El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha pedido a Bruselas y a los gobiernos europeos que pongan más derechos de CO2 en el mercado mientras no haya mecanismos de ajuste en frontera y dure la tensión en los precios de la electricidad.
«Hay que hacerlo para bajar los precios del CO2 e ir en contra de la especulación con esos derechos, y eso se puede hacer de forma inmediata», ha señalado Imaz durante su intervención en el VI Foro de Energía organizado por ‘El Economista’.
El precio del gas se ha disparado un 500% y el precio de los derechos de emisión de CO2 también han subido como la espuma este año. España no tiene gas, por lo que depende de las importaciones, sobre todo de Argelia y Rusia.
El problema es que nunca antes había existido una competencia tan feroz entre Europa y Asia para atraer las cargas de gas natural licuado (GNL) mundial. China y Japón están consumiendo gas a unos niveles nunca antes conocidos y eso hace que, ante la mayor demanda, los precios se disparen. Y consumir más gas supone incrementar el gasto en derechos de emisión de CO2.
En este sentido, el CEO de Repsol ha advertido de que hay inversores y especuladores, conscientes de la estrategia de la Comisión Europea de avanzar más rápido en los objetivos de descarbonización que el resto del mundo, que se están posicionando en el mercado de CO2, «y eso está haciendo que el consumidor eléctrico esté pagando lo que paga en la actualidad».
«No podemos pensar que Europa va a correr indefinidamente y el resto del mundo no. Estos precios del CO2 tienen consecuencias en el consumidor y en la competitividad industrial», ha alertado, explicando que la producción se traslada a China, Turquía o India, donde no existen esos límites de emisiones.
A su juicio, estas políticas están conllevando un mayor coste para consumidor, una pérdida de competitividad y un aumento de la huella de CO2 en el mundo.
Imaz ha arrancado su intervención reflexionando sobre quién va a pagar la factura de la transición energética. «¿Cuánto cuesta esto? La factura de la transición la están pagando los consumidores y la competitividad de la industria. Hay un elefante muy grande en la habitación», ha advertido.
También se ha preguntado por qué se asocia descarbonización con electrificación, cuando la electricidad, cuyas ventajas no ha puesto en duda, no tiene aún una solución para el transporte aéreo o marítimo o producción intensiva, como la siderúrgica. Los consumidores electrointensivos, de enorme peso en la economía del país, necesitan respuestas.
EL MOTOR DE COMBUSTIÓN PERVIVIRÁ A 2035
En su opinión, el motor de combustión «debe tener más vida», y se ha mostrado convencido de que en 2035, fecha límite para la venta de vehículos de combustión en Europa, seguirá habiendo motores de este tipo. En este punto se ha hecho eco de las palabras pronunciadas en el salón de Múnich por el CEO de Renault, Luca de Meo, advirtiendo de que el dogmatismo en este ámbito puede ocasionar muchos problemas a la industria de la automoción.
Por ello, ha reclamado una descarbonización que contemple todas las tecnologías y con el precio como elemento de competitividad. «Tenemos que hacer una transición justa en la que todas las tecnologías puedan jugar su papel y que los consumidores paguen precios adecuados», ha dicho.
NO AL FONDO DE SOSTENIBILIDAD
Asimismo, ha advertido de que si se aprueba el Fondo de Sostenibilidad anunciado por el Gobierno para que todas las tecnologías sufraguen el coste de las renovables, habrá tres problemas en vez de dos: el coste de la electricidad, el coste del gas y el coste de las gasolinas, dado que los operadores repercutirán a los consumidores el coste de dicho fondo.
En este sentido, ha advertido de que este fondo va en contra de la visión de la España más vaciada, ya que afectará especialmente a comunidades autónomas del interior como Castilla y León, Navarra o La Rioja, entre otras.
Por último, ha recordado que el coste la descarbonización ya lo está pagando el que llena el depósito de su coche a través del Impuesto de Hidrocarburos.
