Una española dirigirá Airbus. Amparo Moraleda ha sido nombrada presidenta del mayor fabricante aeronáutico de Europa, un hito que ninguna ejecutiva de nuestro país había alcanzado en la industria aeroespacial continental. El nombramiento, que según fuentes del sector se hará efectivo en las próximas semanas, coloca a una directiva con décadas de experiencia en la cúpula de una compañía que factura más de 65.000 millones de euros anuales y emplea a 130.000 personas en todo el mundo.

Moraleda no llega a Airbus como una desconocida. Su trayectoria incluye la presidencia de IBM España durante siete años y posiciones en los consejos de administración de Iberdrola, Bankinter, Vodafone y CaixaBank, entre otros. Es, probablemente, la directiva española con mayor presencia acumulada en consejos del IBEX 35 en las últimas dos décadas.

El peso de España en Airbus cobra nueva dimensión

La designación de Amparo Moraleda como presidenta de Airbus no es casual. España representa aproximadamente el 10% de la carga industrial del consorcio europeo, con plantas en Getafe, Illescas, Puerto Real y Sevilla que emplean a más de 13.000 trabajadores directos. El país es socio fundador del programa aeronáutico junto a Francia, Alemania y Reino Unido, aunque históricamente ha ocupado posiciones secundarias en la gobernanza del grupo.

Hasta ahora. El nombramiento de Moraleda equilibra, al menos simbólicamente, una representación que llevaba años inclinada hacia París y Múnich. Francia mantiene el control ejecutivo a través del CEO Guillaume Faury, mientras Alemania ha dominado tradicionalmente la presidencia del consejo. Que una española ocupe ahora ese puesto no cambia el reparto accionarial —el Estado francés posee el 11%, el alemán cerca del 11% y el español apenas el 4%—, pero sí envía un mensaje sobre el peso cualitativo que Madrid quiere proyectar en la industria europea.

Cabe recordar que Airbus atraviesa un momento de transición. La demanda de aviones comerciales se ha disparado tras la pandemia, con una cartera de pedidos que supera las 8.500 unidades, récord histórico. Pero la cadena de suministro no da abasto. Los retrasos en entregas han tensado la relación con aerolíneas y la competencia de Boeing, aunque debilitada por sus propios problemas de calidad, sigue ahí.

Una trayectoria construida en la intersección de sectores

Amparo Moraleda Martínez, madrileña de 60 años, es ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por el IESE. Su carrera despegó en IBM, donde pasó de directiva local a presidenta de la filial española entre 2001 y 2008. Fueron años de transformación digital en la administración pública y el sector financiero, y Moraleda supo posicionar a IBM como proveedor de referencia.

Después vino el salto a los consejos. Iberdrola, Bankinter, Vodafone España, Solvay, Alstom. Un perfil que combina tecnología, energía, telecomunicaciones y banca, sectores que en los últimos años han convergido más de lo que aparentaban. Esa experiencia multisectorial es precisamente lo que Airbus necesita, me parece, para gestionar una transición hacia la aviación sostenible que requerirá alianzas inéditas con proveedores de hidrógeno, fabricantes de baterías y operadores energéticos.

Su fichaje no ha sido improvisado. Moraleda ya formaba parte del consejo de administración de Airbus desde 2015, donde ha presidido el comité de nombramientos y gobernanza. Conoce la casa por dentro. Sabe dónde están las tensiones entre accionistas estatales, entiende la lógica industrial franco-alemana y, según quienes han trabajado con ella, tiene una capacidad notable para mediar sin perder firmeza.

Lo que este nombramiento dice sobre el liderazgo europeo

Hay algo que llama la atención en la cobertura de esta noticia. La mayoría de los medios han destacado el hecho de que Moraleda sea mujer, la primera en presidir Airbus. Es cierto y relevante. Pero quizá más significativo sea que una ejecutiva formada íntegramente en España, sin paso por las grandes escuelas de negocios estadounidenses ni experiencia previa en París o Berlín, alcance la cúpula de una de las cinco mayores compañías industriales de Europa.

Durante años, el techo de cristal en la industria aeroespacial era doble: de género y de nacionalidad. Las posiciones de máxima responsabilidad quedaban reservadas para perfiles franco-alemanes, con alguna excepción británica. España aportaba ingenieros, técnicos y plantas de ensamblaje, pero rara vez directivos de primer nivel. Moraleda rompe ese patrón.

Eso sí, conviene no sobreinterpretar el nombramiento. La presidencia del consejo de Airbus es un cargo de supervisión y representación, no de gestión ejecutiva. Guillaume Faury seguirá tomando las decisiones operativas desde Toulouse. Moraleda presidirá las reuniones del consejo, velará por el buen gobierno y representará al grupo ante inversores institucionales y gobiernos. Influencia sí, pero no mando directo sobre la fábrica.

Aun así, el cargo tiene un peso específico en Airbus que no siempre existe en otras compañías. Los tres estados accionistas —Francia, Alemania y España— utilizan el consejo como foro de negociación sobre programas industriales, reparto de carga de trabajo y decisiones estratégicas como la ubicación de nuevas plantas o la asignación de contratos de defensa. Moraleda estará en el centro de esas conversaciones.

El reto de la aviación descarbonizada y las tensiones geopolíticas

Airbus no es solo aviones comerciales. La división de defensa y espacio representa cerca del 18% de los ingresos y está en plena expansión ante el rearme europeo. El programa FCAS (Future Combat Air System), que desarrollará el caza de sexta generación para Francia, Alemania y España, tiene un presupuesto estimado de 100.000 millones de euros y plazos que se extienden hasta 2040. España participa con el 33% del proyecto, una cuota que el Gobierno de Pedro Sánchez negoció con uñas y dientes.

En paralelo, la transición hacia una aviación menos contaminante obliga a Airbus a apostar por el hidrógeno como combustible alternativo. El proyecto ZEROe, presentado en 2020, contempla un avión comercial de cero emisiones para 2035. Es un objetivo ambicioso que requerirá inversiones masivas y coordinación con reguladores, aerolíneas y proveedores de infraestructura. Moraleda tendrá que supervisar que esa apuesta no descarrile por falta de recursos o por las inercias de una industria acostumbrada al queroseno.

El nombramiento llega, además, en un contexto geopolítico tenso. Las relaciones comerciales con China, segundo mercado mundial de aviación, se han complicado por las sanciones cruzadas y la competencia del fabricante local COMAC. Estados Unidos presiona a sus aliados para limitar transferencias tecnológicas, y Airbus debe navegar entre la dependencia de componentes asiáticos y las exigencias de soberanía industrial europea.

No es un cargo para quien busque tranquilidad. Pero Moraleda, a juzgar por su trayectoria, no parece de las que rehúyen la complejidad. Su prueba de fuego llegará cuando tenga que arbitrar el primer conflicto serio entre los intereses de París, Berlín y Madrid. Hasta entonces, el nombramiento queda como símbolo: España, por fin, tiene voz propia en la mesa grande de la industria aeroespacial europea.

El consejo de administración de Indra ha rechazado otorgar funciones ejecutivas a su presidente, Ángel Simón. La votación del pasado martes no alcanzó la mayoría reforzada de dos tercios que exigen los estatutos de la compañía para una decisión de esta envergadura. Un freno inesperado para quien llegó a la presidencia hace apenas un año con el respaldo explícito del Gobierno.

La operación parecía encarrilada. Simón había ido consolidando su posición en los últimos meses, ampliando su agenda de reuniones con directivos y su presencia en decisiones estratégicas que, sobre el papel, corresponden al consejero delegado. Pero el consejo ha dicho no.

Indra consejo administración: una votación que revela fracturas

Según ha podido confirmar ABC, la propuesta de dotar a Simón de capacidad ejecutiva obtuvo apoyos, pero insuficientes. Los estatutos de Indra requieren el voto favorable de al menos dos tercios de los consejeros para modificar las atribuciones del presidente. No se alcanzó ese umbral. La cifra exacta de votos a favor y en contra no ha trascendido oficialmente, aunque fuentes próximas al consejo hablan de una división más profunda de lo que el mercado anticipaba.

El rechazo tiene lecturas múltiples. La más inmediata: el equilibrio de poderes en Indra sigue siendo un asunto delicado. La compañía arrastra años de tensiones entre su accionariado público —la SEPI controla el 28% del capital— y los inversores institucionales, que han exigido repetidamente mayor independencia en la gestión.

Su perfil —expresidente de Agbar y consejero de CriteriaCaixa— le situaba como un candidato de consenso entre el Ejecutivo y el sector privado. Ese consenso, a la vista está, tiene límites.

El pulso por el gobierno corporativo en el IBEX

Lo ocurrido en Indra no es un caso aislado. En los últimos tres años, varias cotizadas españolas han vivido episodios similares de fricción entre presidencias no ejecutivas que aspiraban a ampliar su perímetro y consejos que han optado por preservar la separación de funciones. Banco Sabadell, Naturgy y la propia Telefónica han protagonizado debates internos sobre el reparto de poder en la cúpula.

La tendencia general en el gobierno corporativo europeo, sin embargo, apunta en la dirección contraria: separar claramente las funciones de supervisión (presidente) y gestión (consejero delegado). Los códigos de buen gobierno de la CNMV recomiendan esta división, aunque no la imponen. Indra, al frenar a Simón, se alinea de facto con esa doctrina.

Cabe recordar que el actual consejero delegado, José Vicente de los Mozos, lleva en el cargo desde mayo de 2023. Su nombramiento fue también controvertido: procedía de Renault y carecía de experiencia previa en el sector de defensa, lo que generó dudas en parte del accionariado. La relación entre ambos ejecutivos no ha sido conflictiva en público, pero la votación del martes sugiere que las líneas de mando no estaban tan claras como aparentaban.

Qué significa este bloqueo para Indra y su accionariado

El rechazo del consejo deja a Simón en una posición incómoda. Sigue siendo presidente, pero con un mandato limitado a funciones de representación y supervisión. No podrá tomar decisiones operativas ni firmar contratos en nombre de la compañía sin la rúbrica del consejero delegado. En la práctica, su capacidad de influencia queda acotada a lo que el propio consejo decida delegarle puntualmente.

Para el accionariado institucional, el resultado es una señal positiva. Los fondos internacionales que invierten en Indra —BlackRock, Norges Bank y varios gestores de índices— han presionado durante años para que la compañía refuerce su gobernanza. Una presidencia ejecutiva habría concentrado demasiado poder en una sola figura, según el criterio de varios de estos inversores, que prefieren estructuras más distribuidas.

La SEPI, por su parte, no se ha pronunciado públicamente. El holding estatal votó a favor de Simón en su momento, pero su posición en esta última votación no ha sido confirmada. Si la SEPI respaldó la ampliación de funciones y aun así no se alcanzaron los dos tercios, el mensaje es claro: los consejeros independientes y los representantes de otros accionistas han formado un bloque de contención.

Creo que este episodio dejará huella más allá de Indra. Las empresas estratégicas españolas con participación pública operan en un terreno ambiguo, donde las directrices del Gobierno conviven con las exigencias de los mercados. Cuando esas dos fuerzas colisionan, el consejo de administración se convierte en árbitro. Y no siempre el árbitro da la razón al que más grita.

La próxima junta de accionistas de Indra, prevista para junio de 2026, será el siguiente escenario de tensión. Si Simón o la SEPI deciden plantear una modificación estatutaria que rebaje el umbral de dos tercios, el debate volverá a la palestra. Hasta entonces, el presidente de una de las mayores tecnológicas españolas tendrá que conformarse con un despacho amplio y un poder recortado.

MasOrange, operador líder del mercado español por número de clientes, se ha alzado a la primera posición en el último estudio realizado por nPerf sobre las conexiones fijas que ofrecen distintos proveedores del mercado español. La Compañía ha obtenido la mejor puntuación global gracias, sobre todo, a sus extraordinarios registros en latencia, navegación y streaming de vídeo. 

Además, los clientes de MasOrange disfrutan del mejor rendimiento WiFi con la menor latencia, algo especialmente relevante porque impacta directamente en la experiencia de uso diaria.

De esta forma, MasOrange se consolida como el operador de internet fijo con mejor rendimiento global en España por segundo año consecutivo, alcanzando 135.819 puntos. Esta continuidad es reflejo de la fiabilidad de su red.

Su liderazgo en latencia (ms) se apoya en un resultado de 20,26 ms, siendo un indicador clave para usos avanzados como juegos online, videollamadas y aplicaciones en tiempo real.

Además, MasOrange ocupa la primera posición global en navegación web (%) con 77,92 y logra por primera vez el liderazgo en streaming de YouTube (%) con 84,63, un nuevo hito que refuerza su perfil de rendimiento equilibrado y completo.

Según Miguel Santos, Director General de Tecnología de MasOrange, “este reconocimiento de nPerf a nuestra red fija por segundo año consecutivo demuestra la solidez y fiabilidad de nuestra red y el esfuerzo continuo por ofrecer a nuestros clientes la mejor experiencia posible en los usos más exigentes, desde el trabajo en tiempo real hasta el entretenimiento digital. No se trata de un resultado puntual, sino del fruto de una apuesta sostenida por la calidad y la inversión que nos sitúa por encima de nuestra competencia una vez más”. 

Los mejores resultados de rendimiento de internet fijo en España para el periodo 2025–2026 confirman un escenario altamente competitivo entre los cuatro principales operadores del país. El último barómetro de nPerf pone de manifiesto cambios relevantes en el ranking, con MasOrange consolidando su liderazgo globa

Inditex ha confirmado que un tercero accedió sin autorización a bases de datos alojadas en un proveedor externo. El gigante gallego de la moda rápida, matriz de Zara, Massimo Dutti y otras siete marcas globales, investiga ahora el alcance real de la brecha. No es un incidente menor: hablamos de una empresa que facturó 35.947 millones de euros en su último ejercicio fiscal y gestiona datos de millones de clientes en 93 mercados.

La noticia, adelantada por La Voz de Galicia, coloca a Inditex en una lista incómoda. Booking sufrió un episodio similar hace semanas. Telefónica ha lidiado con filtraciones internas. El patrón se repite, y las preguntas también: ¿Están las grandes cotizadas españolas preparadas para un entorno donde los ciberataques ya no son excepcionales, sino rutinarios?

Inditex ciberataque: qué sabemos hasta ahora

La compañía ha sido escueta en su comunicación oficial. Confirma el acceso no autorizado, señala que los datos afectados estaban en infraestructura de un proveedor externo y asegura que está colaborando con las autoridades competentes. Punto. No hay cifras sobre registros comprometidos, ni detalle sobre qué tipo de información —personal, financiera, operativa— pudo quedar expuesta.

Esta opacidad tiene sentido desde el punto de vista legal. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) obliga a notificar brechas a la Agencia Española de Protección de Datos en un plazo máximo de 72 horas desde que se tiene conocimiento del incidente. Hablar antes de tiempo puede complicar la investigación y generar responsabilidades adicionales.

Pero el silencio también tiene costes. Los inversores odian la incertidumbre. La acción de Inditex cotiza en el IBEX 35 con una capitalización bursátil que ronda los 140.000 millones de euros, la mayor del selectivo español. Cualquier duda sobre la integridad de sus sistemas —o sobre su capacidad de respuesta— puede traducirse en volatilidad.

El problema no es Inditex, es el modelo

Aquí viene la parte incómoda. El ataque no se produjo en servidores de Inditex, sino en los de un proveedor externo. Esto es cada vez más frecuente. Las grandes corporaciones externalizan infraestructura, almacenamiento y procesos a terceros especializados. Ganan eficiencia y flexibilidad. Pero también ceden control.

El resultado es una cadena de suministro digital donde el eslabón más débil determina la seguridad del conjunto. Da igual que Inditex invierta millones en ciberseguridad si un subcontratista tiene protocolos laxos o personal sin formación adecuada. El atacante siempre busca la puerta más fácil.

No es un problema exclusivo del sector textil. Sanidad, banca, energía, distribución: todos los sectores dependen de proveedores tecnológicos. Y todos enfrentan el mismo dilema. ¿Cómo auditar la seguridad de decenas —a veces cientos— de colaboradores externos? ¿Quién responde cuando falla un tercero?

Ciberseguridad IBEX 35: una asignatura pendiente

Me cuesta no ver un patrón. Booking, Telefónica, ahora Inditex. El denominador común es el tamaño: son empresas grandes, con estructuras complejas, muchas filiales y proveedores dispersos por todo el mundo. Eso las convierte en objetivos atractivos para grupos de ciberdelincuentes, pero también en organizaciones donde es más difícil mantener una política de seguridad coherente.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) gestionó más de 83.000 incidentes en España durante 2025, un 24% más que el año anterior. La tendencia es clara. Los ataques crecen en volumen y sofisticación. Los recursos de defensa crecen también, pero no al mismo ritmo.

Las empresas del IBEX 35 publican cada vez más información sobre sus políticas de ciberseguridad en los informes anuales de gobierno corporativo. Es un avance. Pero los detalles técnicos suelen ser genéricos: «inversiones en protección de datos», «formación de empleados», «colaboración con expertos». Pocas veces hay métricas concretas, auditorías independientes publicadas o indicadores que permitan comparar el nivel de madurez entre compañías.

Creo que esto va a cambiar. La presión regulatoria europea —con la directiva NIS2 ya en vigor— obligará a las grandes empresas a demostrar, no solo declarar, que cumplen estándares mínimos de ciberseguridad. Y los inversores institucionales empiezan a incluir el riesgo ciber en sus análisis ESG. Quien no se adapte, pagará un coste reputacional y financiero.

Inditex ante el mercado: daño contenido, por ahora

A corto plazo, el impacto en bolsa parece limitado. Inditex ha cerrado las últimas sesiones sin movimientos bruscos atribuibles al incidente. El mercado, de momento, confía en que la brecha no afecta al núcleo del negocio ni compromete información crítica de clientes a gran escala.

Eso puede cambiar si aparecen datos filtrados en foros de la dark web o si la investigación revela que el alcance es mayor del comunicado inicialmente. Los precedentes en otros sectores muestran que el daño reputacional tarda semanas —a veces meses— en materializarse, pero cuando lo hace, es persistente.

La próxima cita relevante para Inditex es la presentación de resultados del primer trimestre, prevista para junio. Si la compañía no ha cerrado el caso para entonces, es probable que los analistas pregunten. Y el silencio dejará de ser una opción.

Mientras, la única certeza es que el ciberataque a Inditex no será el último. La pregunta ya no es si tu empresa será atacada, sino cuándo y cómo responderá cuando ocurra.