El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de servicios turísticos por posibles prácticas de publicidad ilícita. El portal mantenía anuncios de alojamientos en territorios palestinos ocupados pese a los requerimientos de Consumo.
El ministerio había requerido a siete multinacionales que retiraran o bloquearan desde España los anuncios de alojamientos situados en esos territorios. Seis plataformas los eliminaron o bloquearon su acceso; la restante mantuvo su visibilidad pese a haber recibido hasta tres notificaciones.
Una investigación cuyo resultado no está prejuzgado
Consumo había advertido de que podría emprender otras acciones si no se retiraban o bloqueaban los anuncios. El expediente se ha iniciado contra la única multinacional que, según el ministerio, no atendió el requerimiento.
Las prácticas podrían constituir una infracción que, si concurren agravantes, podría calificarse como grave. En ese supuesto, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios prevé multas de hasta 100.000 euros o de entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. La Dirección General de Consumo señala que la apertura del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.
El marco normativo
La actuación se apoya en el artículo 4 del Real Decreto-ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, aprobado en septiembre. Ese artículo considera ilícita la publicidad de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en ellos.
Según la información del ministerio, los anuncios corresponden a alojamientos en localidades de más de 200 códigos postales asociados a asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, publicados en diciembre en el Boletín Oficial del Estado. Consumo
