Zoran Mandani ha lanzado un órdago que pocos se esperaban. En un discurso reciente, el alcalde socialista de Nueva York amenazó con expropiar los edificios de aquellos caseros a los que califica de “negligentes”. La noticia corrió rápido y muchos creyeron que la medida se limitaba a inmuebles vacíos o abandonados. Pero no. La cosa es mucho más grave, porque Mandani apunta directamente a viviendas que ya están alquiladas, pero que, según su criterio, no reciben suficiente inversión en mantenimiento. Esa es la excusa perfecta para un nuevo zarpazo estatal.
En su último análisis, Juan Ramón Rallo disecciona esta amenaza y la conecta con una secuencia política que, sostiene, se repite en todas partes. No es un caso aislado. La aparente defensa del inquilino es, a su juicio, una fachada para acumular poder mientras se ignoran las causas reales del deterioro. Y las causas apuntan a una ley aprobada en 2019 por el estado de Nueva York.
La amenaza: expropiar por negligencia, no por abandono
El grito de guerra de Mandani fue claro: «Cuando sea necesario, tomaremos medidas legales agresivas para expulsar a propietarios y gestores negligentes. Y en los edificios que hayan sufrido abandono crónico, trabajaremos para transferir la propiedad a quien sea responsable». Rallo advierte que aquí no se habla de edificios vacíos. Son inmuebles con inquilinos dentro, donde el alcalde considera que los propietarios no gastan lo bastante en conservación. Y esa supuesta negligencia se ha convertido en la coartada para la expropiación.
Pero, ¿por qué un propietario dejaría que su edificio se deteriore? Rallo recuerda que un inmueble mal mantenido pierde valor de mercado. La única lógica que explica ese comportamiento es que el propietario no pueda recuperar el dinero que invierte. Eso es exactamente lo que ocurre desde que entró en vigor la Ley de Estabilidad de la Vivienda y Protección del Inquilino de 2019.
La ley de 2019 que congeló la inversión
Antes de esa norma, los dueños de viviendas con alquiler regulado podían repercutir en la renta las mejoras que hacían en el edificio. Además, cuando un inquilino se marchaba, podían actualizar el precio para rentabilizar las inversiones realizadas. Pero la ley de 2019 eliminó ambas posibilidades. Si ahora inviertes en mantenimiento, no puedes subir el alquiler; y si cambia el inquilino, el precio sigue anclado. El resultado, explica Rallo, es que el retorno de cualquier mejora se vuelve negativo.
Desde entonces, los propietarios han ido dejando de reinvertir. Las viviendas se degradan porque el sistema impide que la inversión sea rentable. No es casualidad que los problemas de infraconservación se concentren en los inmuebles con alquiler regulado, mientras que los de alquiler libre mantienen un estado mucho mejor. La estadística es demoledora: las quejas por condiciones de inhabitabilidad en viviendas reguladas se han más que duplicado en los últimos cinco años.
«Querías proteger al inquilino contra las subidas del alquiler, y lo que has conseguido es un deterioro generalizado de las viviendas que habitan».
— Juan Ramón Rallo
El ciclo intervencionista: crear el problema y ofrecer más control
Aquí está la trampa. Según Rallo, los políticos aprueban una ley que incentiva la desinversión, y cuando los edificios empiezan a caerse a pedazos, culpan a los propietarios y se presentan como salvadores con soluciones aún más intervencionistas. Mandani no rectifica la norma que causó el estropicio; al contrario, amenaza con expropiar. Así, de paso, amplía su poder sobre la ciudad. Rallo lo resume con una ironía: el alcalde provoca el desastre, señala a otros y recibe más poder a cambio.
Para el economista, este ciclo no es un error. Responde a una lógica de acumulación de control que va mucho más allá de la vivienda. Si el objetivo real fuera facilitar el acceso a un techo digno, bastaría con derogar las regulaciones que frenan la oferta y encarecen la construcción. Pero el poder político, insiste, se alimenta de las crisis que él mismo genera.
El espejo español: la misma receta fallida
Rallo traza un paralelismo evidente con la ley de vivienda española. Aquí también se aprobó una normativa supuestamente protectora que ha reducido la oferta de alquiler y ha disparado los precios. Y, en lugar de dar marcha atrás, los impulsores de esa ley insisten en más intervención. La secuencia es idéntica: se interviene el mercado, se degrada, y se exige más intervención para arreglar lo roto. Un bucle que, advierte, solo beneficia a quienes viven de mangonear el sector inmobiliario.
El verdadero problema, tanto en Nueva York como en España, es la falta de vivienda asequible. Y eso se arregla levantando obstáculos, no añadiendo más capas de regulación. Construir más y más barato debería ser la prioridad. Pero eso no otorga poder a los políticos; al revés, lo limita. Por eso, concluye Rallo, prefieren el relato de la expropiación redentora.
La pregunta que queda en el aire es hasta qué punto este tipo de discursos calan entre una ciudadanía harta de los precios. Mandani se envuelve en la bandera del inquilino mientras prepara el mayor ataque a la propiedad privada en décadas. Y, de paso, silencia cualquier crítica tachándola de bulo. Denunciar estas mentiras se ha vuelto tan urgente como complicado, porque los que las fabrican controlan también el altavoz.
Puedes ver el análisis completo en el vídeo original de Juan Ramón Rallo en YouTube.
