Airbnb guarda una especie de dualidad entre agente inmobiliario y plataforma online de alquileres a corto plazo que no acaba de definirse y que ha provocado la indignación de sus máximos competidores, las hoteleras, y de la justicia europea. Todo ello ha desencadenado en un enfrentamiento directo en el que, hasta ahora, la startup siempre ha salido victoriosa. Francia, que ha sido la última en tomar acciones legales, se ha unido a lista de denunciantes del Viejo Continente, en la que también aparecen Ámsterdam, Berlín o Cataluña, y que tienen entre ceja y ceja a la organización americana.
El pasado jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió a favor de la empresa de alojamiento turístico la demanda interpuesta por lobby hotelero francés AHTOP. La asociación acusó a los norteamericanos de incumplir la Ley Hoguet, que se encarga de regular las actividades inmobiliarias del país.
El juzgado europeo mantiene que la plataforma digital es un servicio de la sociedad de la información porque, entre otras razones, la web no fija los precios de los alquileres. Y por ello, no debe regularse según las normas que se aplican a los agentes inmobiliarios.
La victoria legal de Airbnb y el espaldarazo del tribunal hará más difícil que las grandes ciudades regulen su actividad, como han intentado ya Ámsterdam y Berlín.
Tras conocerse la noticia, Nathan Blecharczyk, uno de los fundadores de la plataforma digital de alojamientos turísticos, se comunicó con los alcaldes de ciudades Europa para reafirmar su compromiso de colaboración.
Aunque no es la primera vez que la justicia protege a los de Brian Chesky. En 2014, la Generalitat la denunció por anunciar viviendas para turistas sin licencia de piso turístico, lo que la Ley de Turismo de Cataluña califica de infracción muy grave.
Pero no fue hasta 2016, cuando el supremo contencioso-administrativo de Barcelona anuló la multa, que ya había sido abonada, al considerar que existía un vacío legal sobre la actividad del portal de alquileres turísticos.
BARCELONA PONE EL PUNTO DE MIRA EN AIRBNB
La plataforma ha utilizado Barcelona como una de las principales ciudades del mundo para ofrecer sus pisos o habitaciones. Por ello, la capital catalana se ha puesto manos a la obra y pretende borrarla del mapa.
En enero de 2017, Ada Colau, actual alcaldesa de la Ciudad Condal, se propuso poner fin con la aprobación del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos. En este mismo curso, la empresa ya retiró 1.000 viviendas de la ciudad.
El siguiente capítulo se produjo un año después. El ayuntamiento de Barcelona pidió a Airbnb que retirase otros 2.577 pisos turísticos ilegales, con la intención de que la plataforma «deje a cero» los irregulares publicados en su web. Y en diciembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligó a la compañía a retirar 12.000 apartamentos más. Toda esta traca de restricciones provocó que en 2018 Barcelona fuese la capital europea donde menos creció Airbnb, situándose en un 15% su progresión.
