El vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, admitió este jueves ante el juez José María Escribano que mantuvo reuniones con directivos de Air Europa antes de que se abriera el plazo oficial para solicitar las ayudas públicas. La declaración, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el préstamo de 475 millones de euros concedido a la aerolínea en noviembre de 2020, desvela contactos que la normativa exigía documentar y que carecen de actas.
Reuniones sin actas en junio y julio de 2020
Según fuentes jurídicas presentes en la instrucción, Bartolomé Lora confirmó que entre junio y julio de 2020 se celebraron cuatro encuentros con representantes de Globalia, el equipo técnico y jurídico de la SEPI y el Ministerio de Economía, entonces encabezado por Nadia Calviño. La petición formal del rescate ya se había elevado a Economía, pero las reuniones tuvieron lugar antes de que el fondo de solvencia abriese el plazo oficial de solicitud.
En una de esas reuniones participó de manera excepcional el exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura, según admitió Lora, quien justificó su presencia por la importancia estratégica de Air Europa para el sector aéreo. El vicepresidente de la SEPI, que contestó a todas las partes, negó cualquier irregularidad y defendió que el préstamo se concedió siguiendo el procedimiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
Sin embargo, no existen actas ni registro documental de esos contactos previos, lo que podría convertirse en un punto débil de su defensa. El relato de los hechos deja abierta la posibilidad de que se hubieran acordado condiciones del rescate antes de que la convocatoria fuera pública, algo que el juez investiga como posible delito de prevaricación administrativa.
El requerimiento documental que la SEPI aún no ha entregado
El magistrado José María Escribano, que instruye la causa tras una querella de PP y Vox, ha reclamado a la SEPI un aluvión de documentación para reconstruir el proceso de concesión del préstamo. En su auto, el juez pide el expediente íntegro, las actas de las reuniones del consejo gestor, los listados de asistentes, los informes de fiscalización e incluso los correos electrónicos y notas internas intercambiadas entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.
El magistrado también reclama el informe la Abogacía del Estado que avaló la operación y la relación de técnicos e invitados que participaron en la toma de decisiones. Fuentes jurídicas han señalado a este medio que Lora aún no ha entregado esa documentación, lo que añade presión a un caso que va camino de alargarse varios meses.
La investigación se centra en dilucidar si la SEPI aprobó el rescate a sabiendas de que la aerolínea no cumplía todos los requisitos de solvencia previstos en la norma. El auto de admisión ya apuntaba que los hechos presentaban ‘características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa’.
La falta de actas en las conversaciones previas al rescate es el punto débil de la defensa de Lora y podría inclinar la balanza hacia la prevaricación.
Una investigación con consecuencias directas para Air Europa
El préstamo de 475 millones de euros se concedió en plena pandemia y se estructuró como un préstamo participativo que, más tarde, se convirtió parcialmente en capital. Aquella operación dejó al Estado con un 10 % del capital de Air Europa, una posición que la aerolínea ha arrastrado sin encontrar un comprador definitivo tras el fracaso de la venta a IAG.
El escándalo judicial llega en un momento delicado para Globalia, el grupo propietario de Air Europa, que aún busca un socio industrial o una salida ordenada para la compañía. Cualquier sombra de ilegalidad sobre el rescate complica las negociaciones y puede afectar a la valoración de la aerolínea ante eventuales inversores.
El caso recuerda inevitablemente a la polémica con el rescate de Plus Ultra, donde la SEPI también concedió ayudas millonarias y que posteriormente fue objeto de una investigación política y de recursos ante la justicia. Aquel episodio ya obligó a endurecer los criterios de acceso a los fondos públicos y este nuevo frente judicial podría tener un efecto similar, según fuentes del sector consultadas por Merca2.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: La entrega de la documentación requerida por el juez y la posible imputación de otros altos cargos. Un retraso deliberado puede intensificar las sospechas.
- Reacción del valor: Al no cotizar Air Europa, el impacto se concentra en la valoración de Globalia, donde la familia Hidalgo podría ver lastrada una futura venta. El precedente de Plus Ultra, con devolución de ayudas, ofrece un paralelo incómodo.
- Precedente sectorial: El caso reabre el debate sobre los filtros exigidos a los fondos de rescate público. Cualquier endurecimiento normativo perjudicaría a compañías estratégicas en futuras crisis.
