Cabify y las VTC catalanas han respirado con mayor tranquilidad tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha anulado la sanción de más de medio millón de euros impuesta a los vehículos de la empresa por la Generalitat. Sin embargo, como era de esperar, hay voces que no están satisfechas con la resolución, pues consideran que forma parte de un patrón sistémico que ha permitido que el unicornio español evite acumular sanciones y pueda operar con relativa normalidad en la zona.
En este caso ha sido el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) el que ha encabezado la reclamación en contra del TSJC. La agrupación ha expresado «su perplejidad y profundo malestar ante la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que deja sin efecto 547.520 euros en sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo a Cabify y varias empresas vinculadas a su actividad, al haberse superado los plazos legales de tramitación».
Según explica el sindicato, no es la primera vez que la lentitud de las instituciones salva a Cabify o a las VTC de pagar sanciones. En 2023 el TSJC ya declaró la caducidad de otro procedimiento contra Cabify por 187.515 euros, decisión que la Generalitat recurrió y que el Tribunal Supremo confirmó en febrero de 2026.
«Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Quizás tengamos que revisar esa afirmación. La indignación del sector es todavía mayor porque este verano los taxistas de Barcelona hemos visto miles de VTC, procedentes tanto de Cataluña como de otras comunidades, trabajando en la ciudad sin autorización urbana», ha sentenciado el sindicato en un comunicado dirigido a la ciudadanía y a las instituciones catalanas.
De hecho, en su comunicado, el sindicato ha dejado en el aire la posibilidad de que no se esté haciendo lo posible por controlar la actividad de las VTC. «¿Qué está pasando? ¿Realmente se está haciendo todo lo posible para controlar la actividad de las VTC en Barcelona o es que, en realidad, esto es lo que se pretende? Porque si es incapacidad administrativa, hay que corregirla. Y si es una decisión política, el sector del taxi tiene derecho a saberlo», sentencia el comunicado.
Las sentencias que beneficiaron a Cabify
Y es que la decisión de desestimar la sanción de este año es muy parecida a la de 2023. Esto deja abierta la puerta a un nuevo recurso de la Generalitat ante el Supremo y también la posibilidad de que el alto tribunal repita la misma conclusión, aunque será clave seguir de cerca el proceso por la delicada situación de las VTC en Cataluña.
De hecho, la decisión del TSJC en 2021, que incluía también a la filial de Cabify, Maxi Mobility, ya abría la posibilidad de un recurso. Sin embargo, en ese momento, la lentitud administrativa de la Inspección de Trabajo justificó la decisión de ambos tribunales, como se lee en el texto del Supremo consultado por Merca2: «En el seno de un procedimiento de impugnación de sanción administrativa, la sentencia de instancia ha entendido que concurre caducidad de la actuación inspectora previa a la sanción, pero el abordaje de la casación solo podremos llevarlo a cabo previa exposición de los antecedentes tanto fácticos (aunque reducidos) como procedimentales».
Es un problema que vuelve a repetirse con la nueva sanción. Desde el sector del taxi no es la primera vez que se protesta por la lentitud de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y demás expedientes alrededor de Cabify y del resto del sector de las VTC, en particular mientras se siguen acumulando acuerdos con otras instituciones, incluida la policía, para inspeccionar los vehículos de las plataformas en espacios como el aeropuerto de El Prat o las zonas cercanas a la estación de Sants.
¿Un aviso para el sector?
En cualquier caso, para el taxi, la preocupación es que no descartan que no se tomen las medidas necesarias precisamente con la idea de mantener la presencia de las VTC en Cataluña. Así lo dejan entender en su comunicado cuando señalan la necesidad de controlar de forma correcta la operación de las plataformas de la «nueva movilidad» en ciudades como Barcelona.
Además, es un conflicto que ocurre mientras la controvertida «Ley Taxi» se mantiene en trámite en el Parlament. En esta situación, el hecho de que las sanciones consideradas necesarias no puedan aplicarse por la lentitud de la Inspección de Trabajo pone en duda la eficacia de la futura normativa.
El taxi sube la tensión tras meses de silencio
Lo cierto es que el último documento del taxi recupera la tensión en su duelo con las VTC. Con la tramitación de la controvertida «Ley Taxi» en el Parlament y la marcha de Tito Álvarez —dirigente y principal portavoz de Élite Taxi— a Venezuela, parecía que por el momento el sector no tenía la misma capacidad de movilización que en el pasado reciente. Sin embargo, vuelven a levantar la voz.
Es cierto que, si quieren mantener su pulso con las plataformas, deben buscar nuevas formas de ejercer presión. Ya atraviesan una situación delicada, pues todo indica que la esperada «Ley Taxi» no estará aprobada este año, y ante unas elecciones en el horizonte del próximo año podría ocurrir que no consigan todos sus objetivos, sobre todo si tras las alegaciones el texto vuelve a modificarse.
