La situación de Israel genera problemas donde menos se espera. Ahora le ha tocado a CAF atravesar una crisis sindical en Escocia debido a la guerra, que puede costarle una licitación de trenes en Glasgow, al menos si los sindicatos se salen con la suya. Y es que, aunque la empresa está entre los cinco finalistas para fabricar los trenes de Cercanías en la ciudad, los miembros de ASLEF, principal sindicato de maquinistas del país, han insistido en que, si la empresa gana el acuerdo y sigue operando en territorio israelí, se negarán a operar sus trenes.
Kevin Lindsay, organizador de ASLEF en Escocia, declaró: «Este asunto es motivo de gran preocupación para ASLEF. Nosotros, junto con otros sindicatos ferroviarios y el STUC, hemos adoptado una postura de BDS [Boicot, Desinversiones y Sanciones] respecto a Israel», según declaraciones recogidas por The Herald.
«A diferencia de otros, cuando adoptamos una política, la llevamos hasta el final. Eso significa que, si esta empresa llegara a ganar el contrato, boicotearíamos esos trenes. No conduciremos trenes operados por una empresa cómplice de crímenes de guerra», ha sentenciado el organizador.
CAF ha defendido su posición en Israel
Lo cierto es que la propia CAF ha señalado en el pasado que entiende la complejidad de la situación de Israel; sin embargo, ha defendido su participación en el Proyecto de Jerusalén, adjudicado en 2019, asegurando que cumple con la diligencia debida en derechos humanos y que la infraestructura genera un impacto social positivo y no discriminatorio.
CAF es plenamente consciente de las complejas implicaciones jurídicas y éticas vinculadas al Proyecto de Jerusalén, en particular en relación con el Derecho Internacional Humanitario y la responsabilidad de las empresas, y de la importancia de equilibrar cuidadosamente la protección de los Derechos Humanos con la necesidad de ofrecer a la población una infraestructura esencial para todas las comunidades sin discriminación», ha escrito la empresa sobre su actuación en el país.
«Por ello, a lo largo de la ejecución del Proyecto, CAF ha aplicado medidas específicas de diligencia debida con tres niveles de intensidad (general, reforzada e intensificada), de acuerdo con la Guía de Diligencia Debida en Contextos Afectados por Conflictos, publicada por Naciones Unidas, con el objeto de identificar, prevenir y mitigar, en su caso, cualquier impacto adverso en los Derechos Humanos», insiste el comunicado oficial de la empresa vasca.
Los sindicatos piden que se deje de trabajar con CAF
Lo cierto es que la decisión de CAF de mantener su presencia en territorio israelí ha puesto a los sindicatos, así como a varios partidos de izquierda, en alerta. De momento no hay una decisión oficial por parte de ScotRail sobre los nuevos trenes, y bien podrían evitar la controversia dejando que otra empresa gane la licitación. Pero la compañía se sigue encontrando entre las finalistas.
Lo cierto es que el contrato de Glasgow es precisamente el tipo de contrato por el que apuesta CAF en su fabricación de trenes. No solo incluye la entrega del material rodante, sino su diseño, mantenimiento y la entrega de repuestos, con una valoración de unos 500 millones de euros según el alcance final. En un momento en el que su filial de autobuses, Solaris, gana cada día más importancia, puede ser clave para su futuro inmediato.
Al mismo tiempo, el coste para la empresa de abandonar el proyecto de Jerusalén puede ser demasiado alto. El contrato está valorado en 1.800 millones de euros, más de tres veces el valor de la licitación en Glasgow, pero además podrían verse obligados a pagar penalizaciones contractuales al gobierno israelí si deciden no cumplir con el contrato.
La Fiscalía también ha investigado el acuerdo de CAF
Pero el problema de CAF no ha sido solo Escocia. En España, la empresa ha escuchado las críticas de los ayuntamientos de izquierda cuando ha querido participar en una licitación interna y, en abril de este año, la Fiscalía abrió una investigación contra la empresa y seis de sus directivos. La investigación se abrió tras la denuncia de una coalición de organizaciones de la sociedad civil, que incluye a NOVACT, la Comunitat Palestina de Catalunya, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, ODESCA, Paz con Dignidad y SUDS, y está representada por el Centro Guernica 37.
Por su parte, la ONG Amnistía Internacional señala que «El proyecto de tranvía no puede considerarse una simple iniciativa de movilidad urbana como las que CAF desarrolla en ciudades como Madrid, Bilbao o Barcelona, entre muchas otras en todo el mundo. El proyecto contribuye a la vida en los asentamientos, a su crecimiento y sostenibilidad económica y facilita el movimiento de la población colona».
En el mismo texto, la agrupación insiste en que «los asentamientos israelíes son ilegales. Lo dicen claramente el IV Convenio de Ginebra, la Corte Internacional de Justicia o la Unión Europea, entre otros. Con su participación en el proyecto de tren ligero, CAF está facilitando las violaciones del derecho internacional por parte de Israel y de los derechos humanos de las personas palestinas, apoyando la consolidación de la brutal ocupación de Israel y su sistema de apartheid».
