El nuevo Gobierno de Colombia ha insistido en los viejos errores del pasado, permitiendo que la presión de una parte de la población y de los líderes regionales caribeños evite la necesaria desactivación de una bomba de relojería que amenaza con truncar la estabilidad fiscal del país.
El agujero contable de Electricaribe, compañía que fue expropiada a la española Naturgy con nocturnidad y alevosía a finales de 2016, es una sangría financiera para el Ejecutivo de Iván Duque que constata –además– la falta de palabra del mandatario, que antes de la llegada al poder defendía devolver el mando de la empresa al grupo que preside Francisco Reynés.
Según datos facilitados por funcionarios colombianos a MERCA2, el fraude y el impago tienen un impacto mensual en las cuentas de Electricaribede 35.000 millones de pesos (unos 10 millones de euros al cambio actual) desde que fue expropiada; lo que imposibilita acometer inversiones que mejoren la calidad del servicio, que es el objetivo principal que el Gobierno de Juan Manuel Santos pretendía cuando quitó la propiedad de la compañía a Naturgy.
El grupo español siempre defendió que los problemas de suministro y los retrasos en los pagos a los generadores –produciendo riesgos de apagones– se debían precisamente al elevado fraude y a la morosidad de los clientes. Las autoridades colombianas rechazaron este argumento, pero al final se han dado de bruces con la realidad. Los datos internos de Electricaribe revelan que por estos dos conceptos la empresa dejó de ingresar el pasado año más de un billón de pesos (unos 270 millones de euros), constatando la relevancia del problema.
Fuentes del sector energético de país latinoamericano ponen el acento en la verdadera causa de los problemas financieros de Electricaribe: que “los principales morosos eran los propios organismos públicos y que el fraude ha sido consentido para no perder el apoyo de la población ubicado en las zonas más desfavorecidas”, en las que Electricaribe proporciona el suministro. Además, “la regulación no reconoce las particularidades de este mercado y las precarias condiciones en las que debe prestarse el servicio”.
Todo ello ha generado una tormenta perfecta que se ha llevado por delante lacredibilidad de Duque, un presidente que carece de soluciones para afrontar el terremoto fiscal que se avecina. Tras dos años de la intervención Electricaribe está más debilitada, el panorama de largo plazo es cada vez más incierto y el Gobierno afronta necesidades de caja de la empresa por un montante que supera los 900.000 millones de pesos (más de 255 millones de euros), a los que deberá sumarse la reciente promesa del Ejecutivo de asumir el pasivo de las jubilaciones que asciende a 1,2 billones de pesos (340 millones de euros).
Estas cifras implican que tan sólo este año el Gobierno colombiano tendrá que elevar su déficit en más de dos billones de pesos debido al agujero de Electricaribe. El pasado año el desajuste fiscal del país se situó en el 3,6% del PIB, con un déficit de 11.000 millones de dólares, que este año preveía reducir tres décimas. Si se incluye el impacto de la compañía eléctrica en las cuentas públicas de Colombia el Ejecutivo no logrará cerrar el ejercicio en la senda de la estabilidad fiscal. De hecho, ya ha anunciado subidas de impuestos para cerrar la creciente brecha entre gastos e ingresos públicos.
EL NUEVO PRESIDENTE INCUMPLE SU PROMESA
Cuando Duque llegó a la presidencia se encontró con un plan de privatización presentado a la desesperada por Juan Manuel Santos, ideólogo y ejecutor de la expropiación al grupo español. Para quitarse de encima el problema financiero y contentar a la población afectada por el empeoramiento del servicio, Santos había aprobado un reglamento por el cual creaba una nueva sociedad con los activos de Electricaribe y la deuda generada después de la expropiación. Se trataba de un intento desesperado por vender la compañía que certificaba que quitarle la propiedad a Naturgy había sido un error estratégico.
“Para ese viaje no hacían falta alforjas. Si no hubiera intervenido la compañía el Gobierno colombiano habría evitado tener que afrontar el coste económico y político que supone gestionar una empresa en la que el fraude y la morosidad crece de forma exponencial sin que el legislador ponga freno a la sangría”, explican directivos españoles del sector eléctrico que trabajan en el país.
Tras tomar posesión el nuevo Ejecutivo, el pasado agosto, el recién nombrado ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, cuestionó el proceso de intervención apuntando a que se debía devolver el activo a Naturgy y acompañarlo de reformas que ayudaran a solucionar los problemas estructurales que amenazan la estabilidad del suministro. Sin embargo, la reactivación del rechazo de los políticos regionales –alimentado por los medios de comunicación locales– hizo que Duque diera marcha atrás en su intención de devolver Electricaribe a su legítimo accionista mayoritario.
Es entonces cuando se puso en marcha una operación de ingeniera regulatoria y financiera que tampoco llegó a buen puerto. En concreto, el Gobierno de Colombia retomó el proceso de subasta para privatizar la compañía con una diferencia fundamental respecto al proyecto de Santos: quien se hiciera cargo de Electricaribe debería asumir todo el pasivo para contentar a la banca acreedora. Aunque se especuló con la existencia de seis grupos interesados, la realidad es que nadie quiso participar en la subasta.
LA OFERTA FANTASMA DE ENEL
Y entonces apareció la italiana Enel –accionista mayoritario de Endesa– adoptando el papel del caballero blanco que iba a hacerse cargo de la eléctrica colombiana. Fuentes internas de Electricaribe confirman a MERCA2 que “nadie comprendió la razón de que Enel entrara en este proceso de precalificación, cuando en el mercado todos sabían que la legislación no garantiza el cobro de los servicios y que, por lo tanto, las inversiones que reclama el Gobierno se realizan a fondo perdido sin esperanza de lograr rentabilidad”.
La sombra de la sospecha sobrevuela sobre el grupo italiano, que tiene más intereses en el país latinoamericano (con impedimentos de competencia por concentración de mercado) que justificarían este supuesto interés por una empresa al borde de la quiebra. Aunque poco duró el salvavidas, ya que a los pocos días Enel se retiró de la subasta con la excusa de que ningún socio local quería acompañarle en la aventura, demostrando que la compra de Electricaribe no es atractiva para ningún inversor, aunque venga de la mano del Gobierno.
Como consecuencia de todo ello, las autoridades públicas colombianas asumirán todo el coste financiero de Electricaribe hasta que encuentren un operador “con músculo financiero y demostrada trayectoria”, tal como señalan desde el Ejecutivo de Duque. Es decir, que en realidad lo que desearían es que la compañía siguiera en manos de Naturgy, que reclama ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés) 1.600 millones de dólares a Colombia por la expropiación.
NATURGY RECLAMA 2.100 MILLONES DE DÓLARES
Fuentes de Naturgy consultadas por este diario indican que la cantidad que finalmente recuperen –si los organismos arbitrales les dan la razón en su conflicto con el Gobierno colombiano– irá directamente a engrosar la cifra de negocio del grupo, ya que ha provisionado por completo las pérdidas derivadas de su inversión.
Naturgy ha salido completamente del país latinoamericano tras vender al fondo de inversión canadiense Brookfield el pasado junio el 41,9% del capital que poseía en su filial de distribución y comercialización de gas por 1,1 billones de pesos (unos 336 millones de euros).
Además de estos 1.600 millones de dólares, la compañía española reclama otros 500 millones a la aseguradora que cubría su riesgo político en Colombia y que se niega a hacerse cargo de la indemnización pactada en el contrato si se producía una expropiación.
