Airbnb seduce a la justicia europea y enfría su enfrentamiento con el Viejo Continente. En lo que llevamos de 2020, la startup ha respaldado la creación de «un regulador de la Unión Europea (UE) para los servicios digitales» y, junto a 3 plataformas online más, ha acordado compartir con Comisión Europea los datos sobre la actividad registrada en sus apartamentos. Parece que con ambas decisiones la empresa americana quiere dar una tregua a la confrontación directa que guarda con varias ciudades europeas, como Ámsterdam, Barcelona, Berlín, Valencia o París.
A principios de año, la compañía alentó la propuesta de modificación de la Directiva de Comercio Electrónico sobre la inclusión de un nuevo organismo para que empresas, gobiernos y ciudades salgan beneficiados en próximas regulaciones. La proposición se produjo después de que 22 ayuntamientos europeos reclamaran a la UE que regularizase la actividad de las plataformas de alquiler turístico.
La puesta en marcha de este proyecto proporcionaría tanto a los responsables políticos como a los soportes web la orientación necesaria para apoyar el desarrollo de una reglamentación sólida y efectiva.
Recientemente, Airbnb ha vuelto dar un paso adelante en su relación con Europa. Los de Brian Chesky son una de las cuatro plataformas de alquiler de casas para turistas (Airbnb, Booking, Expedia Group y Tripadvisor) que han acordado compartir con la Comisión Europea datos transaccionales, como nombres de clientes o número de pernoctaciones. De esta forma, el Eurostat, la oficina estadística de la institución, podrá realizar un censo actualizado con el peso de cada uno de los actores por países.
«Este acuerdo histórico ayudará a garantizar que las ciudades tengan la información que necesitan para regular el home sharing de manera efectiva», aseguró el vicepresidente senior de política global de Airbnb, Chris Lehane.
FANTASMAS DEL PASADO
Son unas cuantas ciudades europeas que ya han intentado terminar con la startup. Como en 2017, cuando Ada Colau, actual alcaldesa de Barcelona, aprobó el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos con el fin de comerle terreno a Airbnb. Consecuentemente, en 2019, la empresa tuvo que retirar 1.000 viviendas de la Ciudad Condal.
En 2018, Barcelona también volvió a la carga. En este caso, el ayuntamiento de Barcelona pidió a la plataforma que retirase otros 2.577 pisos turísticos ilegales para que la plataforma limpiase su web de anuncios irregulares.
Peor suerte le corrió París para sus intereses. En el pasado año, el país vecino acusó a los norteamericanos de no disfrutar de la tarjeta para operar en el mercado del ladrillo galo, además de incumplir la Ley Hoguet, que se encarga de organizar las actividades inmobiliarias del país. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió a favor de la compañía de alojamiento turístico, manteniendo que es un servicio de la sociedad de la información y que no se debe regir a las normas que se aplican a los agentes inmobiliarios.
