Cataluña se postula como el nuevo polo europeo de la computación avanzada. La Generalitat ha anunciado la cesión de una parcela en el polígono El Molló, en Móra la Nova (Tarragona), para levantar la que aspira a ser la mayor gigafactoría de inteligencia artificial de España, con una inversión prevista de 5.000 millones de euros.
Claves de la operación
- Inversión de 5.000 millones y consorcio público-privado. El proyecto arranca con 1.500 millones de aportación inicial entre Estado (47,99%), Generalitat (1% vía suelo) y empresas (Telefónica, Santander, ACS y Multiverse Computing). Los 3.500 millones restantes procederían del fondo europeo de gigafactorías.
- Candidatura a la red europea de gigafactorías. Bruselas lanzará la convocatoria en julio, y la Generalitat prevé presentar su propuesta en septiembre-octubre. La adjudicación se espera a finales de 2026 o principios de 2027, con entrada en operación prevista para finales de 2028.
- Impacto energético y oposición local. El consumo inicial será de 30-50 MW, escalando hasta 125 MW en 2029 —equivalente al consumo eléctrico de 202.000 catalanes— lo que ha movilizado a colectivos ecologistas y vecinales en la plataforma ‘Aturem la gigafactoria d’IA’.
La arquitectura financiera del proyecto: 1.500 millones iniciales y la baza de Bruselas
El consorcio que impulsará la gigafactoría está participado por el Estado español, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), con un 47,99% del capital. La Generalitat, mediante INCASÒL, aporta los terrenos —valorados en unos 15 millones de euros— y se queda con un 1% inicial. El sector privado, con Telefónica, Banco Santander y ACS controlando cada uno un 15,67%, y la vasca Multiverse Computing un 4%, completa la propiedad. La suma de estos compromisos alcanza los 1.500 millones de euros. El resto, hasta los 5.000 millones anunciados por Moncloa, dependerá de la captación de fondos europeos.
El montante total coloca a Tarragona en la primera línea de la carrera por la infraestructura de IA. De ganar la adjudicación europea, el proyecto absorbería una parte sustancial de los 20.000 millones que la Comisión Europea destinó a la construcción de estas instalaciones estratégicas. Sin embargo, la dependencia de Bruselas introduce un factor de riesgo considerable, ya que el calendario y las condiciones de la convocatoria aún no están cerrados.
Bruselas, el cronograma y el plan B: sin margen para el fracaso pero con viabilidad ‘por sí mismo’
La Comisión Europea publicará la convocatoria oficial en julio, y la Generalitat espera presentar su candidatura entre septiembre y octubre. La resolución se espera para finales de 2026 o principios de 2027, y la gigafactoría debería estar operativa a finales de 2028. El proyecto se concibe como multisede: la planta tarraconense albergará los servidores principales, mientras que en San Fernando de Henares (Madrid) se contratará capacidad adicional a un tercero.
Pese a que el Govern afirma no tener “plan B”, confía en que el proyecto tejido por el consorcio “podría ser igualmente viable” aunque no gane el concurso. La incertidumbre no es menor: un documento interno de la Comisión filtrado a Euractiv plantea revisar el modelo para apostar por más centros de menor potencia, en lugar de los cinco gigantescos previstos. Esta posible reformulación podría alterar los criterios de selección y beneficiar a otras candidaturas.
España en la carrera europea por la soberanía computacional: ¿llega Tarragona a tiempo?
La apuesta catalana no va sola. AWS invertirá 17.000 millones en Aragón, Google Cloud refuerza su presencia en Madrid y Málaga aspira a otros centros de datos. La pugna por convertirse en el ‘hub’ digital del sur de Europa es intensa. En este contexto, la gigafactoría de Tarragona es el movimiento más ambicioso liderado directamente por el Estado, que busca asegurar capacidad de cómputo soberana para servicios públicos, empresas y hospitales.
Pero la competencia comunitaria es feroz: 76 candidaturas preliminares se presentaron a la iniciativa europea. Francia y Alemania cuentan con proyectos avanzados respaldados por sus gigantes industriales. Para que España gane, deberá demostrar no solo solvencia técnica, sino también un encaje impecable con los objetivos de autonomía estratégica de la UE. Y el ruido interno puede pesar. La plataforma ciudadana ‘Aturem la gigafactoria d’IA’ cuestiona el impacto energético de una instalación que en 2029 consumirá 125 MW, equivalentes al gasto eléctrico de 202.000 personas. Aunque la Generalitat defiende que la refrigeración de circuito cerrado reducirá el uso de agua a “casi cero”, la batalla social está servida.
El proyecto mide su viabilidad no solo en petaflops, sino en la capacidad de España para navegar los plazos de Bruselas y las tensiones locales.
La ecuación es compleja. La financiación privada está garantizada, pero la viabilidad a largo plazo sin el paraguas comunitario es, cuando menos, incierta. Los 3.500 millones de euros que deben venir de Europa no son un extra, sino el núcleo de la operación. Si Bruselas cambia las reglas o elige otras sedes, el proyecto perdería gran parte de su sentido original. España necesita que la gigafactoría de Tarragona sea una realidad, pero también necesita que el proceso europeo no se desinfle mientras tanto.
Mientras, la Generalitat afronta el reto de conciliar el discurso de transformación económica con una oposición vecinal que se organiza. La central nuclear de Ascó ha sido durante décadas el motor energético de la comarca; ahora se pretende un nuevo polo de desarrollo, pero con la incertidumbre añadida de una tecnología que consume mucha electricidad y genera pocos puestos de trabajo directos una vez construida. El secretario de Telecomunicacions, Albert Tort, no oculta la confianza: “Es una infraestructura de país”. Ciertamente, lo es. Pero el camino hasta verla operativa está sembrado de plazos ajustados, rivales poderosos y la espada de Damocles de una posible marcha atrás en la ambición comunitaria.
