Accenture sufrió este jueves un desplome del 18% en la Bolsa de Nueva York, una caída que pulveriza la mitad de su valor en los últimos seis meses. El batacazo se produjo tras publicar los resultados de su tercer trimestre fiscal y rebajar sus perspectivas de crecimiento, y arrastró a gigantes como Capgemini y Cognizant. La señal de alarma es global: la inteligencia artificial empieza a erosionar el negocio central de las firmas de servicios tecnológicos.

Claves de la operación

• Desplome histórico. Accenture perdió un 18% en la sesión y su capitalización cayó hasta los 82.000 millones de dólares, niveles de 2017.
• Contagio inmediato. Capgemini se dejó un 8,87% en París y Cognizant más de un 10% en Nueva York; Jefferies advierte de que el miedo a la IA no puede despejarse.
• El negocio del outsourcing, en el punto de mira. Las contrataciones de servicios gestionados se hundieron un 15% interanual, el segmento más expuesto a la automatización.

Un desplome que borra la mitad del valor en seis meses

La jornada fue un terremoto para la mayor consultora tecnológica del mundo. Las acciones de Accenture cerraron en el entorno de los 128 dólares, frente a los 156,01 del cierre anterior, lo que representa una pérdida de capitalización de más de 70.000 millones de dólares desde los máximos postpandemia. La compañía, que en 2024 llegó a valer más de 200.000 millones de dólares, ha visto cómo su cotización se reducía a unos 82.000 millones en apenas seis meses.

Pese al castigo, los números del tercer trimestre fiscal, cerrado el 31 de mayo de 2026, no fueron malos en términos absolutos. Los ingresos alcanzaron los 18.718 millones de dólares, un 5,6% más que un año antes, y el beneficio neto atribuible a la matriz creció un 6,4%, hasta los 2.339 millones de dólares. El beneficio por acción subió un 9%, hasta los 3,80 dólares, y el margen operativo mejoró dos décimas, situándose en el 17%.

Sin embargo, la señal de alarma viene de la contratación futura. Las nuevas reservas de negocio se situaron en 19.300 millones de dólares, un 2% menos en moneda constante que en el mismo periodo del año anterior, y un fuerte frenazo respecto a los 22.100 millones del trimestre precedente. El desglose revela que el negocio de consultoría creció, pero los servicios gestionados (outsourcing) se desplomaron un 15% interanual, según el análisis de Jefferies. Es precisamente ese segmento el más expuesto a la automatización que prometen los grandes modelos de inteligencia artificial.

La inteligencia artificial siembra el pánico en el sector

El contagio fue inmediato. Capgemini, la consultora francesa, perdió un 8,87% en la Bolsa de París y cerró en mínimos de las últimas 52 semanas. Cognizant se hundió más de un 10% en Nueva York, arrastrada por la rebaja de previsiones de su competidor. En un informe publicado este jueves Jefferies califica los resultados de decepcionantes y alerta de que reavivarán las dudas sobre si la demanda de servicios de consultoría aguantará en un mundo dominado por la inteligencia artificial. El banco de inversión no esconde la gravedad del envite: “el problema es que ese miedo no se puede rebatir. Nadie puede probar que la IA no vaya a erosionar el negocio”.

El mercado castiga no los resultados de un trimestre, sino la posibilidad de que el negocio de miles de consultores sea sustituido por un puñado de agentes de IA.

Los inversores llevan meses preguntándose si los avances en modelos de lenguaje y los agentes autónomos permitirán a los clientes corporativos prescindir de los equipos humanos de consultoría. Accenture, con más de 700.000 empleados en todo el mundo, es el termómetro del sector, y el termómetro acaba de marcar fiebre. Aunque su presidenta y consejera delegada, Julie Sweet, defendió un “sólido tercer trimestre” y destacó que la firma ha cerrado 104 contratos de más de 100 millones de dólares en lo que va de año, admitió que los presupuestos tecnológicos de sus clientes no están creciendo. Esa parálisis es la que descuenta el mercado.

Para blindarse, Accenture está apostando fuerte por las adquisiciones. Su presupuesto para compras ascenderá a 9.000 millones de dólares este ejercicio, más del doble de lo previsto inicialmente. Este mismo jueves anunció tres operaciones de ciberseguridad —runZero, NetRise y una participación mayoritaria en Dragos— por un valor conjunto de 4.200 millones de dólares, que se suman a la compra de la start-up británica Faculty por unos 1.000 millones en enero. La estrategia es clara: integrar capacidades de IA y seguridad antes de que los clientes las busquen fuera de la casa.

La sombra de la IA planea sobre la consultoría española

En España, Accenture es uno de los grandes empleadores del sector TIC, con más de 15.000 profesionales y contratos estratégicos con la banca, las telecos y la Administración. La corrección en Wall Street no es un fenómeno lejano: si el gigante mundial reduce sus previsiones, los proyectos que alimentan las filiales locales pueden ralentizarse. Las grandes consultoras españolas, que pivotan hacia la IA generativa y la nube, observan con inquietud cómo la narrativa de la “canibalización” de ingresos por la IA gana terreno entre los analistas.

Históricamente, Accenture ha sido un barómetro de la demanda de transformación digital en España, desde los grandes planes de digitalización bancaria hasta la adaptación a las normativas de protección de datos. La pregunta ahora es si la corrección bursátil de este jueves es un episodio pasajero de toma de beneficios o el primer capítulo de una reestructuración profunda del sector. Mientras los agentes de IA no demuestren que pueden sustituir de forma fiable las horas de consultoría, el castigo bursátil puede ser excesivo. Sin embargo, basta con que un puñado de grandes clientes recorte sus contratos para que la previsión se convierta en realidad.

La próxima cita con los inversores —el cierre del ejercicio fiscal, que acaba el 31 de agosto— ofrecerá una prueba de fuego. Si los nuevos pedidos no se recuperan, el mercado habrá pasado del miedo a la evidencia. Y entonces el desplome de este jueves será recordado como la señal que muy pocos quisieron ver.

Hacienda podrá seleccionar contribuyentes e inspeccionarlos con inteligencia artificial sin que estos conozcan los criterios. El Gobierno ha introducido en el último trámite de la Ley de IA una modificación de la Ley General Tributaria que blinda el carácter reservado de estas herramientas, impidiendo el acceso público y la comunicación a los afectados.

Claves de la operación

• El secreto de los algoritmos queda blindado. La reforma del artículo 116 de la Ley General Tributaria establece que la información sobre los sistemas informáticos de la Agencia Tributaria no podrá ser objeto de publicidad, comunicación ni acceso público, ni se pondrá de manifiesto a los obligados tributarios ni a órganos ajenos a la aplicación de los tributos.
• Se introduce en el último trámite, sin informes preceptivos. La cláusula se incorporó en la fase final del proyecto de Ley Orgánica del buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, por lo que no ha sido evaluada por órganos como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial o la Junta Electoral Central.
• Choque directo con la doctrina del Tribunal Supremo. En septiembre de 2025, el alto tribunal obligó a la Administración a abrir los algoritmos del programa BOSCO para garantizar el derecho de acceso a la información pública, sentenciando que las decisiones automatizadas exigen transparencia.

El artículo 116 blinda la opacidad de los sistemas de inspección fiscal

El texto de la reforma, que acaba de iniciar su tramitación en el Congreso, modifica el artículo 116 de la Ley General Tributaria. El punto más polémico es el apartado 3, que declara que los datos sobre estos sistemas “no serán objeto de publicidad, comunicación o acceso público, ni se pondrá de manifiesto a los obligados tributarios”. La medida, según el Ejecutivo, responde a la necesidad de proteger la eficacia de las actuaciones inspectoras y evitar la elusión fiscal.

Sin embargo, la redacción deja en el aire una pregunta clave: ¿a qué “órganos ajenos a la aplicación de los tributos” se refiere? La ambigüedad del término podría extenderse a jueces y tribunales, advierte el abogado fiscalista Esaú Alarcón, profesor de Derecho Tributario en la Universidad Complutense y socio de Gibernau. “Impide al ciudadano conocer qué sesgos informáticos o algoritmos han determinado que se le juzgue como presunto defraudador”, subraya.

Un cambio de última hora que esquiva los controles preceptivos

La modificación se coló en el texto durante el último trámite parlamentario, sin pasar por los informes preceptivos del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial ni la Junta Electoral Central. Es decir, mientras que el resto del proyecto de Ley de Inteligencia Artificial sí fue sometido a dictamen, esta cláusula tributaria quedó fuera del escrutinio institucional.

Alarcón va más lejos y sostiene que la reforma debería haberse tramitado mediante ley orgánica, ya que afecta a derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva. “Al no tener carácter orgánico, el cambio podría ser recurrido ante el Tribunal Constitucional”, apunta.

Hacienda podrá decidir quién es investigado mediante una inteligencia artificial que el contribuyente no podrá cuestionar.

La agencia tributaria ante el espejo: entre la eficiencia recaudatoria y los derechos del contribuyente

La Agencia Tributaria lleva décadas incorporando tecnología a sus procesos de control. La introducción de la inteligencia artificial como herramienta de selección de expedientes supone un salto cualitativo que la Administración ha evitado detallar. Hasta la fecha, la AEAT ha negado que utilice IA para decisiones concretas sobre contribuyentes, aunque su antigua directora general, Soledad Fernández, reconoció en marzo de 2026 que las instituciones públicas tendrán que plantearse su uso.

El antecedente más claro es el programa BOSCO, utilizado para conceder el bono social. En septiembre de 2025, el Tribunal Supremo obligó al Gobierno a revelar los algoritmos que determinaban qué ciudadanos recibían la ayuda, sentando jurisprudencia sobre la transparencia de las decisiones automatizadas. La nueva norma parece diseñada para sortear esa exigencia en el ámbito tributario.

El alto tribunal subrayó entonces que “el derecho de acceso a la información pública es un derecho constitucional ejercitable frente a la Administración” y que, ante el uso de nuevas tecnologías, “deben conllevar exigencias de transparencia de los procesos informáticos seguidos”. La sentencia obliga a proporcionar a los ciudadanos la información necesaria para comprender el funcionamiento de los algoritmos, un mandato que la reforma fiscal ahora bloquea.

Desde esta redacción entendemos que el blindaje de la opacidad fiscal con inteligencia artificial erosiona la confianza ciudadana en el sistema tributario. Si un contribuyente no puede saber por qué ha sido seleccionado para una inspección, difícilmente podrá ejercer su derecho a la defensa. La tensión entre eficacia recaudatoria y garantías constitucionales queda aquí expuesta con toda su crudeza.

El proyecto de ley inicia ahora su andadura en el Congreso. Las enmiendas determinarán si los grupos parlamentarios están dispuestos a mantener una cláusula que, según los expertos, mina los principios de transparencia que la propia Ley de Inteligencia Artificial dice perseguir.