La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que el déficit público cerró 2020 conforme a la estimación prevista de «en torno al 11,3% del PIB», con una caída de los ingresos públicos próxima al 7,6% como consecuencia de la crisis del Covid.
Así lo ha señalado Montero en una entrevista en la que ha señalado que aunque el Ejecutivo trabajará por la consolidación fiscal, continuará con políticas «anticíclicas» y confía en contar con unos Presupuestos de nuevo «expansivos» en 2022, postergando el plan de ajuste a cuando haya recuperación y «lo exija la Comisión Europea».
La titular de Hacienda ha afirmado que las cifras previstas por el Gobierno de déficit público y caída de recaudación se situarán en los entornos estimados, si bien a lo largo del mes de enero se tendrá una aproximación más clara, una vez se cierre la contabilidad y las comunidades autónomas y entidades locales informen sobre sus finanzas públicas.
Montero ha subrayado que el Gobierno «nunca» ha abandonado la senda de consolidación fiscal y ha recordado que para el año 2021 está prevista la mayor caída en términos de porcentaje de déficit registrada en un solo ejercicio, de en torno a 3 puntos, pasando del 11,3% del PIB al 7,7% del PIB, tras haber sido «prudentes» en la elaboración de las cuentas públicas.
«Todas las administraciones tienen que tener presente el ir en una curva descendente, pero nos tiene que acompañar la situación económica», ha indicado Montero, para asegurar que el Ejecutivo no repetirá los «errores» del pasado implementando políticas de recortes que se tradujeron en desigualdad.
Por ello, ha explicado que la hoja de ruta es seguir estimulando el crecimiento con una política «anticíclica» para «no dejar a nadie atrás» y mantener el tejido productivo y los empleos, al tiempo que se acomete una revisión del gasto público para que sea más eficiente.
De hecho, ha dicho esperar que los Presupuestos del ejercicio 2022 sean también «expansivos», como los de este año, aunque ha recordado que por ahora la Comisión Europea no ha anunciado ningún compromiso al respecto de una posible nueva suspensión de las reglas fiscales ese año.
De esta forma, ha aplazado el plan de reequilibrio cuyo diseño vienen demandando instituciones como la AIReF o el Banco de España a cuando «las circunstancias económicas así lo aconsejen y cuando Bruselas lo plantee», con el fin de continuar con la senda de consolidación fiscal. «Tiempo habrá», ha dicho.
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA: AVANZA HORQUILLAS «RAZONABLES NO IDÉNTICAS»
La portavoz del Gobierno se ha referido también a la reforma del sistema de financiación autonómica, que será una «prioridad» del Gobierno para 2021 y cuyos trabajos podrían iniciarse a partir del mes de febrero, con el fin de abordar la «infrafinanciación» de algunas regiones, pero ha avisado de que el Ejecutivo garantizará cierta «armonización» fiscal para garantizar unos recursos por habitantes suficientes que permitan una buena provisión de servicios públicos.
Así, ha asegurado que el sistema será «justo» con todos los territorios, si bien ha apostillado que «nunca» un sistema de financiación puede responder en su totalidad al requerimiento de un territorio en concreto, porque iría en detrimento de otro, por lo que hay que buscar un «común denominador» para que «todos» reciban recursos adecuados y «no convertir el debate de la financiación autonómica en uno de agravios territoriales».
En ese punto, ha denunciado las «campañas interesadas de cuestionamiento» de determinadas figuras tributarias, como Sucesiones y Donaciones o Patrimonio para deteriorarlas en la percepción social «casualmente» cuando esas figuras están vinculadas a la riqueza y «curiosamente» cuando afecta a un menor volumen de ciudadanos, utilizando «falsedades» como que se paga dos veces por el mismo hecho imponible.
A su juicio, España y la sociedad necesitan una «reflexión» sobre las figuras tributarias más adecuadas para gravar la riqueza, por lo que ha abogado por «legitimar aquello que permite ser más iguales» y por preservar la justicia fiscal.
A expensas de contar con la opinión del comité de expertos que designará el Gobierno para evaluar el sistema tributario y acometer la reforma fiscal en profundidad, ha vuelto a defender que «no tiene sentido» que figuras como Sucesiones y Donaciones registren una diferencia «tan obvia» respecto a otros territorios.
En este sentido, ha adelantado que se establecerán «horquillas razonables», pero no «idénticas ni absolutamente miméticas», para lograr un «Estado de bienestar razonable respetando la autonomía de cada comunidad».
En su opinión, el «equilibrio» se rompió cuando algunas comunidades dejaron «prácticamente nulas» figuras tributarias como Patrimonio o Sucesiones, en referencia a la Comunidad de Madrid, lo que dejó estos tributos como algo «testimonial» y provocó una «suerte de desequilibrio en el resto de CCAA.
Estas, «con menos capacidad recaudatoria por una menor renta por habitante o por no tener sedes fiscales, se ven obligadas para tener una misma recaudación se ven obligadas a subir mucho la presión fiscal o a renunciar a un volumen de recursos para que no se vayan a otras capitales o poder fidelizar a sus habitantes», ha añadido.
En cualquier caso, ha aclarado que «no se trata de ir contra nadie» sino de «reflexionar» para alcanzar un acuerdo en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica y que el rendimiento de esas figuras u «otras que puedan sustituirlas» sea el que se espera y no que algunos aprovechen la caída por tener una situación de «ventaja» respecto a otras zonas.
«Intentar hacer de la política fiscal una política diferenciadora de agresión al Gobierno no tiene ningún sentido», ha agregado, defendiendo el principio constitucional de que «cada uno recibe según su necesidad en forma de servicios, pero contribuye según su capacidad», algo que «no depende solo del trabajo y las rentas del trabajo, sino de lo que se hereda u obtiene por el simple hecho de haber nacido en una situación ventajosa». Descarta, por tanto, la supresión del Impuesto de Patrimonio.
VARIACIÓN DEL SMI, EN EL SEGUNDO SEMESTRE
Por otra parte, sobre el Salario Mínimo Interprofesional, que el Gobierno ha mantenido en 950 euros para 2021, ha indicado que el Ejecutivo habría legislado con arreglo a lo que se hubiese acordado en el marco del diálogo social, tal y como se hará en el segundo semestre.
La portavoz del Gobierno ha indicado que el primer trimestre del año será aún de «sufrimiento» hasta que se llegue a una cobertura poblacional suficiente con la vacuna contra el Covid, pero ha apuntado que se seguirá con el diálogo social, y «una vez pase el primer semestre» habrá una situación «más estable» para valorar los indicadores que marquen en qué medida se actualiza el SMI.
Tras aprobar un paquete de más de 4.200 millones para afrontar el «importante» daño del tejido productivo, especialmente para hoteles, restaurantes o comercios, ha abogado por «ser prudentes y cautelosos y darse el primer semestre para poder evaluar las cosas en el marco del diálogo social con mucho mejor criterio que el de ahora».
