El Pentágono ha incluido a Alibaba, Baidu y BYD en la lista de empresas chinas que, según Washington, prestan apoyo al Ejército Popular de Liberación. La decisión, anunciada el 8 de junio de 2026, reactiva la tensión comercial entre las dos superpotencias y pone en alerta a los inversores internacionales.
La designación como entidades militares chinas no conlleva sanciones automáticas, pero sí abre la puerta a restricciones financieras y contractuales por parte del gobierno estadounidense y de sus aliados. Fondos de inversión, bancos y proveedores tecnológicos tendrán que evaluar su exposición a estos tres gigantes.
BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, ya había sido objeto de escrutinio por sus vínculos con el sector militar chino. Ahora, la inclusión en la lista negra del Pentágono podría frenar sus planes de expansión en Europa y complicar las alianzas con fabricantes como Mercedes-Benz o Toyota.
Alibaba, por su parte, domina el comercio electrónico y la computación en la nube en Asia, y aunque lleva años desmarcándose de cualquier relación castrense, el Departamento de Defensa de Estados Unidos mantiene que su tecnología es aprovechada por el estamento militar chino.
Baidu, el motor de búsqueda más utilizado en China y competidor de Google en inteligencia artificial, también ha sido señalado. La compañía ha colaborado con el gobierno chino en proyectos de conducción autónoma y reconocimiento facial, actividades que Washington considera de doble uso.
La lista, creada al amparo de la Sección 1260H de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, ya incluía a otras compañías chinas como Huawei, SMIC o China Telecom. Sin embargo, la incorporación de Alibaba y BYD, dos pesos pesados con fuerte presencia en los mercados globales, eleva la apuesta.
El Pentágono está mandando un mensaje claro: ninguna empresa china, por grande que sea, está a salvo si su tecnología puede servir a los intereses militares de Pekín.
Consecuencias para los inversores europeos y españoles
La medida tiene un impacto directo sobre cualquier fondo cotizado (ETF) o vehículo de inversión que incluya valores de Alibaba, Baidu o BYD. Muchos fondos de renta variable internacional, como los comercializados por Bestinver, Mapfre AM o Santander Asset Management, mantienen posiciones relevantes en estos valores. La nueva designación podría forzar a los gestores a reducir exposición por motivos de cumplimiento normativo, especialmente aquellos que gestionan mandatos de inversores institucionales estadounidenses.
Además, los proveedores europeos que colaboran con BYD en la fabricación de baterías o componentes —como Bosch o Continental— deberán revisar sus acuerdos para evitar posibles sanciones secundarias. El Departamento de Justicia de Estados Unidos podría penalizar a cualquier empresa que mantenga relaciones comerciales significativas con entidades de la lista si se demuestra que esas relaciones benefician indirectamente al ejército chino.
En España, BYD ha iniciado la comercialización de sus modelos eléctricos y planeaba abrir una red de concesionarios este mismo año. La incertidumbre regulatoria puede retrasar esos planes y afectar a los distribuidores locales. La patronal Faconauto ya ha mostrado su preocupación por el posible encarecimiento de los trámites aduaneros.
Análisis: ¿protección de la seguridad nacional o guerra comercial encubierta?
La inclusión de Alibaba, Baidu y BYD en la lista negra del Pentágono se produce en un contexto de endurecimiento de las sanciones contra el ecosistema tecnológico chino. Washington ha acelerado la imposición de controles a la exportación de semiconductores y ha presionado a sus aliados para que limiten la venta de equipos de fabricación avanzada. La lista de empresas militares chinas es una herramienta complementaria que puede dañar la reputación de las compañías y dificultar su acceso a los mercados de capitales estadounidenses sin necesidad de imponer sanciones directas.
Sin embargo, conviene recordar que ninguna de las tres compañías ha sido acusada formalmente de violar la ley estadounidense. La designación se basa en una evaluación de inteligencia que no se hace pública. Esto deja a Alibaba, Baidu y BYD en una posición incómoda: deben defender su inocencia sin conocer todas las pruebas en su contra y, al mismo tiempo, no pueden desvincularse públicamente del estado chino por el riesgo de represalias en su mercado doméstico.
La respuesta de Pekín no se ha hecho esperar. El Ministerio de Comercio chino ha calificado la medida de «represión deliberada» y ha prometido represalias «proporcionadas». En anteriores episodios, China respondió con aranceles selectivos y restricciones a la exportación de tierras raras. Esta vez, el abanico de represalias podría incluir el bloqueo de licencias de propiedad intelectual a empresas estadounidenses o la suspensión de acuerdos de cooperación en materia de cambio climático, un ámbito en el que ambos países mantienen una frágil colaboración.
La cuestión de fondo es si la designación responde a una amenaza real para la seguridad nacional o es, más bien, una maniobra de presión comercial. La historia reciente apunta a lo segundo. En 2021, la administración Biden retiró a Xiaomi de esta misma lista tras una batalla legal, reconociendo implícitamente que la inclusión inicial carecía de pruebas sólidas. Pekín confía en que Alibaba y BYD puedan seguir ese camino judicial, pero el clima político actual es mucho más hostil.
A mi juicio, la iniciativa del Pentágono es una jugada de doble filo. Por un lado, refuerza la narrativa de que Estados Unidos está dispuesto a usar todas las herramientas a su alcance para frenar el ascenso tecnológico chino. Por otro, corre el riesgo de aislar a Washington de sus aliados europeos, que ven con recelo cualquier medida que pueda perjudicar sus propios intereses comerciales. La Unión Europea, a través de su Servicio de Acción Exterior, ha evitado pronunciarse de momento.
La pelota está ahora en el tejado de las compañías afectadas. Si no logran una exclusión judicial rápida, podrían verse abocadas a reestructurar sus operaciones internacionales, separar sus divisiones civiles de las potencialmente militares o, en el peor de los escenarios, ver cómo sus acciones se desploman por la retirada de inversores institucionales. La decisión del Departamento de Defensa llega en un momento en que la globalización tal y como la conocíamos ya da muestras de agotamiento. Solo falta saber quién pagará la factura más alta.
