La población sénior en España enfrenta un panorama laboral desafiante, con una tasa de desempleo que alcanza el 30%, una cifra alarmante que pone de manifiesto los obstáculos que este segmento poblacional encuentra a la hora de reincorporarse al mercado de trabajo. Fundación Endesa, a través de un minucioso análisis de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha puesto de relieve esta realidad que parece resistirse a los avances del empleo en el país.

Los datos son elocuentes: 820.500 personas mayores de 50 años se encuentran desempleadas, lo que representa uno de cada tres parados en España. Aún más preocupante es el hecho de que más de la mitad de estos desempleados sénior (58,55%) llevan en situación de desempleo de larga duración, es decir, 471.500 personas. Esta realidad se agudiza aún más cuando se analiza la brecha de género, pues las mujeres sénior representan el 10,66% más de paradas que los hombres de su misma edad.

La Discriminación Laboral por Edad, un Obstáculo Persistente

Ante este panorama «desafiante», como lo define Fundación Endesa, la responsable de formación para el empleo de la organización, Elsa Novo de Miguel, subraya que el colectivo sénior representa una «fuerza laboral vital para el tejido productivo español».

Estas personas, señala Novo de Miguel, han sabido evolucionar y adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos, convirtiéndose en una «Generación Camaleón» capaz de transformarse a un ritmo vertiginoso. Sin embargo, se enfrentan a barreras como la discriminación laboral por su edad y los prejuicios relacionados con la brecha digital, factores que limitan sus oportunidades de reinserción en el mercado de trabajo.

El Proyecto «Generación Savia», una Iniciativa para Visibilizar el Talento Sénior

En este contexto, la Fundación Endesa, en colaboración con Fundación máshumano, ha puesto en marcha el proyecto «Generación Savia», una iniciativa cuyo objetivo es visibilizar el talento de este colectivo y resaltar su capacidad de ofrecer visión estratégica, liderazgo y creación de valor a las empresas, además de su experiencia para formar a las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral.

Esta apuesta por el empoderamiento y la revalorización de los trabajadores sénior se presenta como una estrategia fundamental para hacer frente a los desafíos del envejecimiento poblacional y aprovechar el potencial de este segmento vital de la fuerza de trabajo española.

En un momento crucial para el mercado de la vivienda en España, el partido político Sumar ha presentado una serie de enmiendas con el objetivo de impulsar una mayor regulación y protección para los inquilinos. Estas propuestas, introducidas durante la tramitación de la Ley sobre eficiencia judicial y protección de consumidores, tienen como finalidad abordar algunos de los principales desafíos que enfrentan las familias a la hora de acceder y mantener una vivienda en alquiler.

Contratos de Alquiler Indefinidos: Hacia la Estabilidad Residencial

Una de las principales iniciativas de Sumar es la de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para permitir que los contratos de alquiler puedan ser de duración indefinida. Esta medida, según el partido, otorgará «seguridad y estabilidad a las familias, así como arraigo en los barrios«. De esta forma, se buscará dar a los inquilinos la posibilidad de permanecer en sus hogares a largo plazo, sin la amenaza constante de tener que mudarse cada pocos años.

Además, Sumar plantea que en caso de que se habilite esta modalidad contractual, el arrendador pueda recuperar la vivienda justificando que la destinará como vivienda permanente para él o sus familiares, o para su cónyuge en casos de separación, divorcio o nulidad matrimonial. Esta flexibilidad busca equilibrar los intereses de los propietarios y los inquilinos.

Regulación de Precios en Zonas Tensionadas: Hacer Asequible el Alquiler

Otra de las propuestas clave de Sumar es la de habilitar a los ayuntamientos, especialmente en grandes ciudades, la posibilidad de declarar zonas tensionadas de mercado de vivienda. Esta medida, recogida en la actual Ley de Vivienda, busca que las administraciones locales puedan aplicar una regulación de precios del alquiler en aquellas áreas donde exista «un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado».

Sumar critica que, hasta el momento, diversos gobiernos autonómicos han sido «reacios a desplegar esta medida», por lo que plantea que sean los propios ayuntamientos quienes puedan solicitarla. Además, la formación política propone incluir en este mecanismo la regulación parcial de habitaciones de una vivienda y la modalidad de arrendamiento vacacional, con el fin de frenar posibles abusos en estos segmentos.

Avanzando hacia una Segunda Descentralización: Más Herramientas para los Municipios

Sumar también reivindica la necesidad de que España «avance hacia una segunda descentralización» que otorgue «mejor financiación y herramientas» a las entidades locales, especialmente a las grandes ciudades. Según el partido, la vulneración del derecho a la vivienda no solo afecta a las personas y familias directamente, sino que también tiene un «impacto negativo en la vulneración al derecho a la ciudad» al expulsar a las familias de los barrios, que son sustituidas por establecimientos turísticos.

En este sentido, Sumar considera que regular el precio del alquiler de habitaciones y los pisos turísticos será clave para «corregir los abusos que puedan estar haciéndose por parte de fondos buitre y rentistas» y garantizar una mayor protección a las familias inquilinas.

En palabras del portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, «la garantía del derecho a la vivienda es la gran asignatura pendiente en España», convirtiéndose en un «agujero negro que se traga todo el resto de políticas sociales y de redistribución de la riqueza«. Por ello, estas enmiendas presentadas por Sumar se perfilan como un importante paso para avanzar hacia una mayor regulación y control del mercado de alquiler residencial en el país.

La Justicia ha fallado a favor de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) al estimar íntegramente el recurso presentado contra la inclusión de una lista de interinos en la convocatoria de oposiciones para el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.

En una sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Nº 9, emitida el 23 de julio de 2024, se considera que esta práctica puede propiciar «una opacidad y un riesgo de arbitrariedad, intolerable en la actuación de la Administración al cubrir puestos tan importantes como los del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado».

Vulneración de principios constitucionales

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) interpuso el recurso al considerar que la inclusión de interinos en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado vulneraba los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Según los inspectores, esta práctica iba en contra de la «lógica» de que accedieran personas sin haber superado el proceso selectivo para desarrollar una función «tan sensible» como la encomendada a los Inspectores de Hacienda del Estado. Además, advertían que «la elaboración de esa lista de interinos supondría no solo una rebaja de la exigencia, sino también dar pie a la discrecionalidad, a la valoración subjetiva y a la selección injusta del personal de la Administración tributaria«.

Otros recursos interpuestos

Cabe señalar que, además de este recurso, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha interpuesto otros recursos contenciosos, como el de la Oferta de Empleo Público de 2024, por considerar que también «limita las facultades que la ley le otorga a la Agencia Tributaria«.

La sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Nº 9 supone un importante respaldo a la posición de los inspectores de Hacienda, quienes han luchado por preservar la transparencia y la objetividad en los procesos de selección de personal para un Cuerpo tan relevante como el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.

La publicación de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha puesto de manifiesto una tendencia preocupante en el ámbito del trabajo autónomo en España. Según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), el país ha perdido nada menos que 72.800 autónomos empleadores en el último año, lo que supone un duro golpe para la creación y el mantenimiento del empleo.

Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, ha sido contundente al señalar que «que una pequeña empresa cree empleo y lo mantenga se está convirtiendo en una misión imposible«. Estas palabras reflejan la difícil realidad a la que se enfrentan muchos trabajadores autónomos, quienes ven cómo las trabas, cargas y costes laborales les impiden mantener e incluso generar nuevos puestos de trabajo.

El Aumento de los Autónomos sin Empleados

Si bien es cierto que el número total de autónomos ha crecido en 58.300 personas con respecto al trimestre anterior, esta cifra positiva esconde un dato preocupante. Mientras que los autónomos sin empleados han aumentado en 50.200 personas en un año y en 71.600 con respecto al primer trimestre de 2024, el número de autónomos empleadores ha sufrido una caída de 15.000 en un solo trimestre.

Para Lorenzo Amor, esta situación es «preocupante«, ya que, si bien el empleo crece, «cae el número de autónomos empresarios que crean empleo«. Esta dicotomía pone de manifiesto la difícil situación a la que se enfrentan los trabajadores autónomos que tienen la responsabilidad de generar y mantener puestos de trabajo.

El Impacto en el Conjunto de la Economía

La pérdida de 72.800 autónomos empleadores en un año tiene un impacto directo en el conjunto de la economía española. Estos empresarios autónomos desempeñan un papel fundamental en la creación y el mantenimiento del empleo, por lo que su desaparición supone una amenaza para la recuperación y el crecimiento económico del país.

Según los datos de la EPA, de los 21,7 millones de ocupados en España, 3,2 millones son trabajadores por cuenta propia, entre los que se encuentran 956.000 empleadores. La caída de este último grupo, que representa casi la mitad de los trabajadores autónomos, es un indicador claro de la fragilidad del tejido empresarial y de la necesidad urgente de adoptar medidas que permitan a los autónomos mantener y generar nuevos puestos de trabajo.

En este contexto, la voz de alarma lanzada por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) debe ser atendida con la máxima seriedad por parte de las autoridades competentes. Garantizar un entorno propicio para que los autónomos puedan desarrollar su actividad y crear empleo se ha convertido en una prioridad ineludible para asegurar la recuperación y el crecimiento de la economía española.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha mantenido una reunión con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para abordar los desafíos que enfrenta el sector agrario en la contratación de mano de obra, especialmente de trabajadores inmigrantes. La vicepresidenta general de UPA, Montse Cortiñas, ha expuesto a la ministra las dificultades que enfrentan los agricultores y ganaderos a la hora de acceder a este tipo de personal.

Cortiñas ha destacado que en muchos casos, los trabajadores inmigrantes ya se encuentran presentes en determinadas zonas rurales, y ha considerado necesario abordar esta situación e iniciar un proceso de arraigo de estos trabajadores. Según la representante de UPA, la agricultura y la ganadería, así como los propios pueblos, necesitan contar con nuevos pobladores y trabajadores que quieran quedarse a vivir y ver en el sector agrario una oportunidad laboral.

Coordinación con las Administraciones Públicas

Durante la reunión, Cortiñas ha indicado que la ministra les ha remitido a enviar sus alegaciones para que sean revisadas. La vicepresidenta de UPA ha recalcado la necesidad de realizar una labor de coordinación en la que participen los ayuntamientos, ya que uno de los problemas en el medio rural es el acceso a la vivienda para los trabajadores inmigrantes.

En este sentido, Cortiñas ha explicado que UPA quiere iniciar un proyecto piloto en colaboración con las administraciones, incluyendo la administración local, con el objetivo de que la agricultura y la ganadería familiar puedan contar con la mano de obra necesaria y que estos trabajadores se instalen en los pueblos y continúen viviendo en las zonas rurales.

Peculiaridades del Trabajo en el Sector Agrario

La representante de UPA ha señalado que determinados sectores agrarios se encuentran muy tensionados y que los agricultores y ganaderos están teniendo dificultades para encontrar mano de obra, a pesar de que se trata de contrataciones totalmente estipuladas con todos los derechos y condiciones laborales.

Cortiñas ha explicado que el trabajo en el medio agrario tiene sus peculiaridades, especialmente en el modelo de explotación de los pequeños agricultores y ganaderos. Para abordar esta situación, UPA ha anunciado que en septiembre organizará unas jornadas internas de la organización, así como una visita de la ministra a determinadas zonas rurales, con el objetivo de que pueda conocer de primera mano la realidad que viven los trabajadores del sector agrario.

En un importante avance para el sector de la vivienda en España, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha iniciado el trámite de consulta pública del Proyecto de Real Decreto por el que se crea el Consejo Asesor de Vivienda. Este nuevo organismo, de carácter técnico, científico y académico, tendrá como objetivo primordial programar y orientar las políticas estatales de vivienda, convirtiéndose en un «instrumento clave» para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la reciente Ley por el derecho a la vivienda.

La creación de este Consejo Asesor supone un paso fundamental en el fortalecimiento de la participación de los diversos agentes sociales involucrados en el sector de la vivienda. Desde asociaciones empresariales y profesionales, hasta entidades financieras, organizaciones del tercer sector y expertos académicos, todos tendrán cabida en este nuevo órgano consultivo, brindando una perspectiva integral y multidisciplinar a la formulación e implementación de las políticas habitacionales.

UN ESPACIO DE REFLEXIÓN Y DIÁLOGO PARA IMPULSAR POLÍTICAS EFECTIVAS

El Proyecto de Real Decreto establece que el Consejo Asesor de Vivienda tendrá la responsabilidad de crear un espacio de reflexión y diálogo entre los diferentes actores y sectores involucrados. Esta iniciativa permitirá generar un entorno de colaboración y cooperación, en el que se puedan discutir, analizar y proponer medidas concretas para abordar los desafíos del sector de la vivienda.

Además, el Consejo Asesor tendrá la función de asesorar al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en la elaboración de planes y programas de ámbito estatal, así como en la implementación de medidas de simplificación y racionalización administrativa. Esto permitirá optimizar los procesos y procedimientos relacionados con el acceso a la vivienda, agilizando y mejorando la efectividad de las políticas implementadas.

Otra de las responsabilidades clave del Consejo será proponer medidas o instrumentos para asegurar o, en su caso, acelerar, la existencia de un parque adecuado y suficiente de vivienda en alquiler, compra o en régimen de cesión en uso, tanto de carácter público como privado. Esto resulta fundamental para garantizar el acceso y la disponibilidad de opciones habitacionales que se ajusten a las necesidades de la población.

LA COMPOSICIÓN DIVERSA DEL CONSEJO ASESOR: GARANTÍA DE REPRESENTATIVIDAD

En cuanto a la composición del Consejo Asesor de Vivienda, el Proyecto de Real Decreto establece una representación amplia y diversa de los diferentes actores involucrados en el sector de la vivienda.

Por un lado, formarán parte del Consejo la persona titular del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, así como representantes de cada una de las entidades del tercer sector, organizaciones sin ánimo de lucro de ámbito estatal cuyo objeto esté relacionado con el derecho a la vivienda, y de las organizaciones sindicales, empresariales y profesionales más representativas en el ámbito estatal.

Asimismo, se contará con la participación de representantes de las asociaciones representativas de la propiedad urbana y las entidades financieras en el ámbito estatal, junto con las organizaciones más representativas en el ámbito estatal relacionadas con el ámbito de la vivienda y profesionales expertos de reconocido prestigio en este campo, incluyendo también a miembros del ámbito universitario y de la investigación.

Esta composición diversa y equilibrada del Consejo Asesor garantizará que las voces y perspectivas de todos los sectores involucrados en el sector de la vivienda sean escuchadas y consideradas en la formulación de las políticas habitacionales.

En resumen, la creación del Consejo Asesor de Vivienda representa un hito fundamental en el avance hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley por el derecho a la vivienda. Este nuevo organismo consultivo, con su amplia representación y enfoque interdisciplinar, se erige como un instrumento clave para impulsar políticas efectivas y sostenibles en el sector de la vivienda, beneficiando así a la población en su conjunto.

La entidad financiera Ibercaja y la compañía tecnológica NTT DATA han firmado un acuerdo de larga duración para la gestión de la plataforma tecnológica de Ibercaja. Esta alianza tiene como objetivo principal la innovación y la transformación de las principales infraestructuras tecnológicas de los centros de procesos de datos del banco.

Mediante esta colaboración, Ibercaja busca optimizar su eficiencia operativa y agilizar la oferta de servicios para satisfacer las nuevas demandas de los usuarios. Nuestra estrategia y modelo operativo tecnológico tiene como objetivo clave contar con alianzas estratégicas con proveedores tecnológicos de referencia que nos ayuden a innovar y transformar la plataforma tecnológica», destaca Leandro Hermida, director de Tecnología, Resiliencia Digital y Continuidad de Ibercaja.

Ibercaja, un actor clave en la transformación digital del sector financiero

Ibercaja se posiciona como una figura fundamental en el panorama financiero español, especialmente en la región donde NTT DATA tiene una huella y expectativas crecientes. «Nos llena de orgullo que depositen su confianza en el talento y la experiencia de los profesionales de NTT DATA para llevar a cabo la modernización tecnológica, brindándoles la oportunidad de lograr eficiencias operativas y ofrecer servicios mejorados a sus clientes», afirma Daniel Fuster, socio responsable de Banca en NTT DATA España.

El impulso digital, clave para la excelencia operativa y la experiencia del cliente

Esta alianza estratégica entre Ibercaja y NTT DATA se enmarca dentro del plan estratégico «Ahora Ibercaja«, que tiene como objetivo reforzar el impulso de la transformación digital de la entidad financiera. «Gracias a la alianza con NTT DATA, Ibercaja refuerza su posición en la vanguardia de las plataformas tecnológicas, fundamental para mantener la excelencia operativa y dar a nuestros clientes la mejor experiencia«, destaca Leandro Hermida.

La modernización tecnológica impulsada por esta colaboración permitirá a Ibercaja optimizar sus procesos, aumentar su eficiencia operativa y ofrecer servicios mejorados a sus clientes, adaptándose así a las nuevas demandas del mercado financiero y consolidando su liderazgo en el sector.

La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra una notable mejoría en los principales indicadores del mercado laboral español. Según los datos, el paro bajó en 222.600 personas en el segundo trimestre del año, lo que representa una disminución cercana al 7,5% en comparación con el trimestre anterior. Además, la ocupación aumentó en 434.700 puestos de trabajo, lo que equivale a un alza del 2%.

Al cierre de junio, el número total de parados se situó en 2.755.300 personas, lo que sitúa la tasa de paro en el 11,27%, la más baja desde 2008, con un descenso de más de un punto en el último trimestre. Paralelamente, el número de ocupados alcanzó un nuevo máximo histórico, con 21.684.700 trabajadores.

Consolidación de la Recuperación y Desafíos Demográficos

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha valorado positivamente estos indicadores, señalando que reflejan la consolidación de la buena marcha del mercado laboral español. Saiz ha destacado que estos datos históricos otorgan «músculo» para afrontar los desafíos a medio y largo plazo, especialmente en lo relacionado con el reto demográfico y el envejecimiento de la sociedad española.

Según la ministra, España se ha convertido en un «país de oportunidades» que «da respuesta y ofrece esperanza al conjunto de la sociedad». No obstante, ha reconocido que aún queda trabajo por hacer para lograr el pleno empleo, y que se están implementando políticas activas desde el conjunto de los ministerios para apoyar a quienes todavía sufren las consecuencias del desempleo.

Optimismo Moderado y Adaptación a los Nuevos Retos

Pese a los datos alentadores, la ministra Saiz ha adoptado una postura optimista pero moderada, señalando que estos resultados mejoran las expectativas iniciales. Esto sugiere que, si bien se ha logrado un importante avance, aún persisten desafíos y retos a los que hacer frente en el mediano y largo plazo.

En este sentido, la consolidación de la recuperación del empleo y el alcance de nuevos máximos históricos en ocupación brindan una base sólida para que las autoridades puedan enfocar sus esfuerzos en abordar las cuestiones demográficas y de envejecimiento poblacional, las cuales representan amenazas y oportunidades clave para el futuro del mercado laboral y el bienestar social en España.