El Banco de Rusia ha publicado este lunes un borrador de normas que allanará el camino hacia un mercado regulado de criptomonedas en el país. La propuesta obliga a los exchanges (plataformas de intercambio) a integrar las llamadas «monedas digitales» en sus sistemas habituales de fijación de precios, monitoreo y reporte, utilizando los mismos procesos que ya emplean para valores y divisas tradicionales.
La entidad presidida por Elvira Nabiullina añade el concepto «moneda digital» al reglamento de «negociación organizada», lo que sienta las bases técnicas para que los operadores de criptoactivos operen bajo un paraguas normativo por primera vez en la historia rusa. Aunque el documento no menciona explícitamente a Bitcoin o Ethereum, su alcance abarca cualquier activo digital.
¿Qué exige el borrador a los exchanges?
La principal novedad es que las plataformas de intercambio de criptomonedas deberán reportar sus transacciones dentro del mismo sistema de vigilancia que el banco central utiliza para las acciones y los bonos. Esto incluye la publicación de precios en tiempo real, la monitorización de posibles manipulaciones y la elaboración de informes periódicos de actividad. En la práctica, se trata de equiparar el bitcoin a un valor financiero tradicional, al menos en lo que a trazabilidad se refiere.
El borrador modifica la normativa de «negociación organizada» del regulador ruso, que hasta ahora solo contemplaba instrumentos clásicos. Al añadir la definición de «moneda digital», el Banco de Rusia crea un marco para que los exchanges operen legalmente y, sobre todo, para que los datos de sus operaciones fluyan hacia los supervisores. El siguiente paso corresponderá a la Duma (el Parlamento ruso), que ya prepara una regulación integral del sector.
Rusia, entre la prohibición y la utilidad geopolítica

La relación de Rusia con las criptomonedas ha sido ambivalente. Desde 2022, su uso como medio de pago dentro del país está prohibido. Sin embargo, en 2023 la misma Duma aprobó una ley que autorizaba su empleo para liquidaciones internacionales, con el objetivo declarado de sortear las sanciones económicas que Occidente le impuso tras la anexión de Crimea y, más tarde, la invasión de Ucrania.
El presidente Vladímir Putin incluso mencionó en un foro a finales de 2024 que «por ejemplo, Bitcoin, ¿quién puede prohibirlo? Nadie», un guiño a la dificultad de los Estados para bloquear una red descentralizada. Además, Rusia cuenta con ventajas competitivas para la minería de criptomonedas gracias a su gran disponibilidad de energía barata, especialmente en Siberia.
Este borrador, por tanto, no surge de un entusiasmo ideológico por la descentralización, sino de una necesidad práctica: Moscú necesita canales alternativos para mover dinero a través de sus fronteras sin depender del sistema SWIFT.
Rusia no está adoptando las criptomonedas por convicción, sino porque le resultan un salvavidas para seguir vendiendo petróleo y gas sin depender del SWIFT tradicional.
Un mercado supervisado que apunta al comercio exterior
La propuesta del Banco de Rusia recuerda, en la forma, a lo que la Unión Europea ha hecho con su reglamento MiCA: integrar los criptoactivos en un ecosistema financiero vigilado. Pero las motivaciones son muy diferentes. Mientras Bruselas busca proteger al inversor minorista y luchar contra el blanqueo de capitales, Moscú persigue crear una infraestructura de pagos internacionales que quede fuera del alcance de las sanciones estadounidenses y europeas.
Los críticos señalan varios riesgos. El primero es que la aplicación efectiva de estas normas dependerá de la voluntad de un país acostumbrado a la opacidad. El segundo, que si las plataformas rusas empiezan a operar con criptoactivos, podrían convertirse en objetivo de nuevas sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que complicaría su acceso al sistema financiero global.
Con todo, el simple hecho de que el mayor país del mundo por superficie decida regular los criptoactivos es una señal de que el aislamiento total del sector resulta cada vez más difícil. Queda por ver si el borrador desemboca en un mercado doméstico vibrante o en una herramienta más para la maquinaria estatal.




