El Gobierno negocia contrarreloj un real decreto que condicionará las inversiones en centros de datos, según ha avanzado Europa Press.
Las exigencias del borrador: renovable, agua y jurisdicción europea
Fuentes del Ejecutivo confirmaron este lunes que los contactos con el sector, en plena audiencia pública, se centran en cerrar una norma que exigirá a las instalaciones de más de 1 megavatio (MW) respaldar con nueva capacidad renovable, acreditada hora a hora, al menos el 80% de su consumo eléctrico.
El borrador establece que cada nuevo MW de consumo se asocie a un MW de generación renovable adicional instalado en los 18 meses anteriores a la puesta en marcha del centro, mediante autoconsumo o contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA).
La patronal SpainDC, la Asociación Española de Centros de Datos, ha advertido de que el texto supone un riesgo de pérdida de inversiones de hasta el 90% y ha anunciado alegaciones para reclamar cambios sustanciales.
Las previsiones nacionales apuntan a unos 2,5 gigavatios (GW) de potencia de computación en 2030, mientras que desde 2021 se han preconcedido más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red para centros de datos. El decreto buscará limitar el componente especulativo en la reserva y posible reventa de los derechos de acceso, así como garantizar que los proyectos que avancen generen empleo y actividad con el menor impacto posible.
El Ejecutivo sostiene que actualmente no existe un problema de suministro eléctrico asociado a los centros de datos, aunque cree necesario anticiparse a las tensiones que podrían derivarse de la evolución de la demanda.
El Ministerio cita los casos de Irlanda, donde los centros de datos podrían concentrar hasta el 32% de la demanda eléctrica, y de varios estados de Estados Unidos, donde ese porcentaje supera el 25%; también menciona las restricciones aplicadas en Países Bajos.
Exigir renovable nueva y verificable hora a hora no es un capricho regulatorio: es un filtro contra la especulación sobre derechos de acceso que ya acumula 12 GW preconcedidos.
Impacto en las cotizadas: Merlin y Telefónica, bajo el foco
Merlin Properties, la principal socimi española con exposición a centros de datos, y Telefónica, como operador de infraestructuras digitales, siguen de cerca la redacción final del real decreto.
El Ejecutivo defiende que la regulación no supondrá una moratoria para los nuevos proyectos, que podrán continuar su tramitación si cumplen los estándares establecidos.
Para Merlin Properties, el decreto toca de lleno su estrategia de expansión en centros de datos, un negocio que en los últimos años ha pasado a formar parte del relato de crecimiento de la socimi. Para Telefónica, la soberanía digital europea refuerza su posicionamiento como socio tecnológico de infraestructuras críticas.
España está bien posicionada para captar estas inversiones por su disponibilidad de energía renovable, sus precios eléctricos y su conectividad, si bien el Gobierno insiste en que el crecimiento debe ordenarse antes de que pueda tensionar la red.
El decreto incluye obligaciones de eficiencia energética e hídrica y requisitos de soberanía digital, como que la operación del centro y los datos vinculados a ella permanezcan bajo jurisdicción de la Unión Europea.
No se aprecia una reacción bursátil significativa en preapertura; los operadores esperan el impacto del texto definitivo sobre los proyectos que ya cuentan con derechos de acceso.
Análisis Merca2: el filtro anti-especulación y sus riesgos
La tensión entre atraer inversión y ordenar el crecimiento es legítima. España arrastra una burbuja de permisos: más de 12 GW de derechos preconcedidos frente a una demanda esperada de 2,5 GW en 2030. La propuesta de renovable nueva, acreditada hora a hora, ataca la especulación, no el proyecto industrial.
El aviso de SpainDC, con ese 90% de pérdida de inversiones en juego, puede parecer inflado. Sin embargo, el calendario de 18 meses para instalar nueva capacidad renovable es exigente. En mi lectura, si el Gobierno no flexibiliza plazos, proyectos maduros podrían desviarse a Lisboa o Dublín, donde la regulación es más laxa. Irlanda ya concentra el 32% de la demanda eléctrica, pero sigue atrayendo capital.
Oportunidad: si se implementa bien, España puede crecer con electricidad barata y soberanía digital europea. La condición es un marco de PPAs que permita a los centros acreditar renovable sin frenar su puesta en marcha. El hito a vigilar es la presentación de alegaciones y la aprobación definitiva del texto.
La clave no es si el decreto es restrictivo, sino si el Gobierno facilita la adaptación a los proyectos en curso. Los inversores de Merlin y Telefónica no deberían reaccionar hasta conocer el texto final; la versión actual es el peor escenario, no el definitivo.
Veredicto Merca2
Cotización al cierre o apertura: Sin reacción bursátil significativa en preapertura; la sesión de este martes arranca con el sector de data centers pendiente del texto definitivo, con los 12 GW de derechos preconcedidos como referencia de sobrecapacidad potencial.
Clave técnica: El listón queda en el 80% de consumo renovable para instalaciones de más de 1 MW; si esta exigencia se mantiene sin matices, los proyectos que no puedan acreditar nueva capacidad renovable en 18 meses verán comprometida su viabilidad.
Apunte macro: La prima de riesgo española no es el factor que presiona a los proyectos; el foco está en el acceso a energía renovable, con 2,5 GW de demanda prevista en 2030 frente a 12 GW ya preconcedidos desde 2021.
