Las licencias municipales: el silencioso castigo de las promotoras

La jornada “Madrid: un modelo de ciudad para el siglo XXI” estaba previsto que girara en torno al futuro. Sin embargo, salió a la palestra la necesidad de cambiar el presente. Una legislación obsoleta impide mejorar los desarrollos urbanísticos y proyectos de las promotoras. Conceptos como sostenibilidad y eficiencia energética han llegado para quedarse. Hay que adaptar la ley para que sea de la manera más rápida, flexible y sencilla.

Guillermo San Román, presidente de la Comisión de Urbanismo de Asprima, ha sido muy crítico con los ayuntamientos en la jornada organizada por Uría y Menéndez y la propia Asprima. “El problema son los tiempos”, ha afirmado. San Román ha destacado la “grave anomalía” que representa la “tragedia” en los plazos de concesión de licencias de obra y de primera ocupación a las promotoras. “Todos conocemos cientos de casos en los cuales han pasado 24, 36 y hasta 48 meses para obtener una licencia de obras; es irracional”, ha resaltado.

En su exposición, Guillermo San Román ha explicado que las promotoras se enfrentan a muchas incertidumbres. Con la competencia urbanística en manos municipales, ha lamentado que “no es posible tardar 12 meses en revisar un documento” elaborado por arquitectos de acuerdo a la normativa vigente.

La indignación del representante de la patronal de las promotoras madrileñas ha llegado hasta tal punto de solicitar sanciones. Los ayuntamientos sí se dan prisa en cobrar tasas e impuestos. Si no se otorgan licencias en un plazo máximo a calcular por todos los actores del sector, deberían ser multadas, según San Román. “Estamos esperando hasta seis meses para que venga un técnico municipal a revisar las obras, vea que todo está conforme al proyecto y firme la licencia de primera ocupación”, ha indicado.

El tiempo perdido que transcurre entre la conclusión de la obra y la entrega de llaves a los nuevos propietarios (con la consiguiente hipoteca) causa graves problemas financieros para las promotoras más pequeñas.

Antes de todo eso, Guillermo San Román ya había mostrado la necesidad de revisar la ley del suelo de la Comunidad de Madrid. “Como sector, casi hemos tirado la toalla de una revisión en esta legislatura”, ha afirmado. No obstante, en su carta a los Reyes Magos para las promotoras inmobiliarios ha pedido una modificación de la ley de la Comunidad que aporte “flexibilidad, agilidad y seguridad jurídica”.

Dado que el actual Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid data de 1997 y “es muy difícil que en esta legislatura se modifique”, San Román ha pedido que al menos no se boicotee. “Si no le gusta el gobierno de turno, que lo modifique legalmente o que proceda a su ejecución de manera ágil”, ha apuntado el representante de Asprima. Estas palabras fueron lanzadas en alusión al Ejecutivo de Carmena y la parálisis de los desarrollos del Sureste durante su legislatura.

EL MADRID DEL SIGLO XXI

Álvaro González López, titular del Área Delegada de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, ha recordado que uno de los 17 objetivos que plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible habla de las urbes. En concreto, el once: “Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

La teoría está muy bien, pero hay que llevarlo a la práctica”, ha afirmado Antonio Gómez Cid, socio del bufete Uría Menéndez. “Si queremos llegar a estos resultados, tenemos que empezar desde ya”, ha insistido Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Asprima.

Entre todas las palabras y mensajes para definir Madrid como modelo de ciudad para el siglo XXI, el socio de Uría y Menéndez Felipe Iglesia ha lanzado diez propuestas concretas que lleven a lograr este objetivo.

1.- Retomar los documentos del intento de revisión del Plan General (vigente desde 199).

2.- Reducir drásticamente el contenido de las vigentes normas urbanísticas del Plan General. “Tiene más páginas que el Código Civil”, ha enfatizado Felipe Iglesia.

3.- Cambiar el régimen de los usos, pasando a un sistema de usos prohibidos. Por ejemplo, el PG no recoge formatos como el coliving, el coworking, el cohuosing, etc.

4.- Reducir de forma relevante el catálogo de inmuebles protegidos. En Madrid hay 18.915 parcelas con edificios protegidos, el 64% de ellas en el centro histórico de la capital. Solo 400 están declarados Bien de Interés Cultural (BIC).

5.- Regular los procedimientos de renovación urbana.

6.- Flexibilizar el régimen de los patios de manzana. “El actual ha fracasado, puesto que no se han recuperado y son privados con sus correspondientes licencias”, ha recordado el socio del bufete.

7.- Reformular el régimen del uso industrial.

8.- Flexibilizar los límites de edificabilidad del uso dotacional (público y privado).

9.- Aumentar la competencia municipal en materia de planeamiento. “La capital y probablemente otras grandes localidades como Alcalá de Henares y Alcorcón necesitan un mayor alcance competencial”, ha destacado.

10.- Aprobar un Plan de Estrategia Territorial que ponga en conexión Madrid con el resto de municipios de la corona metropolitana.