El Boletín Oficial del Estado publica este miércoles el real decreto que prorroga desde mañana las ayudas a gasolina y diésel hasta el 31 de diciembre. El paquete moviliza más de 12.000 millones de euros en protección a hogares y empresas y recupera los topes al gas de la tarifa regulada y a la bombona de butano que ya se aplicaron durante la crisis energética de 2022.
Sin el decreto, las bonificaciones habrían decaído hoy mismo. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, defendió ayer su alcance tras el Consejo de Ministros con una cifra sobre la mesa: el esfuerzo total ‘estaría suponiendo más de 12.000 millones de euros a las arcas públicas.
La medida responde a la nueva escalada de precios detonada por la guerra en Irán. El alivio fiscal se articula en varios frentes simultáneos: carburantes, gas, electricidad, transporte y campo.
Bonificaciones de 20, 13 y 6 céntimos por litro de gasolina y diésel
Las ayudas al carburante se desplegarán en tres tramos mensuales. En octubre, la rebaja será de 20 céntimos por litro; en noviembre, de 13 céntimos; y en diciembre, de 6 céntimos. La estructura replica la que el Gobierno ya aplicó en fases anteriores del escudo antiinflación.
El Ejecutivo ha añadido una cláusula de salvaguarda automática. Si el petróleo repunta y los precios superan el umbral del 15%, la bonificación volvería a los 20 céntimos tanto en noviembre como en diciembre. El mecanismo evita que la retirada gradual coincida con un nuevo pico de la materia prima.
La rebaja decreciente solo se sostiene si el crudo se estabiliza: con cláusula de salvaguarda, el alivio se reactiva automáticamente cuando el precio se desborda.
El decreto extiende también el apoyo al transporte profesional por carretera, con una devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos de 5 céntimos por litro en octubre, 12 en noviembre, y 19 en diciembre. Se mantiene igualmente el respaldo al transporte marítimo y ferroviario.
El gasóleo agrario conserva una bonificación de 20 céntimos por litro hasta el 31 de diciembre, y la ayuda compensatoria a armadores de pesca sigue vigente. Como novedad, se abre una línea para el ferrocarril de mercancías con 15.000 euros por locomotora diésel, una demanda histórica del sector.
El gas de la TUR subirá un 15%, no un 45%
El punto de mayor impacto para el consumidor doméstico está en la tarifa regulada del gas. La cotización del gas natural superó los 80 euros por MWh en la UE durante la segunda semana de septiembre. Su repercusión sobre la fórmula de la Tarifa de Último Recurso habría empujado la factura de hogares y pymes por encima del 45% tras la revisión de mañana.
Para evitarlo, el MITECO limita el peso de la cotización del gas en la fórmula: solo podrá crecer un 35% respecto al valor vigente, lo que deja el incremento final de la TUR en el entorno del 15%. La actuación tendrá continuidad. En las siguientes revisiones trimestrales, el alza máxima de la materia prima quedará acotada al 15% hasta recuperar el déficit generado y restablecer el equilibrio.
La bombona de butano también queda topada. El precio máximo se fija en 19,55 euros hasta el 30 de junio de 2027, frente a los 18,84 euros actuales. Aunque la fórmula del GLP envasado ya limitaba las variaciones al 2% en cada revisión bimestral, el Gobierno blinda ahora el producto con un techo explícito.
En electricidad se mantiene la salvaguarda para la rebaja del IVA y del impuesto especial. Si el IPC de septiembre de 2026 supera en un 15% al del mismo mes del año anterior, el IVA de la luz y el gas bajará del 21% al 10% y el Impuesto sobre la Electricidad caerá del 5,1% al 0,5%. La rebaja aplicará a potencias contratadas inferiores a 10 kW y a beneficiarios del bono social.
Cabe recordar que el primer decreto aprobado en marzo ya fijó para todo 2026 el escudo social del Ejecutivo, con descuentos extraordinarios del bono social eléctrico —del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos—, la subida de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la prohibición de cortar los suministros básicos a los hogares vulnerables. El texto publicado hoy se apoya sobre esa base y añade el frente fiscal.
El decreto refuerza además la seguridad de suministro de cara al invierno. El Plan de Acción Invernal eleva las reservas de GNL disponibles en las plantas de regasificación hasta 21 días distribuidos entre los cinco meses invernales, frente a los 16,5 días del año pasado. El mayor esfuerzo se concentra en noviembre, diciembre y marzo, mientras enero y febrero se mantienen sin cambios.
La norma permite al Gobierno autorizar a CORES a ordenar la localización geográfica de las reservas de seguridad durante los periodos de tensión. También duplica el régimen sancionador de la Ley del sector de hidrocarburos: las infracciones muy graves pasan de 30 a 60 millones de euros. Y encarga a la CNMC dos estudios nuevos, uno sobre la formación de precios en el mercado mayorista y minorista y otro sobre la cadena de valor alimentaria.
Un escudo fiscal que compra tiempo, no resuelve el problema de fondo
La prórroga confirma un patrón que se repite desde 2022: cada vez que el petróleo y el gas se tensan, el Estado recurre a la rebaja fiscal como amortiguador. El coste acumulado de estas medidas se mide ya en decenas de miles de millones de euros. La novedad del decreto es que asume explícitamente que genera déficit: la limitación del 15% en las siguientes revisiones de la TUR solo se aplicará hasta que se haya recuperado el desfase y se restablezca el equilibrio. En la práctica, el Ejecutivo reconoce que adelanta un coste que, de una forma u otra, acabará repercutiendo en el sistema.
El riesgo evidente es la dependencia. Un alivio que se renueva trimestre tras trimestre deja de ser una medida de choque y se convierte en un suelo de facto del precio energético. El consumidor ajusta sus expectativas a la ayuda, las comercializadoras diseñan sus ofertas en torno a ella y desmontarla después resulta mucho más caro políticamente que mantenerla. La medida resuelve el recibo de octubre, no la volatilidad estructural que lo origina.
Tampoco es neutral en el reparto. El tope al butano y la contención de la TUR protegen a los hogares más expuestos, mientras la rebaja al diésel beneficia también al transporte profesional y al campo, dos sectores con capacidad de presión demostrada. La nueva línea para el ferrocarril de mercancías responde a una petición concreta, no a un plan general de descarbonización.
El problema no es el coste puntual del escudo, sino que cada prórroga convierte la excepción en norma y traslada la factura hacia el futuro.
Hay una contradicción que el propio decreto deja al descubierto. El Gobierno presenta el paquete como parte de su impulso a la soberanía energética y la electrificación de la economía, pero el grueso del dinero se destina a abaratar gasolina, diésel y gas natural. Subvencionar el consumo fósil durante sucesivos ejercicios no acelera precisamente el cambio de modelo que se dice perseguir.
El próximo hito de calibración llegará con las revisiones de la TUR de enero y abril de 2027 y con la publicación del IPC de septiembre, que decidirá si la rebaja del IVA de la luz se activa. Hasta entonces, el paquete fiscal aguanta. Queda por ver cuánto tiempo puede sostener el Estado un alivio que nació como excepción y ya acumula varios ejercicios consecutivos.
