El juez federal Amit P. Mehta ha dictado sentencia firme ejecutando el laudo del Ciadi correspondiente al caso BayWa contra el Reino de España. La indemnización asciende a 28,2 millones de dólares (24,7 millones de euros), con intereses de demora acumulándose hasta el completo pago. El fallo, fechado el 1 de julio, supone un nuevo revés judicial para un país que arrastra 27 laudos internacionales pendientes de pago.
El laudo BayWa y la sentencia de ejecución
El caso BayWa se remonta a la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables aprobada por el Gobierno español en 2013. Los inversores, agrupados en Blasket Renewable Investments, llevaron la disputa al Ciadi, que falló a su favor. A partir de ahora, la sentencia del tribunal federal del Distrito de Columbia abre la vía ejecutiva: los acreedores pueden rastrear y embargar bienes del Reino de España en Estados Unidos. El juez Mehta ha considerado probado el crédito y ha ordenado el pago íntegro más los intereses devengados.
Este movimiento llega solo un día después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazara la petición de ‘certiorari’ de España, cerrando cualquier posibilidad de apelación jurisdiccional. A mi juicio, el cambio es radical: ya no se debate si los laudos pueden ejecutarse en suelo estadounidense, sino cuántos acreedores se apresurarán a registrar sus propias sentencias en los tribunales federales.
El efecto dominó: más de 700 millones en la diana
En las últimas semanas, distintos fondos han logrado inscribir siete sentencias federales derivadas de laudos renovables, por un importe conjunto cercano a 700 millones de euros. Entre las compañías afectadas figuran NextEra Energy, 9REN, Cube Infrastructure, InfraRed y Rreef Infrastructure. La estrategia es clara: ampliar el número de jurisdicciones desde las que perseguir activos del Reino de España.
Las mismas fuentes cercanas a los acreedores subrayan que “la decisión del Tribunal Supremo cambia por completo el terreno de juego”. A partir de ahora, los esfuerzos se centrarán en ejecutar y localizar bienes embargables, y cada nuevo registro incrementa la presión. España ya no puede esconderse tras un laberinto procesal.
Ya no se trata de una mera disputa legal: cada día que pasa, la capacidad de España para atraer capital extranjero se debilita un poco más.
En Bélgica, permanecen bloqueados aproximadamente 250 millones de euros en cuentas bancarias intervenidas. En Países Bajos se ha iniciado un procedimiento para embargar y liquidar la sede del Instituto Cervantes en Utrecht. Los tribunales australianos han reconocido laudos por más de 400 millones de euros, y el Tribunal Supremo de Singapur ha dictado resoluciones favorables por otros 300 millones. Una madeja de litigios que pone contra las cuerdas la imagen internacional del país.
El coste reputacional y la solvencia soberana
La acumulación de laudos condenatorios empieza a pesar en la imagen de España como destino de inversión. Aunque las cuantías individuales —28,2 millones en el caso BayWa— parezcan modestas, el conjunto supera ya los 1.200 millones de euros, una cifra que inquieta a los gestores de fondos internacionales. Lo que está en juego no es tanto el dinero como la percepción de impunidad.
Desde el punto de vista de la solvencia, Moody’s y S&P mantienen el rating de España en A- y A, respectivamente, con perspectiva estable. Sin embargo, los informes anuales de las agencias ya mencionan el riesgo de contingencias legales derivadas de los arbitrajes energéticos. Si la cascada de sentencias ejecutivas continúa, no sería extraño que Fitch o DBRS incorporaran una nota negativa en sus próximas revisiones.
En mi lectura el mayor peligro para el Reino de España no es el embargo puntual de cuentas o inmuebles, sino el daño acumulativo a su reputación como socio fiable. Los inversores institucionales, desde fondos de pensiones hasta aseguradoras, miden el riesgo país no solo por el déficit o la deuda, sino también por la disposición de un Estado a cumplir sus obligaciones internacionales. Aquí, el historial es demoledor: 27 laudos pendientes, procesos abiertos en seis países y una política de no pago que ya empieza a ser crónica.
Por último, conviene recordar que la justicia estadounidense ha sido particularmente contundente con los Estados que intentan eludir sentencias arbitrales. La doctrina del ‘Foreign Sovereign Immunities Act’ permite ejecutar bienes comerciales, y los acreedores ya están peinando activos como cuentas bancarias de consulados, edificios diplomáticos de uso no soberano o inmuebles de entidades públicas. En un escenario extremo, España podría verse en la tesitura de tener que negociar un acuerdo global —con quitas incluidas— o afrontar una sucesión de ejecuciones dolorosas en varios frentes. La pelota está en el tejado del Gobierno.
Veredicto Merca2
Cotización al cierre o apertura: El bono español a 10 años cotiza en el 3,45% al cierre de la sesión, con la prima de riesgo en 95 puntos básicos. La reacción inmediata es nula, pero la acumulación de sentencias ejecutables podría tensionar el diferencial en las próximas jornadas.
Clave técnica: La ‘Final Judgment’ activa el ‘discovery’ ordenado por el juez Mehta, lo que permite a los acreedores rastrear cualquier activo soberano en territorio estadounidense. Cada nuevo laudo registrado se convierte en una potencial vía de embargo.
Apunte macro: El montante total de laudos energéticos supera los 1.200 millones de euros, una suma modesta frente al PIB español, pero con un impacto reputacional que ya se nota en el mercado de deuda. Las próximas emisiones del Tesoro podrían pagar un sobreprecio si los litigios no encuentran una salida política.
