El Gobierno prevé una reducción tanto del gasto destinado a Sanidad, como a Educación y Empleo en términos de PIB en 2021, si bien hay que tener en cuenta el notable incremento del gasto público de este año como consecuencia de las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis del Covid y que el PIB previsto para el próximo año es mayor que en el ejercicio actual.

Así figura en el Plan Presupuestario de 2021 remitido este lunes por el Gobierno a la Comisión Europea, en el que le comunica que su estrategia fiscal para el conjunto de administraciones públicas consiste en reducir la ratio de ingresos públicos sobre PIB desde el 41,7% de este año al 40,3% del PIB en 2021, y una ratio de gasto decreciente, desde el 53% del PIB de este año al 48% el próximo ejercicio.

La mejora en los ingresos prevista para 2021 se debe al paquete de medidas fiscales por importe de 6.847 millones de euros que está diseñando el Gobierno, algunas ya aprobadas como las tasas ‘Tobin’ y ‘Google’ o la ley de lucha contra el fraude fiscal, y otras que verán la luz como un nuevo impuesto a los envases de plástico o la subida del IVA del 10% al 21% de las bebidas azucaradas, junto a nueva fiscalidad verde y cambios en imposición directa e indirecta aún por detallar.

Por el lado del gasto, con una previsión realizada utilizando un PIB de 1.224.728 millones de euros en 2021, un 10,8% superior al de este año, el Gobierno detalla en el documento sus estimaciones para la clasificación del gasto público por funciones.

En detalle, el plan presupuestario refleja una bajada del gasto público en Educación, Sanidad y empleo el próximo año en términos de PIB.

En el primer caso, el gasto educativo bajará del 4,8% del PIB este año al 4,5%, representando el 9,4% del gasto total, cuatro décimas menos, mientras que el gasto en Sanidad descenderá siete décimas, hasta el 6,9% del PIB, equivalente al 14,4% del total, lo mismo que este año.

Por su parte, el gasto en Empleo será la partida que registre una mayor caída, al pasar del 4,3% del PIB al 3,2% en 2021, representando el 6,7% del gasto total, frente al 8,1% de este año.

SE MANTIENE EN DEFENSA, ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN

En porcentajes de PIB, únicamente se mantendrá el gasto en Defensa (1%) y en actividades recreativas, cultura y religión (1,3%), mientras que en el resto de funciones se proyecta una bajada del gasto público en términos de PIB.

Así, el gasto en servicios públicos generales será del 5,7% del PIB, cuatro décimas menos; en orden público y seguridad del 2,1% del PIB, una décima menos; en asuntos económicos del 4,8%, ocho décimas menos y en protección del medio ambiente del 1%, una décima menos.

Igualmente, descenderá también en una décima el gasto público que el Gobierno destinará en términos de PIB a vivienda y servicios comunitarios, hasta el 0,5% del PIB, y reducirá en 2,6 puntos porcentuales lo destinado a protección social, hasta el 20,2% del PIB.

En este último caso podría explicarse por el fin de algunas medidas aprobadas este año por el Ejecutivo para paliar las consecuencias del Covid, como los ERTE, las medidas de apoyo a familias y colectivos vulnerables y de alivio de cargas fiscales y cotizaciones, o las líneas de avales del ICO, lo que en conjunto ha conllevado un gasto de 210.910 millones de euros en 2020, según especifica el Ejecutivo en el Plan Presupuestario.

La revalorización de las pensiones en 2021 con el IPC (0,9%, según estima el Gobierno) tendrá un coste de 1.439 millones de euros, de acuerdo con las previsiones que realiza el Ejecutivo en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas.

Esta subida, idéntica a la de 2020, se corresponde con la previsión del Ejecutivo del deflactor del PIB, el índice más aproximado al IPC, para el próximo año, que augura un alza del 0,9%, y estaría en línea con su compromiso de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas.

Según consta en el Plan Presupuestario, el Gobierno se ha marcado como objetivo la asunción por parte del Estado vía impuestos de partidas de gasto que actualmente se sufragan con cotizaciones sociales, ya que ello «limita la capacidad del sistema de afrontar el volumen de gasto en pensiones».

En este sentido, el Plan contempla una transferencia en 2021 del Estado a la Seguridad Social por importe de 13.929 millones de euros, para cubrir, entre otros, parte de los gastos que asumía el sistema.

«Esta clarificación de los gastos y de su financiación ha de resultar clave en dos sentidos. Uno, rectificar la imagen distorsionada de desequilibrio del sistema percibida por los ciudadanos que, pese a no reflejar la situación real, está generando alarmismo e incertidumbre a los pensionistas y al conjunto de la población. Y, dos, afrontar en buenas condiciones los desafíos de largo plazo, principalmente el envejecimiento poblacional consecuencia de la jubilación de la generación del baby boom», explica el Gobierno.

El Ejecutivo identifica como gastos que se financian con cargo a cotizaciones sociales pese a su naturaleza no contributiva las reducciones en la cotización a la Seguridad Social para fomento del empleo, la prestación por nacimiento y cuidado de hijos, el complemento de pensiones por maternidad, las medidas de apoyo (‘subvenciones implícitas’) a regímenes especiales para ayudas a sectores o el coste de complementar las lagunas de cotización para el cálculo de la pensión de jubilación, entre otras.

Las proyecciones del Gobierno apuntan a un déficit de la Seguridad Social del 4,1% del PIB para este año y del 3% en 2021, si bien esta cifra se reducirá a la mitad, hasta el entorno del 1,3%, al asumir el Estado 1,7 puntos del saldo negativo previsto, equivalente a 18.396 millones de euros.

RECUPERACIÓN TOTAL DEL EMPLEO EN 2022

Según el Gobierno, el presupuesto de la Seguridad Social para 2021 plasma en sus cifras «un escenario de recuperación económica» tras un 2020 en el que se redujeron los ingresos y aumentaron los gastos de manera «muy significativa» por la pandemia del coronavirus.

Aunque el Ejecutivo espera que la recuperación económica y del empleo sea «intensa» en 2021, no se alcanzarán los niveles de empleo previos a la crisis sanitaria, de tal forma que la recuperación total de la ocupación no se alcanzará hasta el año 2022.

En los que respecta a los ingresos por cotizaciones sociales, el Gobierno reconoce que este año registrarán un «importante deterioro», con una caída del 2,5%, debido fundamentalmente al impacto de las medidas de carácter laboral adoptadas por el Gobierno para proteger el empleo, entre ellas las sucesivas prórrogas de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

«Adicionalmente, las cotizaciones caerán como consecuencia del deterioro del mercado laboral ante la crisis, que frenará la creación de empleo prevista antes de la pandemia, con un descenso significativo del número de afiliados», expone el Gobierno.

De esta forma, los ingresos por cotizaciones ascenderán en 2020 al 14,2% de PIB, cifra que aumenta respecto a las previsiones del Programa de Estabilidad, ya que, según explica el Ejecutivo, el impacto de las exoneraciones de cuotas por trabajadores en ERTE y para los autónomos en cese de actividad no se registran en las previsiones actuales como menores ingresos por cotizaciones, sino como gasto de subvenciones, criterio diferente al utilizado en el Programa de Estabilidad.

Para 2021, «una vez finalizada la vigencia de muchas de las medidas adoptadas para combatir los efectos ocasionados por el Covid», el Gobierno estima que los ingresos por cotizaciones sociales «se recuperen significativamente», con un aumento del 1,37%, hasta alcanzar el 13% del PIB.

Por su parte, el gasto en desempleo pasará del 3,7% del PIB en 2020 al 1,5% del PIB en 2021, según recoge el Plan Presupuestario.

El Gobierno estima una recaudación récord de 493.838 millones de euros en 2021, lo que supone un incremento de 33.447 millones de euros, debido a la mejora del 10,8% del PIB nominal y a los cambios impositivos con los que espera recaudar casi 7.000 millones adicionales, según el Plan Presupuestario 2021 remitido este jueves a la Comisión Europea.

El Ejecutivo explica que esto es posible gracias al efecto «rebote» sobre los ingresos al compararse con un año 2020 afectado por el confinamiento estricto, al menos durante un trimestre, y en segundo lugar por la adopción de un conjunto de medidas tributarias que generarán ingresos adicionales con su entrada en vigor.

La mayor parte de las mismas, explica el Gobierno, vendrán incorporadas en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, pero otras medidas ya han sido aprobadas, como el Impuesto sobre Transacciones Financieras e Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, cuya tramitación parlamentaria ha finalizado.

CRECIMIENTO DE DOS DÍGITOS DE IVA, IRPF Y SOCIEDADES

Concretamente, el plan presupuestario contempla un crecimiento del 17,6% de los impuestos sobre los productos (IVA e Impuestos Especiales básicamente), pasando de una recaudación estimada de 105.755 millones de euros en 2020 a estimarse en 124.432 millones de euros para el próximo año.

Este aumento se explica, por un lado, por la dinámica evolución esperada del gasto en consumo final nacional privado y, por otro, por el efecto de las medidas tributarias, que supondrán un incremento de la recaudación del IVA y de los Impuestos Especiales.

El Gobierno espera, asimismo, un «importante repunte» de la recaudación de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, debido a la fuerte recuperación del mercado de la vivienda y por la recuperación en 2021 de aplazamientos y suspensiones de pago concedidos este año.

De su lado, los impuestos corrientes sobre la renta y la riqueza presentan también una positiva evolución con un crecimiento de un 10,35%, alcanzando los 137.512 millones de euros en 2021. Así, los impuestos sobre la renta de los hogares alcanzarán los 112.047 millones de euros, un 9,57% más, impulsados por el IRPF.

«Se estima una notable recuperación tanto de las retenciones de trabajo, sustentada en la evolución estimada de la remuneración de asalariados del cuadro macro de un 6,8%, como de capital mobiliario, pagos fraccionados y de la cuota diferencial neta (por mayores ingresos de contraído previo y cuota positiva ejercicio 2020, y menores devoluciones previstas)», subraya el plan presupuestario.

Igualmente, El Impuesto sobre Renta de Sociedades alcanzará los 25.465 millones de euros, un 13,91% más, lo que permitirá volver a niveles cercanos a los de 2019. Esta evolución se explica, por un lado, por el aumento de los beneficios empresariales en 2021 y, por otro lado, por la adopción de ciertas medidas.

AUMENTO DE LAS COTIZACIONES DEL 1,3%

Por el lado de las cotizaciones, para 2021, una vez finalizada la vigencia de muchas de las medidas adoptadas para combatir los efectos ocasionados por la Covid-19, se prevé que los ingresos por cotizaciones sociales se recuperen «significativamente», registrando un aumento del 1,37%, hasta alcanzar el 13% del PIB.

Por el lado del gasto, el Gobierno destaca que se registrará un descenso del peso en términos de PIB de prácticamente todas las partidas de gasto como resultado de la finalización en 2020 de muchas de las medidas adoptadas para combatir la emergencia sanitaria originada por la Covid-19.

MENOS GASTO DE PERSONAL

La remuneración de asalariados pasa del 12,9% del PIB en 2020 al 12% del PIB en 2021, debido a la finalización, por un lado, del II Acuerdo para la mejora del empleo público de marzo de 2018 vigente para el período 2018-2020 y, por otro, de la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado prevista para el mismo período.

Además, se prevé también un descenso del gasto en esta rúbrica ante la mejora de la situación sanitaria, que originará menores contrataciones de personal sanitario del Sistema Nacional de Salud y reducirá el coste de otras contrataciones en 2020 derivadas la Covid-19, fundamentalmente en el ámbito de las comunidades y entidades locales.

En la misma línea, en 2021 los consumos intermedios pasarán del 6,4% del PIB al el 6,1% del PIB, al reducirse las necesidades de gasto directamente originadas por la pandemia, mientras que las transferencias sociales pasarán del 24,2% del PIB en 2020 al 21,4% en 2021.

El gasto en prestaciones sociales descenderá un 2,50%, pasando de un 20,98% del PIB en 2020 a un 18,46% del PIB en 2021, por la finalización del impacto de medidas de carácter laboral adoptadas durante el estado de alarma, para mitigar los efectos más perjudiciales de la pandemia sobre el mercado de trabajo y los colectivos más vulnerables.

El aumento de las pensiones mantiene la tendencia de años anteriores, y es consecuencia del incremento en el número de pensionistas, del efecto sustitución al ser las pensiones nuevas superiores a las ya existentes, y de la revalorización de las pensiones con el IPC (+0,9%).

CAE EL GASTO EN DESEMPLEO

Por su parte, el gasto en desempleo pasará del 3,7% del PIB en 2020 al 1,5 % del PIB en 2021, mientras que los intereses ascenderán en 2021 al 2,18% del PIB, frente al 2,3% de 2020.

Para 2021 la inversión está prevista que aumente en todas las administraciones, si bien la recuperación del PIB en 2021, origina que esta rúbrica pase, a priori, del 2,5% del PIB en 2020 al 2,2% del PIB en 2021.

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves los decretos leyes aprobados por el Gobierno en septiembre para prorrogar el sistema de protección al empleo de los ERTE y las medidas del denominado ‘escudo social’, así como la nueva regulación del teletrabajo.

Estos decretos están en vigor desde su aprobación en el BOE pero, conforme a la Constitución, el Congreso debe pronunciarse para convalidarlos o, en su caso, derogarlos. Los grupos tienen también la oportunidad de tramitarlos como proyectos de ley para poder proponer cambios a través de enmiendas.

En este caso, el Congreso ha aprobado tramitar como proyecto de ley la regulación del teletrabajo pero ha rechazado abrir la puerta a cambios al decreto de prórroga de los ERTE y en el que regula el teletrabajo en la Administración

La prórroga de los ERTE ha contado con el respaldo del PSOE, el PP, Vox, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Junts, el PNV y EH-Bildu, con únicamente la abstención del BNG. El PSOE, Unidas Podemos, ERC, el PNV y EH-Bildu han rechazado su tramitación como proyecto de ley.

En el caso de la regulación del teletrabajo, todos los grupos han votado a favor a excepción de Foro Asturias, que ha votado en contra, y de Vox, UPN y el BNG, que se han abstenido. En este caso, los grupos sí han abierto la puerta a introducir cambios vía enmiendas.

Finalmente, en el caso del decreto con la regulación del trabajo a distancia en la Administración, este ha sido convalidado con los votos del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, Junts, el PNV y EH-Bildu, mientras que el PP, Vox y UPN han votado en contra. Ciudadanos y el BNG se han abstenido.

TELETRABAJO ES REGULAR A PARTIR DEL 30% DE LA JORNADA

Aprobada también con el aval de los sindicatos CC.OO. y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, la regulación del teletrabajo considera esta opción como regular si alcanza al menos el 30% de la jornada, siendo sufragado o compensado por la empresa y sin suponer gastos por parte del trabajador con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.

En términos generales, el trabajo a distancia será voluntario y reversible y requerirá la firma de un acuerdo por escrito, que podrá formar parte del contrato inicial o realizarse en un momento posterior, sin que esta modalidad pueda ser impuesta.

PRÓRROGA DE LOS ERTE, AYUDA A AUTÓNOMOS Y PARTE DEL ‘ESCUDO SOCIAL’

Otro de los decretos leyes sometidos a convalidación contiene la prórroga hasta el 31 de enero del sistema de los ERTE y de parte de las medidas de protección social, el conocido como ‘escudo social’, como el veto a los desahucios, los alquileres ‘abusivos’ y las medidas relativas a los grandes tenedores. Sin embargo, la prórroga no incluye ni la moratoria hipotecaria ni la prohibición de cortar el suministro de agua, electricidad y gas.

En la prórroga de los ERTE, su prórroga extendió los ERTE de fuerza mayor a determinados sectores e incluyó dos nuevas figuras, de limitación y de impedimento, disponible para todas las empresas afectadas por restricciones sanitarias por la pandemia.

Asimismo, el acuerdo prorroga la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos, con una nueva ayuda por bajos ingresos para quienes no cumplan los requisitos de acceso, así como la «prohibición» al despido por causas objetivas, y la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad.

TELETRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN

El Gobierno también ha defendido Pleno el decreto ley con la regulación básica del teletrabajo para los empleados públicos de todas las administraciones, en torno a 2,5 millones de trabajadores, si bien cada comunidad autónoma procederá al desarrollo normativo que considere oportuno en el plazo de seis meses.

Esta norma, acordada con los sindicatos de la administración CSIF, CC.OO. y UGT, incorpora en el Estatuto Básico el teletrabajo como una modalidad organizativa, recoge que no podrá suponer ningún incumplimiento de la jornada y el horario y de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, y establece como requisito previo la valoración del carácter susceptible de poder realizarse las tareas asignadas al puesto y la formación en competencias digitales.

MEDIDAS PARA FACILITAR LA CONTRATACIÓN EN SANIDAD Y EDUCACIÓN

Este mismo decreto ley también incluye una de las medidas aprobadas en ese Consejo de Ministros para reforzar la contratación en la Sanidad y en la Educación con motivo de la emergencia por la pandemia de Covid.

En este caso, se permitió a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) la contratación excepcional de personal facultativo y no facultativo para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 que, aun teniendo el grado, licenciatura o diplomatura correspondiente, carezca del título de especialista reconocido en España para realizar funciones propias de una especialidad.

Con esta medida, el Gobierno calcula que podrían contratarse unos 10.000 sanitarios facultativos por parte de las comunidades autónomas, 4.557 de ellos en el ámbito de la Medicina que realizaron las pruebas selectivas de la convocatoria 2019/2020 y que no tienen plaza.

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves la propuesta de PP, Vox y Ciudadanos para rescatar con un fondo plurianual de 20.000 millones con ayudas directas a fondo perdido a empresas turísticas afectadas por la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 y las restricciones sanitarias.

Así, la Cámara Baja ha rechazado esta iniciativa, que parte de una moción de Ciudadanos finalmente pactada con PP y Vox, con los votos del PSOE, Unidas Podemos y EH-Bildu. El PP, Vox, Cs, Junts, UPN, Teruel Existe, Coalición Canaria y Foro Asturias han votado a favor, mientras que ERC y el PNV han optado por la abstención.

En la iniciativa, el PP, Vox y Cs reclamaban al Gobierno un plan urgente de ayuda al turismo y a sectores relacionados en los próximos tres meses para garantizar la continuidad y modernización de infraestructuras turísticas, la adaptación de los negocios, su digitalización y modernización, y la formación de sus trabajadores.

Asimismo, también llamaba a poner en marcha corredores seguros entre destinos «con una situación epidemiológica asumible y controlada y los principales países emisores de turistas», un plan estratégico de marketing para la promoción de destinos españoles en el extranjero y otras medidas, como una tarifa plana para autónomos que reanuden su actividad de 60 euros hasta 2021 o alargar el período de pago y carencia de empresas con préstamos avaladas por el ICO que no alcancen al 80% de su facturación en 2019.

El Gobierno prevé un impacto del conjunto de medidas fiscales y de la nueva Ley de lucha contra el fraude de 6.847 millones en 2021 y de 2.323 millones en 2022, gracias a nuevos impuestos ‘verdes’, a los envases de plástico, un IVA del 21% a bebidas azucaradas y las tasa ‘Google’ y ‘Tobin’, lo que permitirá incrementar los ingresos en 33.447 millones el próximo año, hasta el récord de casi 495.000 millones de euros.

Así se desprende del Plan Presupuestario de 2021 remitido este jueves por el Ejecutivo a Bruselas, en el que, no obstante, contempla que la ratio de ingresos sobre PIB se sitúe en 2021 en el 40,3%, frente al 41,7% de 2020, debido al mayor aumento del PIB el próximo año, ya que los ingresos en términos absolutos en 2021 se incrementarán en 33.447 millones de euros respecto a 2020, alcanzando un récord de unos 494.490 millones.

El Gobierno explica que el aumento de los ingresos públicos se debe a la mejora de la economía y la actividad y, en menor medida, por las medidas fiscales que se aplicarán a partir del próximo ejercicio. En concreto, el impacto estimado del conjunto de medidas fiscales y de la nueva Ley contra el Fraude fiscal se sitúa en 6.847 millones en 2021 y en 2.323 millones en 2022 en criterio de caja.

IMPUESTO A ENVASES DE PLÁSTICO E IVA DEL 21% A BEBIDAS AZUCARADAS

Entre los cambios impositivos recogidos en los Presupuestos y que verán la luz en 2021, además del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre Transacciones Financieras, conocidos como tasas ‘Google’ y ‘Tobin’, que fueron aprobados recientemente por el Parlamento con una previsión de recaudación de 968 millones y 850 millones, respectivamente, figura el impulso de la fiscalidad medioambiental, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea, como la creación del impuesto sobre envases de plástico de un solo uso, que ya ha superado el trámite de información pública.

El documento enviado a las autoridades europeas también recoge otros ajustes fiscales como el incremento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%, cuyo objetivo es «favorecer hábitos más saludables».

También figuran las medidas incluidas en el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal aprobado esta semana, con la que espera recaudar 828 millones, que permitirán reforzar el control de las prácticas irregulares asociadas a las nuevas tecnologías, combatir la economía sumergida mediante la bajada del límite de pagos en efectivo en el ámbito profesional a 1.000 euros y también combatir la elusión fiscal de las grandes multinacionales para hacer un sistema tributario más justo, prohibiendo también las amnistías fiscales.

PENSIONES SUBIRÁN UN 0,9% Y PERMISOS DE PATERNIDAD A 16 SEMANAS

Por el lado de los gastos, el Plan Presupuestario se sustenta en un límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, de 196.097 millones de euros, un 53,7% superior al aprobado en febrero y que incluye transferencias extraordinarias a las CCAA (13.486 millones) y Seguridad Social (18.396 millones) y parte de los fondos europeos (27.436 millones).

En detalle, contempla que la ratio de gasto sobre PIB pase del 53% en 2020 al 48% en 2021, aunque en términos absolutos supone 2.419 millones más. En mayo el Ejecutivo cifró en 576.714 millones los gastos previstos para 2020, por lo que en 2021 se elevarían hasta unos 579.133 millones.

Según el Gobierno, este comportamiento es compatible con un fortalecimiento del Estado del Bienestar y con medidas de protección social. De hecho, el Plan Presupuestario recoge el compromiso del Gobierno con los pensionistas, que verán revalorizada su pensión en 2021 según la inflación prevista (0,9%) para garantizar el poder adquisitivo.

AMPLIACIÓN DEL PERMISO DE PATERNIDAD A 16 SEMANAS

Asimismo, también recoge el aumento gradual del permiso de paternidad que se eleva de 12 a 16 semanas, lo que permite la equiparación con los permisos de maternidad.

«Esta medida supone un avance más hacia la igualdad real e implica que, por primera vez, los padres y las madres tendrán derecho a las mismas semanas de permiso», destaca el Gobierno.

Igualmente, recoge el impacto del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que se consolidará en 2021.

LA DEUDA PÚBLICA BAJARÁ 1,4 PUNTOS EN 2021, HASTA EL 117,4% DEL PIB

El Plan Presupuestario recoge también las previsiones del cuadro macroeconómico, que cuenta con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), y estima una caída del PIB del 11,2% este año, pero un repunte del 7,2% en 2021, que podría alcanzar el 9,8% si se tiene en cuenta le impacto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el que el Gobierno augura una inversión de 72.000 millones entre 2021 y 2023 procedentes de los fondos europeos (140.000 millones) que recibirá hasta 2026.

En paralelo, la tasa de paro escalará al 17,1% este año, para descender el próximo ejercicio al 16,9%, o el 16,3% si se contempla el impacto de los fondos europeos.

En cuanto al déficit público, el Gobierno ha informado a Bruselas de su estimación de que escale hasta el 11,3% del PIB este año como consecuencia de la crisis y el mayor gesto para paliar las consecuencias, cuyas medidas adoptadas cifra en 210.910 millones de euros este año.

Para 2021, informe de una tasa de referencia de déficit del 7,7%, un descenso de 3,6 puntos gracias a la recuperación de los ingresos derivada de la mejor evolución del ciclo económico y a las medidas tributarias relacionadas con una

La distribución del déficit de 2021 por subsectores muestra que la Administración Central asumirá la mayor parte del coste de la pandemia, ya que la tasa de referencia inicial de la Administración Central será del 2,4%; para las comunidades autónomas del 2,2%; la Seguridad Social un 3%; y para las entidades locales un 0,1%.

No obstante, el Estado aprobará unas transferencias extraordinarias de 18.396 millones de euros para la Seguridad Social y de 13.486 millones para las Comunidades Autónomas, por lo que el Estado asumirá 31.882 millones de déficit de estos subsectores.

Por tanto, la tasa de referencia final de la Administración Central es del 5,2%, en las CC.AA. se reduce a la mitad hasta el 1,1% y la Seguridad Social pasará de un déficit de referencia del 3% al 1,3%, en tanto que las entidades locales mantienen su meta del 0,1%, pero podrán usar sus remanentes por la suspensión de las reglas fiscales.

Por último la ratio de deuda pública sobre el PIB pasará del 118,8% de este año al 117,4%, lo que supone una reducción de 1,4 puntos porcentuales.

El Gobierno ha remitido este jueves a la Comisión Europea el Plan Presupuestario 2021 en el que detalla que todas las medidas adoptadas para luchar contra la pandemia del Covid-19 y la crisis económica suman 210.910 millones de euros en 2020.

El plan presupuestario detalla el impacto de las medidas aprobadas por el Gobierno este año para luchar contra la emergencia sanitaria y paliar los efectos económicos, laborales y sociales de la crisis.

En concreto, el Gobierno recuerda la aprobación de un conjunto de medidas para reforzar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y el transporte, incluyendo el Fondo Covid de 16.000 millones de euros de transferencias para las comunidades autónomas orientado a garantizar los recursos necesarios en esta materia.

Además, se aprobaron medidas para apoyar a las familias y a los trabajadores, así como a los colectivos más vulnerables y también a las empresas por valor de 55.588 millones de euros en 2020.

De hecho, el Gobierno destaca en el documento remitido a Bruselas que en el peor momento de la crisis «un tercio de la población activa estuvo protegida por esta red de seguridad».

Entre estas medidas se encuentran la regulación y el apoyo financiero público de los ERTES, que han permitido salvaguardar el empleo y las rentas de millones de trabajadores, y apoyar a más de medio millón de empresas; y la prestación por cese de actividad de los autónomos, que ha beneficiado a un millón y medio de trabajadores por cuenta propia.

Además, el Gobierno adoptó una serie de medidas para aliviar las cargas fiscales y de cotizaciones de las empresas y los autónomos con un impacto de casi 1.000 millones de euros.

Asimismo, el Ejecutivo también ha puesto en marcha distintas líneas de avales y garantías por valor de 154.400 millones de euros para garantizar la viabilidad de empresas afectadas por la pandemia y, en segunda instancia, financiar proyectos de inversión que permitan fortalecer y ampliar nuestro tejido productivo.

La crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha golpeado a las empresas del sector de los plásticos que han visto cómo en este tiempo han perdido el 33% de sus plantillas, según una encuesta realizada por la plataforma EsPlásticos, formada por ANAIP, AIMPLAS, Cicloplast y PlasticsEurope.

Actualmente, la industria de los plásticos genera más de 93.000 empleos directos en España, llegando a 255.000 empleos incluyendo los indirectos e inducidos. Unas cifras que ya se han visto afectadas por la crisis de la Covid-19 como indican el 33% de las empresas encuestadas, que han visto reducida su plantilla mientras otro 33% cree que el número de empleados será menor en un medio-largo plazo.

Según los resultados de la encuesta, en general, casi todos los sectores han visto disminuida la producción de su empresa, como señala el 56,3% de los encuestados. Por sectores, el 80% de las empresas del sector de la automoción, el 67% de la agricultura, el 65% de la construcción y el 47% del sector del envase han visto disminuida su producción.

La industria de los plásticos en España depende en gran medida de las importaciones y exportaciones, unas actividades que se han visto afectadas bastante o totalmente en el 40% de las empresas, revela la encuesta, que concluye que un 75% considera que su facturación se va a ver disminuida por la Covid-19, de los cuales casi un 24% prevé que la disminución sea de entre un 30 y un 80%.

La ventaja competitiva del sector industrial fotovoltaico nacional se apoya en la elevada intensidad en innovación de las empresas y entre los retos está la digilitalización del sistema que se acelerará con el despliegue de la red 5G y las mejores tecnologias disponibles. De ese modo, la transición energética puede suponer para España no sólo energía renovable y reducción de emisiones, sino mayor actividad industrial y empleo para afrontar la pandemia del coronavirus.

La tecnología fotovoltaica se ha convertido en la fuente de generación de energía más popular del mundo, gracias a que es tecnológicamente simple, sin barreras de entrada, competitiva, limpia y capaz de proveer grandes plantas de generación en suelo o pequeñas instalaciones de autoconsumo.

En España, de acuerdo a las cifras contempladas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), se deberán instalar unos 30GW de fotovoltaica hasta 2030, multiplicando por tres su capacidad actual, lo que supondrá una inversión cercana a los 20 mil millones de euros y una gran oportunidad para la consolidación del sector industrial fotovoltaico español.

Entre las medidas planteadas por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) en su Estrategia Industrial Fotovoltaica se propone la implementación de un programa de I+D en tecnologías limpias, que permita mantener su ventaja competitiva y superar el gap tecnológico.

La ventaja competitiva del sector industrial fotovoltaico nacional se apoya en la elevada intensidad en innovación de las empresas, con uno de los mayores ratios de gasto en I+D por ingresos de España. Sin embargo, operan en un entorno internacional muy competitivo en el que es necesaria la innovación constante ya que existe un gap tecnológico importante.

Entre los retos está la digitalización del sistema introduciendo Internet de las Cosas y Blockchain para la gestión integrada de la demanda. Para acelerar dicha digitalización que condicionará la competitividad de las empresas tanto en el sector industrial en general como en el eléctrico en particular, es esencial la finalización del despliegue de la red 5G, por el salto cualitativo que supone, así como poner a su disposición las mejores tecnologías disponibles basadas en redes 5G.

OPORTUNIDAD PARA LA ECONOMÍA

El sector fotovoltaico tiene un considerable impacto en la economía nacional, con una contribución al PIB de más de 5.000 millones de euros en 2018, mientras que la generación de empleo en 2019, año con un importante desarrollo del sector, el empleo generado ascendió a 20 mil personas, dando trabajo directo, indirecto e inducido a alrededor de 60.000 personas al inicio de la crisis.

“La energía fotovoltaica tiene el potencial de contribuir a la reindustrialización de la economía española y a la reactivación tras la crisis del Covid-19 y España tiene una oportunidad de constituirse como un hub industrial fotovoltaico. Para ello, debemos asegurarnos que la digitalización industrial del sector”, sostiene José Donoso, director General de UNEF.

España cuenta además con una gran ventaja competitiva respecto a los países del entorno, al contar con un major recurso solar y territorio disponible para su desarrollo. La Estrategia Industrial Fotovoltaica planteada por UNEF incorpora otra serie de propuestas dirigidas a aprovechar esa ventaja competitiva y generar crecimiento económico para supercar la crisis del Covid-19.

Entre ellas, el desarrollo estable y predecible de la nueva capacidad fotovoltaica, de manera que las empresas de producción nacional en la cadena de valor puedan dimensionar sus instalaciones y tener la certidumbre suficiente para la toma de decisiones. Así como la reindustrialización de la economía mediante tecnologías bajas en carbono, diseñando una estrategia que tenga como objetivo la consolidación de la industria fotovoltaica nacional, promoviendo a nivel europeo el reconocimiento del sector fotovoltaico como una cadena de valor estratégica para Europa.

Por ultimo, la estrategia destaca la potencial oportunidad de aumentar la exportación de productos fotovoltaicos para mejorar la balanza comercial en el caso de una estabilización de la demanda interna y la consolidación de la capacidad de fabricación nacional.

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha trasladado este jueves a los jefes de Estado y de Gobierno que está «en sus manos» desbloquear en las negociaciones sobre el presupuesto de la UE para los próximos siete años y el fondo europeo de recuperación, que siguen estancadas tras varias rondas de conversaciones.

Este ha sido el mensaje que el italiano ha transmitido a los líderes europeos antes de comenzar la cumbre que se celebra este jueves y viernes de manera presencial en Bruselas. En su discurso en la sala, compartido por la Eurocámara, ha pedido concesiones a las capitales para superar el ‘impasse’.

«En este momento las negociaciones están atascadas. Está en sus manos que puedan avanzar», ha expresado el presidente del Parlamento Europeo, para después pedir a los Veintisiete que «actualicen» sus líneas rojas en la negociación.

«No estamos pidiendo empezar de cero, esto no va de poner en cuestión el acuerdo de julio sino de dar un pequeño paso que nos acercaría a la aprobación final del paquete», ha añadido.

La cumbre de líderes europeos tiene lugar un día después de que los Estados miembros rechazaran la última oferta de los eurodiputados, que pasaba por aumentar el presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 en 39.000 millones de euros, aunque el techo de gasto sólo subía en 9.000 millones según este planteamiento.

La Eurocámara reclama elevar la dotación de programas como Erasmus+, sanidad, investigación y ciencia, migración o agenda digital, pero los países se niegan a aumentar la cifra máxima para el Marco Financiero Plurianual (MFF) pactada por los jefes de Estado y de Gobierno en julio, que es de 1,074 billones para los siete años.

Así, Sassoli ha llamado a utilizar la «imaginación» e «instrumentos técnicos» en aras del acuerdo, al tiempo que ha recordado que el Parlamento Europeo ya ha cedido en muchas de sus pretensiones iniciales en aras de un acuerdo.

El bloqueo en las negociaciones sobre el presupuesto comunitario también mantiene congelados los avances para poner en marcha el fondo de recuperación de 750.000 millones con los que la UE pretende relanzar las economías tras el impacto provocado por la pandemia de Covid-19.

A todo ello se suma las divergencias sobre el mecanismo para vincular el pago de las ayudas europeas al respeto del Estado de derecho. Los países negocian para crear un instrumento que se limita a garantizar una gestión adecuada de los fondos europeos en cada país, pero la Eurocámara prefiere un reglamento que vaya más allá y pueda paralizar el desembolso ante ataques graves contra los valores y principios democráticos.

Esta cuestión divide a las capitales, porque Hungría y Polonia rechazan un mecanismo ambicioso sobre este punto, mientras que Países Bajos, los nórdicos y el Benelux están más alineados con las pretensiones de los eurodiputados.

El presidente del comité de empresa de la fábrica de Alu Ibérica en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ha avanzado que están ultimando una denuncia para presentar ante Fiscalía con las «ilegalidades» que, a su juicio, existen en la compraventa de la instalación.

«Estamos en una situación muy crítica», ha reiterado, en declaraciones a los periodistas, el presidente del comité de empresa tras una reunión con el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada.

«Hay suficiente documentación e información para que se obre con contundencia», ha recalcado incidiendo en que van a «elaborar» la denuncia y «presentarla» ante Fiscalía. «Desde el acuerdo de compra-venta y lo que pasó desde aquel momento», ha dicho tras la venta de Alcoa al fondo Parter y este, posteriormente, al Grupo Riesgo.

Corbacho ha vuelto a denunciar que en ese proceso por parte de Alcoa hubo «mala fe». Quiso deshacerse por capítulos del aluminio primario en España» y, por ello, ha exigido una solución al Gobierno que, a su juicio, pasa por «la intervención» tanto de las plantas de A Coruña y Avilés, actualmente Alu Ibérica, y la de Alcoa, en San Cibrao (Lugo).

PLAN INDUSTRIAL

En respuesta a este anuncio, el Grupo Industrial Riesgo insiste en que el proceso de venta de las plantas de aluminio de A Coruña y Avilés «se ha llevado a cabo cumpliendo todos los requisitos normativos y de procedimiento exigidos para la adquisición en nuestro país».

«Incluso, el acuerdo, ha sido rectificado, posteriormente, ante notario, a petición del vendedor original, reconfirmándose la adhesión a todos los contratos». Por otra parte, indica que las plantas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés «se están gestionando actualmente bajo las directrices de un plan industrial claro y definido, que actualmente se está aplicando».

Dentro de este plan industrial y concretamente a la planta de A Coruña se ha destinado una inversión de 1,3 millones de euros para su conversión a gas natural, necesaria para garantizar una producción sostenible. «También en esta planta se ha realizado ya la reparación del horno 1B, con el que se aumentará la producción en un 25%».

«Con estos pasos, la dirección de Alu Ibérica trabaja en reconvertir las plantas a la producción de aluminio verde circular», añade en un comunicado.

POSTURA DEL GOBIERNO

Por su parte, el delegado del Gobierno, Javier Losada, ha trasladado al comité que el Ejecutivo «comparte sus preocupaciones acerca de la actividad industrial de la actual factoría», ha informado al término de la reunión.

Durante el encuentro, al que ha asistido la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo, ha reafirmado, según explica la Delegación del Gobierno, que se «mantiene firme el compromiso que adoptó cuando se produjo la venta de la fábrica». «Supervisar el proceso y este Gobierno lo está cumpliendo», recalca.

Así, les ha explicado que tanto el Ministerio Fiscal como Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo y Abogacía del Estado están analizando las denuncias y los informes de la empresa propietaria para confirmar si existen «incumplimientos del contrato de compraventa».

«Y, en consecuencia, actuar en defensa de la actividad industrial y de los trabajadores». «Estamos comprobando todos los datos por si es preciso tomar decisiones por vía administrativa o incluso por la vía judicial».

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), va a adelantar a las comunidades autónomas las cantidades para el pago desde este viernes de los anticipos de las ayudas directas de la Politica Agraria Común (PAC), correspondientes a la campaña 2020.

En concreto, España solicitó el pasado mes de marzo, con el apoyo de otros Estados miembros, elevar el anticipo de los pagos directos de la PAC del 50% al 70% para dotar de mayor liquidez y asegurar la viabilidad de las explotaciones en un momento difícil como el actual por la crisis sanitaria del coronavirus.

Estos anticipos permiten un adelanto de las ayudas directas, entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre, que alcanzará los 3.420 millones de euros, del total de los 4.954 millones que se prevé abonar en la campaña 2020, que beneficiarán a 680.000 agricultores y ganaderos que han presentado la solicitud única de ayudas en esta campaña y dotará de liquidez a las explotaciones.

La cantidad anticipada engloba el pago del régimen de pago básico y el pago verde, que puede suponer un adelanto de 2.937 millones de euros.

Agricultura ha señalado que siete comunidades autónomas han solicitado ya al FEGA los fondos necesarios para comenzar a realizar dichos pagos desde este viernes, lo que supone una cantidad cercana a los 2.000 millones de euros, mientras que el resto de regiones tiene previsto abonar los anticipos en las siguientes semanas.