La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acceso directo a la medida de consumo de los contadores eléctricos, con el fin de evitar que se repitan en este año los retrasos de facturación de 2021.
En un comunicado, la asociación, de la que forman parte Acciona, Repsol, Total, Engie o Feníe Energía, entre otros, propone así establecer la lectura de los contadores a favor de los comercializadores, de manera que los distribuidores tengan un papel revisor de la lectura.
En este sentido, considera que esta medida permitiría reducir la dependencia de los distribuidores «que lastran la facturación y limitan el margen de gestión propia de las comercializadoras en perjuicio de los consumidores, tal y como ha quedado de manifiesto en 2021».
Asimismo, ACIE insiste en la necesidad de constituir «más pronto que tarde» un ‘hub’ de datos en el Sistema de Información de Medidas Eléctricas (SIMEL) para los comercializadores, que les permita tener acceso a las medidas «de forma centralizada, transparente y neutral, ajeno a la acción unilateral de las distribuidoras».
En todo caso, la asociación plantea «agilizar» el envío de la medida al SIMEL o a los comercializadores, sin que superen las 24 horas desde la hora de consumo, y permitir que las comercializadoras realicen estimaciones de medida, en tanto las distribuidoras envíen la medida y/o factura de Acceso de Terceros a la Red (ATR) en los plazos mínimos de lectura real vigentes.
Así, estima que estas propuestas vendrían a subsanar lo que desde la Audiencia Provincial de A Coruña ha calificado como «conducta abusiva de las distribuidoras» en cuanto a las prácticas realizadas en torno a la lectura de medidas de consumo y facturas de peaje y suministro.
LA MISMA REBAJA FISCAL PARA EL GAS
Por otra parte, ACIE defiende aplicar la misma rebaja fiscal al suministro de gas natural que a la electricidad. En este sentido, ven «imprescindible evitar la anomalía impositiva» actual que obliga a las comercializadoras a abonar el 21% a las distribuidoras, mientras se recauda un 10% de IVA a los consumidores, «generando un innecesario estrés de caja a las comercializadoras en un momento especialmente sensible».
Finalmente, advierte de que la falta de regulación de la subasta de 15.830,08 gigavatios hora (GWh) «ha impedido de forma injustificada a los comercializadores comprar a mejores precios y, por tanto, mitigar el impacto de la escalada de precio».
Por ello, han solicitado al Ministerio conocer «cuáles son las siguientes medidas previstas para aliviar la carga de los comercializadores independientes».
