Hay una pregunta que ningún político español responde con claridad y que cualquier analista serio lleva años haciéndose: ¿quién es dueño, realmente, de las grandes empresas españolas? La respuesta tiene una componente que el debate público sistematicamente ignora. No son solo los accionistas privados, los fondos de inversión tradicionales ni las familias fundadoras. Son los Estados. Otros Estados. Con dinero soberano, sin prisa y con horizontes de inversión de décadas.
Noruega tiene 14.700 millones de euros en bolsa española. Qatar es el primer accionista de la empresa eléctrica más grande del país. Arabia Saudí controla casi el 10% de la operadora nacional de telecomunicaciones con acceso a infraestructuras críticas de defensa. Y Singapur, Abu Dabi y Canadá completan un mapa que nadie ha dibujado en una sola página y que tiene implicaciones que van mucho más allá de la rentabilidad financiera.
Esto es ese mapa.
Noruega: el gigante invisible que no necesita oficina
El fondo soberano noruego, Norges Bank Investment Management, tiene un patrimonio de 1,6 billones de euros y es el mayor inversor institucional del mundo. Está presente en 9.000 empresas de 70 países. Y en España tiene 14.700 millones de euros invertidos, de los cuales 13.277 millones están en empresas del Ibex 35. Es el fondo soberano con mayor presencia en la bolsa española, y la mayoría de los ciudadanos españoles no sabe que existe.
Noruega no tiene oficina en España. No tiene un número de contacto local. Cuando el periodista de infoLibre intentó localizarles para una información, la respuesta fue: «Lamentably no tenemos oficina ni ningún contacto en España.» Es la máxima expresión de lo que el economista Iago Santos llama «ejercer el poder con el mando a distancia.» No hacen ruido. Solo tienen el 15% del free float institucional de Repsol, el 8,5% de Unicaja, el 8,4% de Sacyr y posiciones relevantes en prácticamente todo el Ibex.
En términos absolutos, sus seis mayores inversiones en España —Iberdrola, BBVA, Santander, Inditex, Amadeus y Repsol— suman casi 10.000 millones de euros. Sin consejeros. Sin comunicados. Sin agenda política visible. En enero de 2024 firmó una alianza con Iberdrola para coinvertir más de 2.000 millones en renovables en la Península Ibérica durante tres años. Lo hizo sin rueda de prensa en Madrid. Simplemente lo firmó y lo comunicó a los mercados.
El modelo noruego es el que todos los libros de economía ponen como ejemplo de fondo soberano bien gestionado: alimentado con los ingresos del petróleo y el gas del Mar del Norte, gestionado con independencia del gobierno de turno, diversificado globalmente, transparente en sus posiciones y sin aspiraciones de control político. En España es accionista, no controlador. Eso lo diferencia del resto del mapa.
Qatar: el principal accionista de Iberdrola que no tiene asiento en el consejo
Qatar Investment Authority —el fondo soberano del Estado de Qatar— tiene más de 12.700 millones de euros invertidos en España. La cifra le convierte, junto a Norges Bank, en uno de los dos únicos fondos soberanos con más de un 1% en firmas del Ibex 35. Y su apuesta principal es la que más llama la atención: es el primer accionista individual de Iberdrola.
QIA entró en Iberdrola en 2011 con algo más del 6% del capital, una inversión valorada entonces en alrededor de 2.000 millones de euros. Desde entonces, la inversión se ha más que triplicado. A finales de 2024, con el 6,98% del capital —tras reducir su posición desde el 8,69%—, la participación vale en torno a 9.500 millones de euros. Un retorno extraordinario para un fondo que, paradójicamente, no tiene representación en el consejo de administración de la empresa en la que ha invertido esa cantidad.
La relación entre Qatar e Iberdrola va más allá de lo accionarial. Iberdrola tiene en Doha el Iberdrola Innovation Middle East, un centro de innovación enfocado en soluciones digitales para la integración de energías renovables. Qatar participa como co-inversor en proyectos de la eléctrica española en varios mercados internacionales. Es una asociación estratégica en la que el dinero catarí financia la expansión renovable española en el mundo árabe, y la tecnología española da a Qatar las credenciales de innovación que necesita para su proceso de diversificación post-petróleo.
QIA también tiene una participación notable en Inmobiliaria Colonial, la gran SOCIMI española del segmento de oficinas premium: el 19,028% del capital. Con eso, el Estado de Qatar es simultáneamente el mayor accionista individual de la primera eléctrica española y un accionista de referencia del mayor propietario de oficinas prime del país. Sin oficina en Madrid. Sin ningún directivo catarí en los consejos. Sin declaraciones públicas sobre sus inversiones españolas.
Arabia Saudí: el caso Telefónica y la soberanía que nadie explica
Este es el capítulo que más me interesa del mapa. Porque es el único donde la inversión soberana extranjera ha generado una reacción defensiva explícita del Estado español. Y lo que esa reacción revela es tanto sobre los saudíes como sobre nosotros.
En septiembre de 2023, Saudi Telecom Company —controlada en un 64% por el Public Investment Fund de Arabia Saudí— anunció la compra del 9,9% de Telefónica por 2.100 millones de euros, convirtiéndose en el accionista con mayor poder de voto en ese momento. El 4,9% lo adquirió directamente en mercado —sin necesidad de autorización—, y el 5% restante a través de derivados financieros, que sí requerían autorización gubernamental por ser Telefónica un proveedor de servicios de defensa declarado estratégico.
La reacción del Gobierno de Sánchez fue instructiva: no bloqueó la operación, sino que decidió igualarla. En diciembre de 2023 anunció que SEPI —la sociedad estatal de participaciones industriales— compraría el 10% de Telefónica. Lo completó en mayo de 2024 por 2.285 millones de euros. Simultáneamente, empujó a CriteriaCaixa para que mantuviera su posición del 9,99%. El resultado: SEPI + CriteriaCaixa = casi el 20%, frente al 9,9% saudí. Una «operación de pinzas» para que ninguna decisión relevante pudiera tomarse sin el apoyo del bloque español.
En noviembre de 2024, el Ministerio de Defensa autorizó formalmente la conversión de los derivados de STC en acciones con derechos de voto plenos. Las condiciones de esa autorización son completamente secretas. Nadie sabe qué compromisos adquirió STC sobre las redes de comunicaciones críticas que Telefónica gestiona para las Fuerzas Armadas españolas. Nadie, excepto Moncloa y la empresa saudí.
En enero de 2025, con STC ya asentada como accionista de pleno derecho, la SEPI propuso a Marc Murtra —presidente de Indra, empresa de defensa en la que el Estado tiene el 28%— como nuevo CEO de Telefónica. Álvarez-Pallete fue destituido en un consejo extraordinario celebrado un sábado. STC, por su parte, solicitó formalmente un asiento en el consejo de administración.
Lo que ha ocurrido en Telefónica no es un modelo de defensa de infraestructuras estratégicas. Es la demostración de que el Estado español no tiene herramientas adecuadas para manejar la entrada de capital soberano extranjero en activos críticos y que, cuando no las tiene, improvisa.
Abu Dabi y Singapur: turismo, infraestructuras y energía renovable
Los fondos emiratíes y el singapurense tienen una presencia menos mediática pero igualmente relevante en sectores concretos.
ADIA —Abu Dhabi Investment Authority, con activos estimados en 1,1 billones de dólares y una rentabilidad anualizada del 7,1% a 30 años— invirtió 730 millones de euros en Meliá Hotels, la cadena hotelera mallorquina que es uno de los operadores vacacionales más importantes de Europa. Mubadala, el otro gran fondo emiratí, coinvierte con Iberdrola en proyectos de energía renovable a través de Masdar, su filial especializada en energías limpias. La combinación de ambos fondos convierte a Abu Dabi en un socio financiero relevante de la transición energética española sin que haya una sola línea en la prensa española sobre sus condiciones de entrada o salida.
GIC —Government of Singapore Investment Corporation— pagó 1.400 millones de euros por un tercio del valor del grupo hotelero HIP, el mayor portfolio de hoteles vacacionales de España en manos de Blackstone. También tiene 1.628 millones invertidos en Cellnex Telecom, la empresa española de torres de comunicaciones que se ha convertido en el líder europeo del sector. Y en 2023 cerró una alianza con Iberdrola para coinvertir 430 millones de euros en redes de transmisión en Brasil.
Singapur no invierte en España porque le guste el sol. Invierte en España porque las empresas españolas —Cellnex, Iberdrola, los grandes portfolios hoteleros— son vectores de acceso a activos de infraestructura a escala europea y latinoamericana que resultan difíciles de conseguir directamente desde Singapur. España funciona como puerta de entrada a dos continentes. Los fondos soberanos asiáticos lo entienden perfectamente.
El inventario: qué tienen y en qué
Conviene tener en una sola tabla la magnitud del fenómeno.
Norges Bank (Noruega): 14.700 millones de euros en bolsa española. Repsol, Iberdrola, BBVA, Santander, Inditex, Amadeus, Cellnex, Acciona, Grifols y decenas más.
Qatar Investment Authority: más de 12.700 millones. Iberdrola (6.98%, primer accionista) e Inmobiliaria Colonial (19%).
Saudi Telecom Company/PIF: 2.285 millones. Telefónica (9.9%, segundo mayor accionista individual).
GIC Singapur: 1.628 millones en Cellnex + 1.400 millones en HIP + alianzas con Iberdrola.
ADIA Abu Dabi: 730 millones en Meliá + alianzas con Iberdrola.
CPPIB Canadá: 1.794 millones en múltiples empresas del Ibex. Tercer país más importante en su cartera global, solo por detrás de EEUU y Canadá.
APG/PGGM Países Bajos: 1.200 millones.
Sonatrach Argelia: 1.020 millones en Naturgy.
El total del capital soberano extranjero directamente identificable en empresas españolas cotizadas supera los 35.000 millones de euros. Y eso sin contar las coinversiones en proyectos de infraestructura no cotizados, el sector hotelero no bursátil y las participaciones indirectas a través de vehículos de private equity.
La pregunta que nadie hace: ¿y el fondo soberano español?
Permíteme un momento de ironía geográfica.
Noruega tiene el mayor fondo soberano del mundo, creado con los ingresos del petróleo del Mar del Norte. Qatar tiene el QIA. Arabia Saudí tiene el PIF. Abu Dabi tiene ADIA y Mubadala. Singapur tiene GIC y Temasek. Canadá tiene el CPPIB. Todos ellos son propietarios de una parte significativa de las grandes empresas españolas.
España no tiene ningún fondo soberano.
España tuvo durante los años de bonanza fiscal —2005 a 2007— los superávits presupuestarios suficientes para haber creado uno. No lo hizo. Luego llegó la crisis de 2008, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social —las «pensiones»— llegó a acumular 67.000 millones de euros y se fue vaciando hasta quedar en niveles simbólicos. España nunca tomó la decisión de convertir sus reservas de prosperidad en un instrumento de inversión estatal a largo plazo.
El resultado es el que estamos describiendo: España es el destino, no el inversor. Es la empresa que recibe el capital soberano extranjero, no el Estado que lo despliega. En el tablero de ajedrez de las finanzas soberanas globales, España juega como tablero, no como jugador.
Algunos señalarán que la SEPI es algo parecido. No lo es. La SEPI es una sociedad de cartera del Estado que gestiona participaciones heredadas —Correos, Indra, ENUSA, Navantia— y que, en el caso de Telefónica, actuó de forma reactiva y defensiva, no con una estrategia de inversión soberana proactiva. Esa diferencia es fundamental.
Lo que esto implica para la soberanía económica
Que fondos soberanos extranjeros sean accionistas de empresas españolas no es malo en sí mismo. Es capital paciente, con horizonte de largo plazo, generalmente pasivo en términos de gobierno corporativo y con ninguna intención de control operativo. El modelo Norges Bank —presente en todo el Ibex sin pedir nada a cambio, sin consejeros, sin condiciones— es exactamente el tipo de inversor que cualquier empresa cotizada querría tener.
El problema aparece cuando el inversor soberano no es Noruega sino Arabia Saudí. Cuando la empresa objetivo no es Inditex sino Telefónica. Cuando lo que se compra no son acciones de una empresa de moda sino acceso a las redes de telecomunicaciones críticas de un Estado, incluyendo las comunicaciones militares. En ese momento, la inversión financiera tiene una dimensión geopolítica que ningún modelo de valoración por descuento de flujos de caja puede capturar.
España no tiene, a día de hoy, un marco regulatorio claro para gestionar esa diferencia. La Ley de Seguridad Nacional y el Real Decreto de Inversiones Extranjeras dan al Gobierno capacidad de bloqueo, pero el caso Telefónica demostró que ese bloqueo no se usa para rechazar la inversión sino para negociar condiciones que después no se hacen públicas. Es una solución que puede funcionar caso a caso pero que no constituye una política coherente de soberanía económica.
La alternativa más inteligente que tienen países similares a España es exactamente la que no tenemos: un fondo soberano propio que permita al Estado ser jugador en el mercado de capitales global, no solo árbitro cuando llega capital extranjero a sus empresas. Con ese fondo, la respuesta a STC en Telefónica no habría sido «compramos el 10% de urgencia.» Habría sido «ya teníamos el 10%, lleva diez años en nuestra cartera estratégica, y si quieres los 4.999 millones que te costarían llegar al 15%, cuéntanos qué contrapartida traes.»
La diferencia entre esas dos respuestas mide exactamente la distancia entre tener una política soberana de inversión y no tenerla.
El mapa de los fondos soberanos en España es impresionante. El sitio de España en ese mapa, menos.
