bomba de relojería que el Gobierno no está sabiendo desactivar
«Si algunos colectivos se ven particularmente perjudicados, la conflictividad social podría repuntar», indican. Por eso, BBVA estima que «es importante que el llamado pacto de rentas provenga de un consenso social, que involucre a sindicatos y empresas, a consumidores y productores, pensionistas y contribuyentes a la Seguridad Social, etcétera». «En ausencia de ello y de la percepción de que todos deben asumir una parte del coste, la economía puede perder competitividad y mostrar una recuperación menos intensa y desigual».
ANÁLISIS DE BBVA RESEARCH
El análisis del Servicio de Estudios de BBVA es profuso y muy claro. «Las familias de rentas bajas gastan relativamente más en electricidad y menos en carburante. Los jóvenes, que gastan más en transporte, viven de alquiler y les afecta más la indexación de los contratos de arrendamiento al IPC, no tienen garantizado el poder adquisitivo de su renta, a diferencia de los pensionistas». «Aunque buena parte del incremento en el coste energético supone una transferencia hacia países productores de combustibles, hay empresas domésticas que están teniendo ganancias anormalmente elevadas»,a agregan.
Las familias de rentas bajas gastan relativamente más en electricidad y menos en carburante.
En el lado de las decisiones del Ejecutivo para combatir la inflación, destaca que «algunas de las medidas tomadas por el Gobierno buscan, precisamente, redistribuir entre los individuos nacionales estos costes». Alaba «el incremento temporal de un 15% en el Ingreso Mínimo Vital o el aumento del número de familias que podrían recibir el bono social de electricidad». Sobre otras, no tiene tan buena opinión. «En todo caso, otras, como el abaratamiento del combustible, pueden ser regresivas, poco transparentes o tener efectos no deseados (como el control de precios en el alquiler)», indica BBVA Research.
BBVA Y LA CESTA DE LA COMPRA
La inflación se ha convertido en la principal amenaza para consolidar la recuperación de la economía española. Las previsiones apuntan a que, en promedio, podría terminar en un 7% en 2022 y en un 2,5% en 2023.
Aunque la mayor parte del incremento en el coste de la cesta de consumo de los hogares continúa explicado por el componente energético, comienza a producirse una generalización de la inflación hacia otros bienes y servicios.
En la medida en que esto también se está produciendo en la UEM, el BCE podría decidir acelerar el proceso de normalización de los tipos de interés. Aunque los deudores españoles han incrementado recientemente el peso de las operaciones a tipo fijo, la mayor parte de los créditos al sector privado se han otorgado a tipo variable. Un aumento rápido y significativo de la carga financiera podría afectar las expectativas de gasto de los hogares, según el banco que preside Carlos Torres Vila.
BBVA DESTACA MEDIDAS DEL PLAN DE CHOQUE
El Gobierno ha aprobado un plan de choque para tratar de revertir parte del incremento en el coste de la energía y limitar su impacto sobre los hogares y empresas. Dentro de las medidas anunciadas por el Gobierno, la más importante para controlar la inflación es la propuesta de fijación de un precio de referencia del gas que se utiliza para la producción de electricidad. A falta de saber los detalles, el resultado final deberá garantizar una transición corta hacia una reforma de largo plazo, que aumente las interconexiones y la competencia en Europa, con menores barreras de entrada al mercado, manteniendo la seguridad jurídica y con un coste reducido para las finanzas públicas. Además, se ha avanzado en el llamado “pacto de rentas”, incluyendo a los arrendatarios. El límite a la revalorización de los alquileres puede permanecer un largo período de tiempo si la inflación se mantiene por encima del 2% y, por lo tanto, tener efectos perniciosos sobre la oferta de vivienda.
El límite a la revalorización de los alquileres puede permanecer un largo período de tiempo
Adicionalmente, las petroleras contribuirán con una rebaja de 5 céntimos de euro en el precio del combustible, a la que el Gobierno sumará otros 15 céntimos de euro. La medida va en dirección contraria a la de promover una fiscalidad progresiva, reducir el consumo de combustibles fósiles, mejorar su uso eficiente y promover la transición hacia las fuentes de energía renovables.
AYUDAS A EMPRESAS
Por otro lado, y en línea con las medidas laborales aprobadas hace dos años, el Gobierno ha condicionado las ayudas a las empresas durante la presente crisis a que no se destruya empleo. «Esto puede ser positivo si las dificultades son temporales, pero resta flexibilidad si la subida de precios energéticos se vuelve estructural. Asimismo, se echan en falta medidas que protejan a los trabajadores por cuenta propia en esta situación», dice BBVA Research.
La nueva línea de avales ICO de liquidez por 10.000 millones es una medida positiva,
La creación de una nueva línea de avales ICO de liquidez por 10.000 millones de euros es una medida positiva, aunque se produce en un entorno donde todavía están disponibles fondos de la última línea ICO aprobada durante la pandemia. La extensión de plazos de carencia a empresas que ya habían solicitado créditos con aval público atenuará los efectos de la situación actual, pero puede mantener empresas inviables en algunos casos y podría implicar la constitución de provisiones para estos préstamos (que no amortizan capital desde hace más de dos años).
PREVISIONES ESPAÑA
El servicio de estudios de BBVA ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento del PIB español hasta el 4,1% en 2022 y el 3,3% en 2023, desde el 5,5% y el 4,9% anterior. Las razones incluyen el impacto de la invasión de Ucrania, las sanciones impuestas a la economía rusa y el incremento en los precios, sobre todo los combustibles y la electricidad, durante los últimos meses, tal y como indica el último informe ‘Situación España’, presentado por el director de BBVA Research y economista jefe de BBVA; el responsable de Análisis Económico del banco, Rafael Doménech, y el economista jefe para España, Miguel Cardoso.
