EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Colegio de Registradores ha presentado este jueves el Libro Blanco sobre el mercado residencial español, donde defiende que la seguridad jurídica es la herramienta más eficaz para movilizar las viviendas que hoy permanecen cerradas.
- ¿Quién está detrás? El propio Colegio de Registradores de España, con el respaldo de más de 80 entidades y 120 expertos. Al acto asistieron representantes de la Comisión Europea, del Gobierno de Canarias, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital.
- ¿Qué impacto tiene? Los registradores sostienen que un simple registro de alquileres turísticos permitió aflorar hasta 100.000 viviendas de larga duración, y que un marco jurídico estable y sin sobresaltos haría que muchos propietarios perdieran el miedo a sacar sus inmuebles al mercado.
El Colegio de Registradores ha presentado este jueves el Libro Blanco sobre el mercado residencial español, una obra coral con más de 80 entidades y 120 expertos, en la que se defiende la seguridad jurídica como el principal aliciente para que los propietarios saquen al mercado las viviendas que hoy permanecen cerradas. La decana Rosario Jiménez y la directora de Vivienda Marta Gómez Llorens respaldaron la tesis con una cifra: hasta 100.000 inmuebles de larga duración pudieron aflorar gracias al registro único de alquileres turísticos, anulado por el Tribunal Supremo a finales de mayo.
“Es como si los registradores hubiéramos construido 100.000 viviendas”, bromeó Gómez Llorens. La idea fuerza que recorrió el acto es clara: la inseguridad jurídica actúa como un candado sobre un parque de viviendas que, con las condiciones adecuadas, podría aliviar la emergencia habitacional sin necesidad de más promociones. Y los números del propio Colegio refuerzan el diagnóstico: en la Comunidad de Madrid el precio ha subido un 20%, pero las ventas caen; en Málaga, lo mismo; en Guadalajara, un 15%. “Tendemos a pensar que el mercado se reduce a Madrid, Cataluña, Andalucía y Canarias, mientras existen zonas vacías. Pero preferimos todos vivir en zonas agotadas”, zanjó Gómez Llorens.
El Libro Blanco, editado por Prestomedia, recoge la visión de administraciones públicas, corporaciones y colegios profesionales. Su CEO, Yago González, subrayó que la vivienda “debe medirse en décadas, no en legislaturas” y que “cada vez que hay un cambio de Gobierno tenemos una nueva ley, no podemos empezar de cero cada vez”. La obra pide estabilidad normativa y un mínimo común denominador que sobreviva a los ciclos electorales.
Entre las recetas, el documento insiste en la necesidad de aumentar la oferta, pero “no se trata de construir más, sino de construir donde hace falta, en los plazos adecuados y con calidad en la planificación”. Señala también la importancia de la rehabilitación de inmuebles de segunda mano —“una oportunidad”— y de la eficiencia energética. Sin embargo, el foco más preocupante es la dificultad de emancipación de los jóvenes: “Cuando una generación retrasa el acceso a la vivienda durante años, toda la sociedad lo paga. Se retrasa la natalidad”, advierte el estudio.
La cita congregó a representantes políticos de distinto signo. Eduardo Gómez-Casado, consejero económico de la Comisión Europea, recordó que Bruselas, sin competencias directas, ha lanzado su primer plan de vivienda asequible, con cuatro pilares: construir para aumentar la oferta, innovar en la construcción, reducir la burocracia y acortar los tiempos de los permisos. Por su parte, José María García, viceconsejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, defendió el papel de los promotores y cifró en 1.600 millones de euros la movilización de suelo con coste cero para el erario público que ha atraído a inversores.
La vivienda no se puede legislar a golpe de decreto ley y esperar que el propietario confíe. La seguridad jurídica es la primera piedra de cualquier política de oferta.
En la segunda mesa, el vicesecretario del Consejo General del Notariado, César Sanz, fue especialmente duro: pidió “seguridad” a los legisladores y reclamó que no se legisle “a base de decretos ley”, en referencia al último decreto sobre prórroga de alquileres, tumbado en el Congreso. Sanz apostilló que muchos propietarios prescinden del trámite registral “por miedo a aparecer de forma pública”. La presidenta de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González, añadió que el problema se “salpimenta” con la ideología y con una estratificación de decisiones en tres niveles que no ayuda.
Este cruce de opiniones deja una lectura estratégica para el comprador, el pequeño propietario y el inversor institucional. Hasta ahora, cada reforma normativa —ampliación de la prórroga de alquileres, límites al precio, cambios en la fiscalidad de las socimis— ha generado una retracción del propietario particular. Los notarios confirman que, aun existiendo obligación legal, muchos optan por no inscribir sus inmuebles por temor a una fiscalización o a un cambio normativo que les perjudique. La propuesta de los registradores es, en esencia, un pacto de confianza: devolver certidumbre jurídica a cambio de que esos pisos salgan del limbo de las casas cerradas.
La Ficha del Inversor: ¿se movilizará realmente el parque de viviendas cerradas?
La métrica clave que alimenta el debate es el dato de las 100.000 viviendas afloradas durante la vigencia del registro único de alquileres turísticos. Si bien aquella herramienta quedó anulada, demuestra que un marco transparente y estable puede actuar como revulsivo. Sin embargo, la incógnita es si ese efecto se replicaría en un contexto donde la Ley de Vivienda, los topes al alquiler y la inseguridad regulatoria percibida siguen pesando en las decisiones de los propietarios.
La tendencia a seis meses apunta a un periodo de estabilidad precaria. Con unas elecciones generales en el horizonte legislativo, es improbable que el Gobierno opte por desandar parte de la reforma, pero la presión de alcaldes y promotores puede forzar un giro hacia la oferta, como sugiere el plan europeo. Para el pequeño propietario, la recomendación es clara: la seguridad jurídica es, hoy, un activo escaso. Quienes dispongan de viviendas vacías y las pongan en alquiler bajo un contrato blindado por un asesoramiento registral profesional pueden capturar la creciente demanda de larga duración, especialmente en zonas tensionadas. Para el inversor institucional, la lectura es que cualquier paso hacia la estabilidad normativa abaratará el riesgo país y podría reducir los yields exigidos, revalorizando las carteras de Build to Rent.
La batalla entre operadores es nítida: mientras los registradores y notarios abogan por menos decretos y más seguridad, las administraciones autonómicas compiten por atraer inversión con mensajes de confianza (el ejemplo de Madrid y sus 1.600 millones en suelo) y la Comisión Europea presiona con ayudas para construir. El riesgo es que, si el Congreso no modular la legislación, la desconfianza del propietario particular siga siendo un grifo cerrado que ni los registros, ni los incentivos fiscales puntuales, consigan abrir. La próxima ventana crítica será la tramitación de cualquier nuevo decreto en materia de alquiler en el otoño de 2026: de su enfoque dependerá si el Libro Blanco se convierte en una hoja de ruta o en un diagnóstico más destinado a acumular polvo en las estanterías del sector.
