España fue el estado miembro de la UE en el que se detectaron más irregularidades en el manejo de los fondos europeos agrícolas y estructurales en los últimos cuatro años, el 22,7 por ciento del total de casos de la Unión, según el informe anual publicado por la Oficina Antifraude Europea (OLAF).
En concreto, la agencia detectó 11.029 irregularidades en España relacionadas con la gestión de los fondos de Cohesión y de la Política Agrícola Común (PAC) entre los años 2015 y 2019, con un impacto sobre el 2,7 por ciento de los fondos recibidos, aunque solo se concluyeron cuatro investigaciones, un número relativamente bajo.
España lidera este apartado muy por delante de Polonia y Rumanía, donde se hallaron 5.017 y 4.968 fraudes, respectivamente. En el lado opuesto se encuentran Luxemburgo, 2 irregularidades, Chipre, 55, y los países nórdicos: Suecia con 125, Dinamarca con 122 y Finlandia con 155, que son los socios comunitarios con menos irregularidades detectadas por la agencia antifraude en la gestión de estos fondos.
El informe anual revela que en el área de recursos propios tradicionales del bloque (derechos de aduana, derechos agrícolas y cotización del azúcar) España fue el cuarto país donde se detectaron más irregularidades, con 1.286, por detrás de Alemania, 7.434; Reino Unido, 4.108 y Países Bajos, 2.298.
FONDOS Y JUICIOS ABIERTOS
Todos estos datos vienen recogidos en el informe anual de la OLAF presentado este jueves, que el año pasado recomendó a las autoridades nacionales y comunitarias que recuperaran 485 millones de euros desviados del presupuesto europeo.
Durante 2019, la agencia europea abrió nuevas 223 investigaciones y concluyó otras 181 sobre fraudes en la Unión y, además, emitió 254 recomendaciones para las autoridades nacionales y de la UE.
Sobre la acción judicial derivada de la acción de la OLAF, entre 2015 y 2019, se llevaron 178 casos ante los órganos de justicias nacionales, aunque solo 69 de ellos acabaron con el procesamiento de sus responsables, esto es el 36 por ciento del total.
