El martes 30 a las 10.00h de la mañana comenzaban las negociaciones entre la empresa Boyacá y los repartidores de prensa. El objetivo de ambos en esta primera conversación era conseguir acercar posturas y que se volviese al trabajo tras una semana y tres días en el que los repartidores autónomos cesaban su actividad. Después de horas reunidos se ha llegado a un consenso y el servicio volverá con normalidad, como ha anunciado la UATAE (Unión de autónomos).
Cuando la empresa mostró su intención de no renovar a la mitad de la plantilla, y con el riesgo de que a partir de este 1 de agosto se hubiera acabado el contrato de todos, se rompieron las negociaciones y ambas partes llegaban con desconfianza a este encuentro. Finalmente todo volverá a la normalidad mientras se está negociando una solución para que la empresa pueda desprenderse de algunos trabajadores de una forma consensuada. Desde los dos bandos asumen que algunos tendrán que irse por la complicada situación económica, pero los trabajadores piden que la solución sea más suave.
El portavoz de la Asamblea Permanente de los repartidores, Francisco Asensio, decía antes de la reunión que el dueño estaba acostumbrado a «imponer más que a dialogar». Sin embargo dejaba una puerta abierta al decir que «verían como un buen paso que les prometiesen que a partir del 1 de agosto podrían seguir trabajando todos y recibiendo su retribución habitual mientras se negocie una reestructuración de la plantilla».
LAS MOVILIZACIONES DE LOS REPARTIDORES
El problema comenzó cuando tras la negociación durante meses de sus contratos (que se acababan el 1 de agosto) la empresa impuso unas condiciones consideradas injustas por los repartidores conocidos como «ruteros». Dichas condiciones eran el despido de 130 personas (la mitad de la plantilla) y una sensible reducción de su sueldo.
Francisco Asensio, explica que: «llevábamos un año hablando con Boyacá para la renovación de nuestros contratos, tenía que haber sido tiempo más que suficiente. El problema es que cada vez que nos sentábamos con ellos venían con un programa y un proyecto nuevo. Al final necesitaban 130 trabajadores en la calle y reducir un 55 o 60 por ciento las retribuciones diarias por prestación de servicio».
Los trabajadores que se encargan de llevar la prensa a los puntos de venta son autónomos, por lo que la situación de las últimas semanas no es una huelga y complicaba realmente su posición.
De cara a las negociaciones y a la resolución del conflicto, los ruteros afirman que ellos entienden que la situación de la compañía es complicada y no se niegan a reducir su plantilla ni a hacer ajustes, sin embargo su portavoz defiende que «hay trabajadores que llevan 40 años allí y la gente que salga tiene que poder hacerlo de forma digna».
LOS GRANDES PERJUDICADOS, LOS QUIOSCOS
Durante los días que las relaciones han estado rotas, desde la empresa han asegurado que la interrupción la actividad empresarial ha provocado pérdidas millonarias en el empresa y determinantes perjuicios a los quioscos.
La ATA (Federación Nacional de Trabajadores Autónomos) ha especificado en un comunicado el daño que habría supuesto para los quioscos esta situación. Se trataría de 250 euros de pérdidas diarias para cada puesto y más de 1.500 de ellos podrían estar «al borde del precipicio». Eso sí, desde ATA afirman que responsabilidad recae principalmente sobre Boyacá.
El portavoz de los trabajadores responde a esto diciendo que comprende su situación y que «hay que respetar las quejas de los vendedores. Ellos tendrán las mismas necesidades que cualquiera tiene de llevarse un salario a casa». Además admite que ese daño colateral hacia este sector existe.
Además de esto, los ruteros acusan a Boyacá de estar surtiendo los puntos de venta de periódicos de formas que rozan la ilegalidad. Su portavoz afirma que «está documentado que la empresa estaba proveyendo a los clientes de formas que están al límite de la ley durante estos últimos días. Conductores no identificados, matrículas de turismos, furgonetas de alquiler…».
