La Agencia Internacional de la Energía (IEA), la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), la Organización de Naciones Unidas y el Banco Mundial han encendido una luz de alarma conjunta: 655 millones de personas en el mundo viven aún sin electricidad en 2026. El dato, recogido en el último informe de seguimiento de los ODS publicado el 24 de junio, dibuja un panorama de progreso desigual y advierte de la urgencia de redoblar el paso hacia el acceso universal a la energía.
📉 El ODS 7 se aleja: la cifra que estanca el progreso
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 fijado por Naciones Unidas persigue garantizar para 2030 el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Los 655 millones de personas sin electricidad —una cifra que apenas se ha movido respecto respecto a los niveles previos a la pandemia— ponen de manifiesto que el mundo no está en la senda para alcanzar esa meta.
La mayor concentración de la pobreza energética se localiza en el África subsahariana, donde viven más de 500 millones de las personas sin acceso, y en algunas zonas de Asia. En esas regiones, la ausencia de redes eléctricas estables obliga a millones de hogares a depender de combustibles contaminantes como el queroseno, el diésel o la biomasa para cocinar e iluminarse.
El progreso ha sido muy desigual: mientras que países como India o Bangladesh han logrado electrificar rápidamente a gran parte de su población, en varios estados africanos la tasa de acceso se ha estancado por debajo del 40%. La pandemia de COVID-19 y la posterior crisis energética agravaron las dificultades de financiación y de despliegue de infraestructuras, borrando años de avances en algunas regiones.
💡 Asequibilidad y comunidades vulnerables: la letra pequeña del informe
El comunicado conjunto pone el foco en dos factores que lastran el avance: la asequibilidad y la especial vulnerabilidad de las comunidades más aisladas. Incluso donde existe una conexión a la red, el precio de la electricidad puede ser una barrera insalvable para las familias con menos recursos, señala el documento.
La paradoja es que la energía limpia nunca ha sido tan barata. La caída en el coste de la solar fotovoltaica y las baterías ha abaratado la instalación de sistemas descentralizados y minirredes, pero la inversión necesaria para llegar a los últimos kilómetros sigue sin fluir. Según estimaciones del sector, cerrar la brecha de acceso requeriría movilizar más de 40.000 millones de euros anuales, una cifra que hoy está lejos de alcanzarse.
La falta de electricidad fiable no es solo un problema de bienestar: lastra la educación, la sanidad y la productividad económica. Las mujeres y las niñas, responsables en muchos hogares de la recogida de leña o de la preparación de alimentos, soportan de manera desproporcionada las consecuencias de la pobreza energética.
El acceso universal a la electricidad no es solo una meta social: es un requisito indispensable para descarbonizar la economía y garantizar que la transición energética no deje a nadie atrás.
De la alerta a la acción: cómo la inversión ESG puede cerrar la brecha
El dato lanzado por la IEA, IRENA, la ONU y el Banco Mundial no es solo una estadística de desarrollo. Tiene implicaciones directas para el mundo de la inversión sostenible y los criterios ESG. Las empresas con cadenas de suministro expuestas a países con déficit energético afrontan riesgos de interrupción, menor productividad o costes adicionales de generación autónoma con combustibles fósiles.
Fondos de inversión responsable y emisores de bonos verdes empiezan a mirar la energía off-grid como una oportunidad para cumplir con el componente social de las carteras ESG. Iniciativas como la plataforma Energy Compact de Naciones Unidas o los programas de electrificación rural del Banco Mundial canalizan ya parte de la financiación climática hacia las poblaciones más desfavorecidas, aunque la escala sigue siendo insuficiente.
Desde el punto de vista climático, el estancamiento en el acceso energético también tiene un coste ambiental. Millones de personas que queman queroseno y diésel emiten una cantidad significativa de CO₂ y de carbono negro, un contaminante que acelera el deshielo y daña la salud. La electrificación con renovables de estas comunidades es, por tanto, una de las palancas más directas para descarbonizar el consumo final de energía y avanzar hacia el objetivo de cero emisiones netas.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: Conectar a los 655 millones de personas con soluciones renovables evitaría cientos de millones de toneladas de CO₂ al año y mejoraría la salud de millones de hogares.
- Modelo que cambia: Sustituir el queroseno y el diésel por sistemas solares descentralizados y minirredes transforma el modelo energético de las comunidades más pobres y las integra en la economía baja en carbono.
- Para las próximas generaciones: El acceso a electricidad limpia, fiable y asequible rompe el círculo de pobreza, permite educar a niños y jóvenes, y sienta las bases de un desarrollo que no hipoteca el clima que heredarán.
