El Ministerio de Hacienda prevé culminar en 2021 la tramitación de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, avanzará en la reforma en profundidad del sistema fiscal con la formación de un grupo de trabajo para analizar el sistema y también en la reforma del sistema de financiación autonómica.
Estos son algunos de los principales objetivos para el nuevo ejercicio del Ministerio de Hacienda, que destaca que ha logrado en el primer año de legislatura cumplir una parte «significativa» de los compromisos del Gobierno que competen a su departamento, según el balance que recoge el informe ‘Cumpliendo’, un documento presentado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que evalúa el grado de cumplimiento de las promesas realizadas por el Ejecutivo.
Entre las medidas previstas para 2021, cita culminar la tramitación de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, una normativa que, entre otras iniciativas, incluye la prohibición del uso del software de doble uso, un mayor control de las criptomonedas, la ampliación de la lista de morosos de la Agencia Tributaria o la prohibición por ley de las amnistías fiscales.
También se avanzará en la reforma en profundidad del sistema fiscal con la formación de un grupo de trabajo que deberá analizar esta materia con el objetivo de conseguir un sistema tributario «más progresivo y redistributivo» siguiendo la estrategia de que es necesaria una mayor «justicia fiscal» para una mayor justicia social.
Además, el Gobierno tiene el compromiso de avanzar hacia una reforma del sistema de financiación autonómica que blinde el Estado de bienestar y nutra a las autonomías de recursos suficientes para atender sus necesidades de gasto.
LOS PRESUPUESTOS, EL PRINCIPAL OBJETIVO CUMPLIDO EN 2020
El departamento dirigido por María Jesús Montero destaca que ha logrado en 2020 «logros fundamentales» como la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales después de dos años de prórrogas presupuestarias que «permitirán la reconstrucción social y económica del país tras la pandemia».
Según Hacienda, los PGE «deben ser el motor de la recuperación tras la crisis provocada por la COVID-19 y que muestran la voluntad y capacidad de diálogo del Gobierno», tras haber conseguido para las nuevas cuentas el mayor apoyo político en democracia, con el respaldo de 14 formaciones..
Los Presupuestos tienen como objetivo fortalecer y blindar el Estado del bienestar mediante el mayor gasto social de la historia con 239.765 millones de euros, con mayores partidas para la sanidad, pensiones, dependencia, becas al estudio o lucha contra la pobreza infantil con el fin de potenciar los servicios públicos y «no dejar a nadie atrás».
De igual forma, permitirán vehicular los 27.000 millones que España recibirá procedentes de los fondos europeos de recuperación para avanzar en la modernización y transformación del modelo productivo mediante la transformación energética, la digitalización, la cohesión social y territorial y la igualdad.
Hacienda valora que ha sido «clave» este año avanzar hacia un sistema tributario «más justo y redistributivo» adaptado a la fiscalidad del siglo XXI o la suspensión de las reglas fiscales que ha permitido a comunidades autónomas y entidades locales el «margen presupuestario necesario para prestar servicios públicos de calidad a los ciudadanos en un contexto de emergencia sanitaria».
Asimismo, cita como otras iniciativas de «gran calado» que ya ha puesto en marcha y están en un estado muy avanzado como la Ley de lucha contra el fraude fiscal que pretende combatir la economía sumergida, así como las prácticas más complejas de elusión fiscal de las multinacionales.
En materia fiscal, subraya que ha aprobado el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como ‘tasa Google’, que afectará a compañías con una facturación mundial de 750 millones y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España.
Igualmente, ha dado luz verde al Impuesto sobre Transacciones Financieras, conocido como ‘tasa Tobin’, que grava las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros.
