A falta de nueve días para que los socios que dirigen la central nuclear de Almaraz tomen la decisión sobre su futuro, por fin se han puesto de acuerdo entre Endesa, Iberdrola y Naturgy para ampliar la vida útil de central y en qué condiciones hacerlo.
Y es que este mismo jueves todavía estaba todo en el aire. Pero por fin han llegado a un consenso para garantizar el futuro de la central que, este mismo viernes, deberán ratificar en una asamblea convocada.
No obstante, tan solo se trata de la punta del iceberg de un conflicto que promete muchas “semanas calientes” hasta que en el año 2035 se cierre la última central. Este acuerdo solo es un pequeño bache sorteado. La realidad para Endesa, por ejemplo, es que su actividad de generación eléctrica se ve muy condicionada por el uso de la tecnología nuclear, mientras que Iberdrola y Naturgy salvan este escollo con sus alternativas de ciclos combinados.
Endesa e Iberdrola han llegado a un acuerdo, pero aquí no se acaba el sainte
Por otra parte, hay un asunto capital que preocupa, sobre todo, a las compañías de José Bogas e Ignacio Sánchez Galán, y no tanto a la de Francisco Reynés, que es la carga tributaria que deben soportar estos negocios nucleares. Y es que entre tasas, tributos y compromisos con Enresa, el organismo que gestiona los residuos, casi se llevan un 40% de lo facturado.
LOS PUNTOS DEL ACUERDO
El acuerdo, cerrado esta madrugada después de que en la jornada de ayer se intensificaran los contactos en busca de una solución definitiva que presentar este viernes y con la que tratar de cerrar el conflicto abierto por el futuro de Almaraz, supone garantizar el protocolo que las tres compañías y EDP habían rubricado con Enresa para la continuidad del parque nuclear y su cierre ordenado entre 2025 y 2035.
La clave para cerrar el acuerdo se sostenía sobre la introducción de una cláusula a la petición de alargar la vida útil para no superar un tope del 15% a una cifra de inversiones recurrentes de unos 400 millones de euros distanciaba a las compañías, ya que Endesa sostenía que no existía ninguna condición en el caso de que las inversiones necesarias fueran superiores a las previstas, al ser una cuestión que debe ser determinada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Finalmente, el acuerdo alcanzado entre las tres ‘grandes’ eléctricas ha elevado ese tope sobre la cifra de inversiones previstas de 400 millones de euros al 50%.
La clave para el acuerdo ha estado en el porcentaje de inversión
De esta manera, quedan acotadas las inversiones a realizar en la planta a unos 600 millones de euros, y si se supera ese tope las propietarias deberán volver a sentarse. Asimismo, se mantiene la regla de pactar las decisiones por unanimidad, tal y como está previsto en las sociedades de interés económico (AIE) por las que se rigen las nucleares.
INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO
Según diversas fuentes, el acuerdo ha llegado a buen puerto porque la todavía ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se habría puesto en contacto con las tres compañías para pedirles celeridad en la resolución del conflicto. Primero por la propia seguridad en cuanto al futuro suministro energético; y, por otra parte, porque la imagen que estaban proyectando empezaba a ser triste.
Y es que no se puede obviar que, pese a ser socios, la realidad es que las tres compañías tienen intereses enfrentados en el sector energético. Ahora, en los siguientes pasos, el protocolo incluye un calendario de cierre para el parque nuclear español, contemplando las clausuras ordenadas y escalonadas de los actuales siete reactores desde 2027 (Almaraz) hasta 2035 (Trillo). De tal manera que, tras Almaraz, le tocaría el turno a Ascó I (2029) y Cofrentes (2030). En 2033, sería clausurado Ascó II y, en 2035, Vandellós y Trillo. A este ritmo, la vida útil de las centrales se situará en una media de unos 45-46 años.
