Las reglas de la Unión Europea impiden a los Estados miembros aplicar un tipo reducido a las mascarillas, pero la Comisión Europea no abrirá un expediente a aquellos países que aprueben reformas en este sentido porque los socios comunitarios tienen en sus manos desde hace cuatro años una propuesta que daría más libertad a la capitales en la aplicación de este gravamen.
La normativa actual contempla una lista de productos a los que se les puede aplicar un IVA reducido o superreducido y en ella se incluye una categoría para productos farmacéuticos. Según un portavoz comunitario, las mascarillas no entrarían dentro de este grupo de productos.
Sin embargo, el Ejecutivo comunitario no actuará contra los países que apliquen a partir de ahora un IVA reducido a las mascarillas, cuyo uso se ha disparado a raíz de la pandemia de Covid-19 y que en muchos casos es obligatorio.
Bruselas avanzó en 2016 que no abriría procedimientos de infracción por comportamientos contrarios a las normativas comunitarias en aquellos casos en los que exista una propuesta legislativa pendiente de aprobar que avalaría dicha reforma.
En dicho documento, el Ejecutivo comunitario avanzó su renuncia a iniciar infracciones que «estén en contradicción con la línea adoptada» por una propuesta legislativa presentada por el colegio de comisarios.
Y este es el caso de la directiva que rige el IVA en el bloque. La Comisión Europea planteó en abril de 2016 una reforma que prevé una mayor flexibilidad para que las capitales apliquen el IVA reducido a los productos que deseen. Es decir, de ser aprobada, eliminaría la lista armonizada de productos que pueden disfrutar de un tipo inferior al general.
Como todas las propuestas legislativas en materia fiscal, la reforma comunitaria del IVA debe recibir el visto bueno de todos los Estados miembros, algo muy complicado de conseguir, y por eso no ha sido todavía aprobada.
El portavoz comunitario ha enfatizado que esta reforma permitiría incluso aplicar un tipo cero o nulo a los bienes sanitarios y ha mostrado su confianza en que los Estados miembros «sean capaces de pactar pronto» la reforma.
