Enagás suma otro arbitraje ganado en Perú: el Estado debe ya 220 millones en laudos

El tribunal del Banco Mundial ordena a Perú transferir los dividendos de TGP, devolver una garantía de 65 millones y asumir las costas. Sumado al laudo de 2024, la exposición del Estado peruano ronda los 500 millones de euros.

El arbitraje de Enagás en Perú suma otro laudo favorable: el Ciadi condena a Perú a pagar 247 millones de dólares.

El Ciadi, centro dependiente del Banco Mundial, ha vuelto a dar la razón al grupo dirigido por Arturo Gonzalo en el procedimiento relativo a su inversión en las sociedades peruanas Transportadora de Gas del Perú (TGP) y Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA), concesionarias del fallido Gasoducto Sur Peruano (GSP).

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La condena se descompone en tres partidas. Perú deberá permitir a la energética transferir al exterior los dividendos devengados —presentes y futuros— de su participación en TGP, valorados en torno a 178 millones de dólares. Además, tendrá que devolver una garantía de 65 millones y asumir las costas del procedimiento, que rondan los cuatro millones. El total supera los 247 millones de dólares, algo más de 220 millones de euros al cambio actual.

El laudo, notificado el martes, estima que la República del Perú incumplió los artículos 4 y 7 del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) entre Perú y España. Enagás comunicó la resolución a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al día siguiente de su notificación, y el detalle del hecho relevante puede consultarse en la información para inversores de la compañía.

La empresa optó por el tono conciliador. En el comunicado remitido al regulador, el grupo expresó su ‘voluntad de mantener un diálogo constructivo con el Gobierno de Perú’ para ejecutar el laudo ‘de manera satisfactoria para ambas partes. La frase no es retórica: un laudo del Ciadi es vinculante y no admite apelación, pero su cobro efectivo depende de la disposición del Estado condenado y de los mecanismos de ejecución disponibles.

El Ciadi vuelve a fallar contra Perú por el mismo proyecto que llevó a Enagás al arbitraje en 2017 y cuya factura no ha dejado de crecer desde entonces.

El precedente de diciembre de 2024: 303 millones que Perú aún intenta anular

Gasoducto Sur Peruano

No es la primera victoria. En diciembre de 2024, el Ciadi ya falló a favor de Enagás por el proyecto GSP y condenó a Perú a una indemnización de 194 millones de dólares, importe que después se elevó hasta unos 303 millones (alrededor de 275 millones de euros). Con el laudo conocido esta semana, la exposición acumulada del Estado peruano frente a la compañía española ronda los 500 millones de euros, siempre que la defensa peruana no prospere.

Los dos laudos suman cerca de 500 millones de euros, pero ninguno está cobrado: la distancia entre ganar un arbitraje e ingresarlo es, en Perú, de años de recursos.

Perú no ha renunciado a pelear. El Gobierno presentó ante el propio Ciadi un recurso de anulación contra el laudo de 2024. El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, situó en julio la resolución de ese recurso en el primer trimestre de 2027, aunque confió entonces en abrir ‘una nueva etapa de diálogo’ con el nuevo Ejecutivo peruano.

El origen del conflicto está en 2017, cuando se paralizó la obra del Gasoducto Sur Peruano, una infraestructura llamada a atravesar el sur del país y a reordenar su mapa energético. La obra nunca se terminó. Los tribunales llevan desde entonces discutiendo quién paga el fracaso.

Qué cambia —y qué no— en las cuentas de Enagás

Un laudo no es un ingreso. La compañía acumula victorias judiciales que no han llegado a caja y ha aprendido a gestionar su balance como si ese dinero no existiera. La prueba es que su plan de inversión no depende de Perú: el grupo acaba de cerrar la compra del 18% de la francesa Teréga a EDF por 311 millones de euros, una operación que eleva su participación al 49,5% y que responde a la lógica del negocio regulado europeo, no a la del litigio latinoamericano.

Para el inversor, la pregunta relevante no es cuánto suma el laudo, sino cuándo entra. Un cobro de 220 millones de euros daría aire a una compañía que sostiene el dividendo de Enagás como principal argumento de inversión mientras afronta un ciclo intenso de inversión en infraestructura gasista. Si el dinero no llega, la foto no se rompe. El margen de maniobra, en cambio, se estrecha.

El riesgo evidente es la ejecución. Perú puede encadenar recursos, retrasar el pago o proponer fórmulas de abono fraccionado, y un laudo no se ejecuta por sí solo: requiere decisiones políticas y, en última instancia, presión sobre activos del Estado en el exterior. La experiencia de los últimos nueve años invita a descontar el calendario. Ningún atajo.

Hay una lectura de fondo que trasciende el caso concreto. El arbitraje se ha convertido para Enagás en la única vía de relación con Perú. Donde antes hubo un contrato de concesión y un socio público, ahora hay expedientes, notificaciones y letrados. Ese desplazamiento tiene un coste que no aparece en ninguna cuenta de resultados: el de un mercado que se cierra y una infraestructura que sigue sin construirse. El laudo Enagás lo documenta con precisión, pero no lo resuelve.

La próxima cita está en el primer trimestre de 2027, cuando el Ciadi debe pronunciarse sobre la anulación del laudo anterior. Si el tribunal desestima el recurso peruano y el Gobierno mantiene el pulso, la pelota volverá al terreno diplomático, donde España tiene algo que decir y donde una solución negociada —con quitas, plazos largos o pago en especie— sigue siendo más probable que un desembolso limpio. Hasta entonces, el laudo es un activo en el limbo: reconocido por el derecho, pendiente en la caja. La deuda existe. La duda es cuándo se convierte en dinero.


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