Del PP al PSOE; de Mariano Rajoy a Pedro Sánchez; de Román Escolano a Nadia Calviño. La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero sigue sin ver la luz, pero en el Gobierno vuelven a ver opciones de que se obre el milagro y este proyecto salga adelante, aunque sea mucho más tarde de lo que se pensaba. Los supervisores, las patronales y las asociaciones de consumidores están a la expectativa de los pasos que dé el Ministerio de Economía. Todos miran a Calviño.
El Gobierno ha vuelto a poner en el mapa la la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero y con ello, los supervisores, las patronales, las entidades y las organizaciones en defensa de los consumidores están de nuevo a la expectativa.
RESOLVER CONFLICTOS
La pelota sigue en el tejado de la ministra de Economía, Nadia Calviño. La idea del Ministerio de Economía es que la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero sirva para desjudicializar los conflictos por productos y servicios financieros.
La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero tiene previsto ocuparse de dirimir las reclamaciones sobre todo tipo de productos financieros (créditos, seguros, inversión, tarjetas, etcétera), asumiendo las competencias que actualmente ejercen los departamentos de reclamaciones del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la dirección General de Seguros y Planes de Pensiones, pero con capacidad para imponer sus resoluciones.
El carácter no vinculante de los departamentos de reclamaciones de los tres organismos supervisores hace, de hecho, que las entidades desoigan en muchas ocasiones sus fallos, provocando que muchos casos acaben en los tribunales. Esto es lo que quiere atajar el Ejecutivo, entre otras cosas.
EXIGENCIA DE BRUSELAS
La necesidad de poner en funcionamiento esta especie de defensor del cliente financiero no es una ocurrencia del Gobierno de España. Es una exigencia de Bruselas que España va a incorporar tarde a la legislación nacional. De hecho, se deriva de una normativa europea de 2013 de resolución extrajudicial de litigios en materia de consumo que los países miembros tenían que haber incorporado a la legislación nacional el 9 de julio de 2015 como tarde. Dos Gobiernos después –con moción de censura de Pedro Sánchez incluida- aún no sale adelante.
Pese al retraso, las palabras procedentes del Ejecutivo hacen que los ojos del mercado financiero, de los usuarios y de los supervisores se han puesto de nuevo en el Ministerio de Economía. Esto es así merced a que el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha avanzado que el departamento que lidera desea sacar a audiencia pública “antes del verano” la regulación que creará la futura Autoridad de defensa del cliente financiero, llamada a resolver disputas entre clientes y entidades financieras.
PROTECCIÓN DEL USUARIO
García Andrés explicó en su primera comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y de Transformación Digital en el Congreso de los Diputados, que es una ley que “va a redundar en más protección del cliente financiero porque los ciudadanos, a partir de esta ley, van a poder disponer de un mecanismo alternativo a la vía judicial para poder hacer valer sus derechos en las controversias puedan surgir con entidades financieras”.
En relación con este tema, fuentes de la CECA señalaron que entienden que «en algún momento ha de retomar porque está en cola desde hace bastante tiempo, pero no sabemos de plazos que barajan”.
Mientras que desde Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) están a la expectativa, pero dicen que ellos “no tienen novedades”. Con estas tres palabras “no tenemos novedades”, se desliza que el Gobierno no se ha puesto por ahora en comunicación con ellos para hablar del tema de la audiencia pública.
Por ahora lo que se sabe es que el Ejecutivo quiere elevarlo a consulta pública, esto es: que las entidades financieras y las asociaciones den su opinión. Una vez elevado a consulta pública, lo aprobará el Consejo de Ministros y después se remitirá a las Cortes Generales.
La idea que se maneja es que Las Cortes le den luz verde el año que viene debido a los plazos de los trámites legislativos que es necesario cumplir. “La complejidad y el coste presupuestario de poner una nueva institución en marcha, con todo, pueden provocar que no entre en funcionamiento antes de 2023, según señalaron a El Periódico fuentes conocedoras de la evolución de los trabajos.
LOS SUPERVISORES
Sobre el papel, la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero asumirá el rol de supervisor de cara a las reclamaciones de los clientes y esta posición causa suspicacias tanto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Estos dos supervisores se vienen mostrando a favor del modelo conocido como «Twin Peaks», que en el caso español tendría al Banco de España encargado de vigilar la solvencia de las entidades y la CNMV encargada de controlar la conducta se ocuparía de controlar la conducta de los mercados y defensa del cliente de servicios financieros.
“En España tenemos un modelo sectorial (con un supervisor para banca, otro para el mercado de valores y servicios de inversión y un tercero para seguros y fondos de pensiones). La realidad es que este esquema no aborda correctamente la creciente interconexión entre los tres subsectores y los conflictos que se pueden presentar entre los objetivos de solvencia y conducta”, señaló en una reciente comparecencia en Congreso el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura.
EL GOBERNADOR
Por su parte, el Gobernador del Banco de España, Pablo Hérnández de Cos, comparte la visión de Buenaventura. Sostiene que este sistema de supervisor separado por tareas y no por sectores como ocurre ahora -el Banco de España supervisa la banca; la CNMV, a las firmas de inversión y la Dirección General de Seguros, al mundo asegurador-, ayudaría a “mejorar la eficiencia y la eficacia de la actividad supervisora”, cuando se tiende a crear grandes conglomerados financieros, y podrían aprovecharse “evidentes sinergias en la supervisión conjunta”.
Frente al modelo actual que hay en España, Buenaventura apunta que están otros como el de supervisor único o integrado o el modelo conocido como «twin peaks», diseñado en torno a un supervisor de la solvencia de las entidades y otro de las normas de conducta de los agentes. «Es el modelo vigente desde hace tiempo en varios países debido a su solidez conceptual y a que previene mejor los potenciales conflictos de interés que antes he mencionado entre los objetivos de solvencia y conducta”, manifestó.
MÁS OPINIONES
Más allá en este tema fue el antecesor de Buenaventura en el cargo, Sebastián Albella, quien en noviembre de 2018 afirmó que lo «ideal», ha defendido, es que esa nueva institución se fuese a crear dentro de la CNMV y no como un ente independiente, tal y como prevé el Ejecutivo.
Fuentes de la actual CNMV han sido preguntadas por MERCA2 a este respecto y su respuesta fue echar balones fuera: “Es una decisión que corresponde al Gobierno”, zanjaron.
