El Gobierno destinó más de 110 millones de euros para 99 proyectos destinados a la reactivación de municipios mineros en 2020, en el marco de la creación de un Instituto para la Transición Justa y la aprobación de la Estrategia de Transición Justa, que tiene como objeto el impulso de la reactivación de las comarcas mineras y la adaptación de los territorios afectados por las nuevas realidades derivadas de los procesos de transformación y cierre de centrales térmicas de carbón y nucleares.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha destacado esta cifra en un comunicado donde ha resaltado el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos desde la investidura y a lo largo de la legislatura, según recoge el informe ‘Cumpliendo’ realizado ayer por el Gobierno.
Entre los principales acuerdos alcanzados en materia de transición energética, el Ministerio ha destacado los acuerdos con sindicatos y empresas eléctricas. Asimismo, el Ministerio ha indicado que el instituto también ha lanzado los procesos participativos para 11 convenios de transición justa, de los cuales 10 han sido afectados por cierres de minas y centrales de carbón y el primer protocolo para un convenio de transición justa en una zona afectada por el cierre de una central nuclear.
El Ministerio también ha destacado la aprobación en 2020 de la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo, que pone de relieve la importancia del reto demográfico en la frontera con Portugal, donde ya se han identificado acciones prioritarias.
EMISIONES NETAS CERO EN 2050
Por otra parte, el Ministerio ha subrayado «el compromiso de llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050″, así como definir la senda de descarbonización a largo plazo, aprobar el segundo Plan Nacional de adaptación al cambio climático, impulsar la transformación del modelo industrial a través de convenios de transición justa y reforzar los mecanismos de participación ya existentes con una asamblea ciudadana del cambio climático.
«Todos ellos se han cumplido en este primer año de legislatura, a excepción de la Asamblea Ciudadana, que se ha tenido que posponer por la pandemia sanitaria», ha indicado el comunicado.
Entre otros puntos, la cartera de transición ecológica ha resaltado la aprobación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2021-2030, que también fue remitida a Bruselas el pasado mes de marzo. En mayo, el Consejo de Ministros remitió a las Cortes el proyecto de Ley de Cambio Climático de Transición Energética.
El Ministerio ha apuntado que estas referencias, en el actual contexto de reactivación económica, «posicionan a España y nos permiten oportunidades que abre la transición ecológica en términos de modernización de la economía, de una nueva reindustrializaicón, de generación de empleo y de atracción de inversiones.
De su lado, ha destacado la aprobación de la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo en noviembre.
ECONOMÍA CIRCULAR Y GESTIÓN DE RESIDUOS
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha puesto de relieve la aprobación de la Estrategia Española de Economía Circular (España Circular 2030), que sienta las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo que mejore la eficiencia en el empleo de recursos, refuerce la competitividad de la economía española y favorezca la creación de empleo.
También ha resaltado el inicio de la tramitación del Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que abordará una revisión integral de la gestión de residuos y limitará el uso de plásticos de un solo uso.
LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA
Por último, el Gobierno ha recordado la prohibición del corte de suministros a todos los consumidores durante el primer estado de alarma declarado en marzo como consecuencia de la pandemia de Covid-19, medida que se aplicó hasta el 30 de septiembre, así como la adopción de medidas en el ámbito energético dirigidas a empresas, pymes y trabajadores autónomos.
El Ministerio ha añadido que desde el pasado 1 de octubre está en vigor un nuevo supuesto del bono social eléctrico para proteger a los consumidores vulnerables que permite acelerar y anticipar el reconocimiento de vulnerabilidad a los afectados por esta crisis. Además, ha destacado que en el actual estado de alarma, ha ampliado la prohibición de cortes de suministro de electricidad, gas natural y agua a todos los consumidores vulnerables.
