El autónomo que ya cobra la pensión puede seguir trabajando y mantener el 100% del cobro si sus ingresos no pasan del SMI. En 2026, ese límite equivale a 17.094 euros brutos al año, y se calcula sobre los rendimientos netos, no sobre lo que facturas.

Cuánto puedes ingresar sin perder la pensión

La regla está en el artículo 213.4 de la Ley General de la Seguridad Social: la pensión de jubilación es compatible con una actividad por cuenta propia siempre que los ingresos anuales de esa actividad no superen el SMI en cómputo anual. Traducido: facturas sin perder la pensión.

El techo, para 2026, son 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que deja el límite anual en 17.094 euros brutos. Por debajo de esa cifra, la pensión se mantiene íntegra. Por encima, dejas de encajar en este supuesto. Nada de tramos ni letra pequeña: una única cifra.

Aquí está el detalle que cambia todo: el límite se mide sobre los rendimientos netos. El Tribunal Supremo ha aclarado que deben descontarse los gastos deducibles de la actividad antes de comparar con el SMI, y no tomar como referencia la facturación bruta. Si facturas 30.000 euros y tus gastos deducibles suman 15.000, tu rendimiento neto se queda en 15.000 y sigues dentro.

Eso sí: la norma no obliga a cotizar por esa actividad, pero tampoco genera derechos de prestación nuevos. Es decir, no suma cotización a efectos de futuras prestaciones, porque no hay aportación detrás. Y las obligaciones tributarias siguen en pie: si la actividad está sujeta, toca liquidar el IVA que corresponda y declarar los ingresos en el IRPF por el régimen que te sea aplicable.

Cobrar la pensión íntegra y facturar no es incompatible; lo que marca la línea es el beneficio neto, no lo que entra por caja.

Quién entra y qué obligaciones no desaparecen

El punto de partida es tener reconocida la pensión de jubilación. A partir de ahí, lo que decide es la cifra de ingresos: no hay un tope de horas ni una lista cerrada de ocupaciones que valgan o no valgan dentro de este supuesto.

Y no es un matiz menor. Dentro de la jubilación activa hay varios escenarios, y este es el que permite mantener el 100% de la prestación mientras los rendimientos no crucen el umbral del salario mínimo.

Lo que no desaparece son las obligaciones fiscales. La compatibilidad con la pensión no exime de declarar los ingresos en el IRPF y repercutir el IVA cuando toque. Son dos planos distintos: el de la Seguridad Social, que mira los ingresos para permitir el cobro; y el de Hacienda, que grava la actividad según las reglas de siempre.

Para quien compatibiliza, el control es sencillo: sumar los ingresos del año y comprobar que la cifra no se pasa. Si a mitad de ejercicio ves que te acercas al límite, mejor frenar que quedarte fuera del supuesto.

Conviene no mezclar conceptos. El límite de ingresos no tiene que ver con tu base de cotización ni con la cuota que hayas pagado a lo largo de tu vida laboral: aquí se mide lo que ingresa la actividad, no lo que cotizaste antes. La cifra manda.

Qué ha cambiado y qué mirar antes de decidir

La última palabra sobre cómo se mide el umbral la ha tenido el Tribunal Supremo, que zanjó que se atiende al rendimiento neto y no a la facturación. Para muchos pensionistas con gastos altos, la diferencia entre calcular sobre bruto o sobre neto decide si siguen o no cobrando el 100%. Ese es el detalle.

El contexto también importa. El SMI se revisa cada año, y con él sube o baja el techo de ingresos compatibles: cuanto más alto esté el salario mínimo, más margen tiene el pensionista que quiera seguir facturando. Ese vínculo automático es la parte que más merece la pena vigilar, porque cambia cada ejercicio.

Antes de decidir, conviene hacer el cálculo de de los rendimientos netos con todos los gastos deducibles incluidos, guardar las facturas y los justificantes, y revisar cada trimestre que la cifra no se desmadre. Un cierre de año por encima del umbral te saca del supuesto.

Lo que viene: cualquier ajuste futuro del SMI moverá el listón otra vez. Si tu plan es seguir facturando después de jubilarte, la referencia de 2026 es la que tienes hoy, y merece la pena volver a mirarla cuando se confirme el salario mínimo del próximo ejercicio. Nada más.

Guía rápida del trámite

• 📅 Plazos: No hay convocatoria ni fecha límite; la compatibilidad se mantiene mientras la actividad siga por debajo del umbral de ingresos.
• ✅ Requisitos clave: Tener reconocida la pensión de jubilación y que los rendimientos netos anuales de la actividad no superen el SMI (17.094 euros en 2026).
• 🌐 Dónde consultarlo: En la web de la Seguridad Social y en tu oficina de la TGSS, con cita previa o certificado digital.
• 💰 Importe o coste: Se mantiene el 100% de la pensión; no hay obligación de cotizar por la actividad, aunque tampoco genera derechos nuevos.
• ⚠️ Error a evitar: Calcular el límite sobre la facturación bruta en lugar de sobre los rendimientos netos, tal y como aclaró el Tribunal Supremo.

El PNV pide flexibilizar los contratos públicos intensivos en mano de obra, una reclamación que aprieta de lleno el bolsillo de las pymes y los autónomos que licitan con la administración.

El próximo martes 29 de septiembre, la senadora María Dolores Etxano preguntará en el Senado al ministro de Hacienda, Arcadi España, qué piensa hacer el Gobierno ante la subida de los costes salariales en este tipo de contratos. La petición es concreta: que la administración pueda revisar los precios de los contratos de servicios que ya están en vigor.

Qué pide el PNV y por qué te toca el bolsillo

El problema tiene nombre. La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público impide a la administración revisar los precios de los contratos de servicios mientras se están ejecutando. Traducido a la vida real: si firmas un contrato de limpieza a tres años y en enero sube el SMI o el convenio, el sobrecoste lo asumes tú.

La revisión de precios no es libre. La propia ley la restringe, y el PNV sostiene que esa rigidez es justo lo que impide ajustar los contratos de servicios ya en vigor. Cuando el precio no se puede tocar, al adjudicatario solo le queda aguantar.

El PNV lo describe como un desfase que compromete la viabilidad del contrato y el empleo. Y no exagera. Cuando el pliego congela el precio y la nómina sube cada año, el margen se lo come la diferencia.

Con el precio congelado y la nómina subiendo, el contrato deja de ser un negocio y pasa a ser una cuenta atrás.

La clave está en que el precio se fija al licitar y ya no se mueve. Da igual que el coste real de la mano de obra se dispare: el adjudicatario cobra lo mismo hasta el último día.

La subrogación añade otra capa. Cuando un contrato público cambia de manos, el nuevo adjudicatario hereda al personal del anterior con sus condiciones de convenio. Si el pliego no previó esa subida, la cuenta no sale.

Quién queda atrapado por el pliego

El problema se ceba con los servicios intensivos en mano de obra: limpieza,, cuidados, intervención social. Son contratos donde la mayor parte del coste es nómina, así que cualquier subida salarial golpea directo al margen. También afecta a muchas empresas de economía social, según el PNV.

Son contratos que se renuevan cada pocos años y que mueven a miles de trabajadores en toda España. Cuando el precio no se actualiza, la tensión no se queda en el despacho del empresario: baja hasta la plantilla, que es la primera que nota los recortes de horas o de refuerzos.

El error que más caro sale es licitar sin leer la letra pequeña del pliego. Hay contratos que obligan a subrogar a toda la plantilla y otros que ni detallan las condiciones del personal. Si no revisas las cláusulas de revisión de precios y de subrogación antes de presentar la oferta, el susto llega al firmar.

Un problema que vuelve cada vez que sube el SMI

Esto no es nuevo. Cada subida fuerte del SMI o del convenio reabre el mismo debate: la ley obliga al proveedor a pagar más, pero le prohíbe pedir más.

El precedente es la propia norma. La Ley de Contratos de 2017 dejó la revisión de precios muy acotada, y el desajuste que ahora denuncia el PNV viene de ahí. El debate no es si la mano de obra se ha encarecido, sino quién lo paga cuando la administración firma un precio cerrado.

La petición del PNV tiene lógica, y no solo para el proveedor. Si los contratos de limpieza o cuidados dejan de ser rentables, las licitaciones se quedan desiertas o las ganan quienes recortan calidad para cuadrar números. Al final, la administración paga menos por el servicio y recibe menos servicio. Flexibilizar la revisión de precios no es un favor al adjudicatario: es la forma de que el contrato siga teniendo sentido para ambas partes.

Lo que hay que vigilar a partir de ahora es si el Gobierno mueve ficha y por dónde. Puede optar por una modificación normativa de la Ley de Contratos o por instrucciones más flexibles para los órganos de contratación. Mientras tanto, si eres proveedor, guarda la documentación de tus costes: si llega el cambio, querrás tener a mano la subida de nóminas que llevas años absorbiendo.

Guía rápida del trámite

• 📅 Plazos: La senadora del PNV preguntará al Gobierno el martes 29/09/2026. El calendario de una posible reforma no está detallado en la fuente oficial.
• ✅ Requisitos clave: Ser pyme o autónomo adjudicatario de contratos públicos de servicios intensivos en mano de obra. Estar sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público y asumir la subrogación del personal.
• 🌐 Dónde solicitarlo: No es un trámite de solicitud. Las licitaciones se publican en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con certificado digital o Cl@ve para operar.
• 💰 Importe o coste: El sobrecoste salarial que absorbe el adjudicatario cuando sube el SMI o el convenio. Cifra exacta no detallada en la fuente oficial.
• ⚠️ Error a evitar: Presentar la oferta sin revisar las cláusulas de revisión de precios y de subrogación del pliego.

La devolución de Hacienda por ingresos indebidos suma intereses de demora. El TEARA acaba de fijar un límite a las reliquidaciones: 13 años y 600.000 euros.

El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Aragón (TEARA) ha dado la razón a dos herederos aragoneses tras más de trece años de litigio. La resolución, ratificada por el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), les reconoce más de 600.000 euros abonados de más en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Pero el alcance va más allá del dinero.

Lo que fija el tribunal es un tope a la Administración: no puede reliquidar sin fin hasta que acierte. Y ese principio funciona como red de seguridad para cualquier autónomo al que le hayan anulado una liquidación.

Qué ha decidido el TEARA: la doctrina del ‘doble tiro’

El caso arranca en enero de 2009, con la autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones presentada tras el fallecimiento de una tía de los dos reclamantes. A partir de ahí, la Inspección del Gobierno de Aragón abrió una comprobación de valores que se ha alargado más de una década.

En ese tiempo se practicaron cuatro valoraciones, y cuatro liquidaciones del impuesto. Todas cayeron: los órganos de revisión las anularon, sobre todo por la insuficiente motivación de los informes del perito tercero designado en la tasación pericial contradictoria.

Hacienda puede repetir una liquidación anulada, pero no tiene intentos infinitos: ese límite también protege al autónomo que pleitea.

Cada anulación venía seguida de un nuevo intento. El TEARA califica ese encadenado de ‘mala praxis en el ejercicio de las potestades administrativas’ y avisa de que permitir liquidaciones sucesivas hasta que la Administración acierte choca con los principios de buena administración, buena fe y seguridad jurídica.

El tribunal enlaza con la doctrina del ‘doble tiro’ que fijó el Tribunal Supremo: cuando una liquidación se anula, la Administración puede dictar un segundo acto que sustituya al anterior, pero esa facultad tiene un límite. Son dos intentos, no cien. Aquí se duplicó el margen.

La conclusión trasciende el caso aragonés: la Administración puede corregir sus errores, pero no dispone de oportunidades ilimitadas. Y eso vale igual para un impuesto cedido a una comunidad autónoma, como Sucesiones, que para un procedimiento tributario estatal.

Cómo reclamar a Hacienda una devolución de ingresos indebidos

Si Hacienda te ha cobrado de más —por una autoliquidación con un error, por una duplicidad o por una liquidación que después se anuló— tienes derecho a recuperar el dinero. Y no solo la cuota: la devolución suma siempre los intereses de demora devengados desde el ingreso indebido hasta que se acuerda la devolución.

Es la Ley General Tributaria la que obliga a abonar esos intereses junto al principal. El tipo aplicable lo fija la Ley de Presupuestos de cada ejercicio, así que conviene comprobar el vigente antes de echar cuentas.

Vamos por partes con las vías.

Rectificación de autoliquidación. Es la senda del autónomo que presentó un modelo —el 303 del IVA, el 130 del pago a cuenta del IRPF o el 100 de la renta— con un error que le hizo ingresar de más. Se pide a la Agencia Tributaria una solicitud de rectificación y, si se estima, devuelve el exceso con intereses. El derecho se mantiene mientras no pase el plazo general de prescripción de cuatro años.

Recurso de reposición y reclamación económico-administrativa. Si lo que tienes es una liquidación o una sanción ya notificada, el reloj corre. El recurso de reposición, ante la propia Administración, y la reclamación ante el TEAR se interponen en el plazo general de un mes. Si el acto no se impugna a tiempo, queda firme y la puerta se cierra.

Hay un tercer escenario, el de este caso: que la Administración insista una y otra vez en reliquidar. Ahí entra la doctrina del ‘doble tiro’. Si ya has ganado una anulación y Hacienda vuelve a la carga por tercera vez, ese exceso de intentos es, en sí mismo, motivo de reclamación.

Ojo con dos fallos que se repiten: dejar pasar el mes del recurso confiando en que ‘ya se arreglará’, y reclamar la cuota olvidándose de los intereses de demora, que en un procedimiento largo pesan lo suyo.

Lo que este caso cambia para el autónomo que pelea contra Hacienda

No es la primera vez que los tribunales económico-administrativos frenan la reiteración de actos anulados. La doctrina del ‘doble tiro’ lleva años en la jurisprudencia del Supremo. Lo relevante aquí es que el TEAC la ratifique en un supuesto de mala praxis tan claro: cuatro valoraciones y cuatro liquidaciones caídas.

Para el autónomo, la lectura práctica es doble. Una anulación previa no te deja indefenso ante una nueva liquidación mal motivada: puedes invocar este criterio. Y el sistema premia la constancia documental: quien guarda cada requerimiento, cada informe y cada resolución parte con ventaja.

Queda una pregunta abierta: hasta qué punto los tribunales extenderán este tope a los procedimientos de gestión masiva, como las comprobaciones de IVA o las regularizaciones de IRPF que afectan a miles de autónomos. La doctrina está asentada; su aplicación caso a caso seguirá dependiendo del tribunal que toque.

Lo que no cambia es el plazo. Reclamar a Hacienda tiene fecha de caducidad, y el interés de demora corre a tu favor solo si mueves ficha.

Guía rápida del trámite

• 📅 Plazos: Cuatro años para la rectificación de la autoliquidación; un mes para el recurso de reposición y la reclamación ante el TEAR.
• ✅ Requisitos clave: Haber ingresado una cantidad indebida o tener un acto tributario que corregir. No hace falta estar dado de alta para reclamar.
• 🌐 Dónde solicitarlo: En la sede electrónica de la AEAT, con certificado digital o Cl@ve, o de forma presencial.
• 💰 Importe o coste: Se recupera la cuota indebida más los intereses de demora, cuyo tipo fija la Ley de Presupuestos de cada año.
• ⚠️ Error a evitar: Dejar pasar el mes de impugnación y que el acto quede firme, o reclamar solo la cuota sin los intereses.

Jorge, 23 años, se ha graduado en Educación y ya ha tramitado el alta como autónomo agrario en Aldea del Rey (Ciudad Real). Recogió el título el 20 de junio en la Universidad de Córdoba; al día siguiente ya estaba echando fertilizante a sus olivos.

Su caso retrata dos problemas a la vez: el de los titulados que no encuentran hueco y el de un campo que se queda sin relevo generacional. Y, de paso, aclara qué papeles, qué cuota y qué ayudas esperan a quien decide dar el paso.

Qué trámites exige el alta de un autónomo agrario

El alta se parte en dos trámites que no conviene mezclar: el censal, ante Hacienda, y el de la Seguridad Social, que le encuadra en el RETA, el régimen de los trabajadores por cuenta propia. El primero se resuelve con el modelo 036 en la sede de la Agencia Tributaria, o con el 037 si se opta por la versión simplificada. Ahí se declara a qué actividad se dedica y en qué régimen fiscal tributa.

Toca después el alta en el RETA a través de el portal Importass de la Seguridad Social, que se puede tramitar por internet con certificado digital o con Cl@ve. En ese momento se elige la base de cotización, y aquí llega el primer aviso: la cuota no es lo mismo que la base sobre la que se calcula. Subir la base encarece la cuota, pero no en la misma proporción.

Desde la reforma de la cotización por ingresos reales, la cuota se ajusta después según lo que el autónomo gana de verdad. Quien empieza elige un tramo y la Seguridad Social lo regulariza al año siguiente: si declara menos de lo que cotizó, le devuelven; si declara más, paga la diferencia. Conviene elegir la base con el rendimiento real en la cabeza, no con el optimismo.

Para una explotación agraria hay, además, una particularidad fiscal. La actividad agrícola puede acogerse al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca a efectos de IVA, y puede tributar en estimación objetiva (el sistema de módulos) en el IRPF. Ninguna de las dos opciones es automática ni se elige a la ligera: condicionan la factura fiscal de todo el año.

Dos altas, un régimen fiscal que condiciona el año entero y una ayuda que no se concede sola: el alta agraria no perdona los despistes.

Las ayudas que sí existen para un joven agricultor

La primera vía es europea. La PAC 2023-2027 reserva al menos el 3% de los fondos directos a los jóvenes agricultores, con primas de primera instalación de entre 20.000 y 80.000 euros, según la información publicada sobre el caso. A eso se suma un pago complementario a la renta durante cinco campañas, un 15% mayor cuando la titular es una joven agricultora.

Existe además la vía estatal: la tarifa plana de autónomos, la cuota reducida que se aplica al alta de quien no ha estado inscrito en el RETA en los dos años anteriores. Rebaja el pago mensual durante los 12 primeros meses y puede prorrogarse otros 12 si los rendimientos netos se quedan por debajo del salario mínimo interprofesional. El importe exacto vigente se confirma al tramitar el alta en Importass.

Y ahí está el despiste que más dinero cuesta: la tarifa plana no se concede sola, hay que pedirla en el alta. Quien la olvida cotiza por la cuota general desde el primer día y ya no puede recuperar los meses perdidos. Con las ayudas autonómicas de incorporación pasa algo parecido: van por convocatoria anual y quien llega tarde espera un año entero.

El relevo generacional que no llega

Los números del campo explican por qué un caso como el de Jorge llama tanto la atención. Según la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas del INE, de los 784.141 jefes de explotación que hay en España solo el 14,09% tiene 44 años o menos, y por debajo de los 25 la cifra cae al 0,51%: 4.026 personas en todo el país.

Al mismo tiempo, el 35,8% de los graduados trabaja en puestos de baja cualificación, según el Informe CYD, la tasa más alta de la Unión Europea, cuya media se sitúa en el 21,9%. La mezcla es incómoda: formación que no encuentra encaje y un sector primario que se apaga por falta de manos.

La lectura fácil sería decir que Jorge huye del paro. No parece el caso. Junto a su padre gestiona unas 105 hectáreas volcadas en cultivos leñosos más rentables que el cereal, del olivar al almendro y sobre todo el pistacho, ese en el que Castilla-La Mancha concentra el 81% de la superficie nacional. Su decisión deja una pregunta que no es suya, sino del sistema: cuántos titulados harían lo mismo si la primera instalación y las ayudas llegaran con menos fricción administrativa.

Guía rápida del trámite

• 📅 Plazos: el alta censal y la de la Seguridad Social se presentan antes de iniciar la actividad; las ayudas a jóvenes agricultores van por convocatoria anual de cada comunidad autónoma.
• ✅ Requisitos clave: no haber estado dado de alta en el RETA en los dos años previos para la tarifa plana; para las ayudas, cumplir los requisitos de edad y de explotación de cada convocatoria.
• 🌐 Dónde solicitarlo: el alta censal en la sede de la AEAT (modelo 036 o 037) y la cotización en Importass; las ayudas, en la consejería de Agricultura de la comunidad autónoma, con certificado digital o Cl@ve.
• 💰 Importe o coste: la cuota mensual de autónomo según base y rendimientos, reducida con la tarifa plana el primer año; las primas de primera instalación de la PAC se mueven entre 20.000 y 80.000 euros.
• ⚠️ Error a evitar: no pedir la tarifa plana en el momento del alta y perder la convocatoria anual de ayudas por no presentar la solicitud en plazo.