La protagonista de ‘Cuéntame cómo pasó’ se enfrenta de nuevo al banquillo. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha anulado la sentencia que absolvió a Ana Duato por fraude fiscal en el caso Nummaria y ha ordenado repetir el juicio ante un tribunal distinto. La decisión, conocida el pasado 28 de mayo, reabre un calvario judicial que dura ya una década y que la actriz califica de ‘escarmiento’ de la Agencia Tributaria.
Una absolución anulada once meses después
En junio de 2025, la Sección Segunda de la Audiencia Nacional absolvió a Duato al considerar que no existía ‘acreditación suficiente de que la acusada conocía que estaba incumpliendo su deber de contribuir’. La sentencia, de 275 páginas, fue unánime y tan contundente que ni siquiera la Fiscalía la recurrió. Sin embargo, la Agencia Tributaria sí presentó un recurso de apelación, y ahora la Sala de Apelación le ha dado la razón.
La actriz reaccionó con un comunicado en el que denunció: ‘La Agencia Tributaria no podía dejar que mi sentencia sentara jurisprudencia. A las personas públicas, desde tiempos de Lola Flores, nos han utilizado para ejemplarizar y meter miedo al resto de contribuyentes’. Duato insistió en que pagó todos sus impuestos y que nunca tuvo ánimo de defraudar, confiando plenamente en el asesoramiento fiscal de Fernando Peña, el experto del caso Nummaria.
La resolución ahora anulada sostenía que los ingresos de la actriz, canalizados a través de una sociedad instrumental, no implicaban necesariamente una ocultación deliberada. Pero la Sala de Apelación considera que la anterior sentencia no justificó de manera lógica y suficiente la absolución, al omitir un análisis profundo sobre la existencia de fraude u ocultación. El nuevo tribunal deberá ahora evaluar de nuevo si existió dolo.
Imanol Arias, compañero de reparto y también acusado en el caso Nummaria, pactó con la Fiscalía Anticorrupción y aceptó una condena de dos años y dos meses de cárcel, abonando al fisco 2,2 millones de euros. Su caso, ya cerrado, contrasta con la reapertura del de Duato, que podría enfrentar penas de prisión si finalmente se demuestra la defraudación.
El precedente Lola Flores y la función ejemplarizante
Ana Duato ha evocado el fantasma de Lola Flores, condenada en 1989 tras un recurso del Supremo a pagar 28 millones de pesetas. Aquel fiscal reconocería años después que ‘Lola Flores fue escogida como ejemplo’. El paralelismo no es casual: en ambos casos, la Administración tributaria persiguió a figuras mediáticas para lanzar un mensaje de intolerancia con el fraude fiscal, más allá de la cuantía defraudada.
El caso de Duato carece aún de una cifra concreta de defraudación. La actriz sostiene que el importe en disputa no supera los 200.000 euros, una cantidad que, en términos de recaudación, apenas movería la aguja de Hacienda. Sin embargo, el valor simbólico de una condena a una de las caras más reconocibles de la televisión española sería enorme.
Si Hacienda recurre cuando la Fiscalía se retira, el proceso penal se convierte en un instrumento recaudatorio disfrazado de ejemplaridad.
Cuando el fisco actúa sin el Ministerio Público
La Sala de Apelación ha anulado la absolución por defectos de forma y no por convicción de culpabilidad. Pero que la Agencia Tributaria haya actuado en solitario, sin el respaldo ni de la Fiscalía ni de la Abogacía del Estado, introduce una tensión institucional poco habitual. La separación entre el interés recaudatorio y el interés general de la acusación pública queda difuminada.
Para los asesores fiscales, el mensaje es inquietante. Si una persona que confía en un asesor experto —el mismo que diseñó estructuras para decenas de contribuyentes— puede verse arrastrada a un juicio penal por la mera discrepancia interpretativa, la seguridad jurídica se resiente. La propia Audiencia Nacional lo advirtió en su primera sentencia: el asesoramiento externo no exime, pero puede anular el dolo. Ahora, esa doctrina corre el riesgo de diluirse.
Ana Duato ya ganó una vez. La repetición del juicio la obligará a demostrar de nuevo que no quiso defraudar, en un contexto en el que la Agencia Tributaria parece dispuesta a recurrir todos los frentes para evitar que su absolución cree jurisprudencia. La función ejemplarizante de Hacienda tiene un coste: la presunción de inocencia se pone a prueba cuando el acusador no es el fiscal, sino el recaudador.
