El dato se publicó ayer, pero el golpe sobre la mesa es doble. El déficit público español se redujo al 0,24% del PIB en el primer trimestre de 2026, una cifra que mejora en más de un tercio la ratio de un año atrás. Sin embargo, el Estado registra un desfase mayor en abril. La lectura, como siempre, no es lineal.
El conjunto de administraciones públicas —sin incluir la Administración Local— cerró marzo con un déficit de 4.310 millones de euros, lo que supone un descenso del 31,2% respecto al mismo periodo de 2025. La ratio sobre PIB cae del 0,37% al 0,24% en solo doce meses. El impacto de la DANA todavía pesa en las cuentas, pero mucho menos que hace un año: los gastos extraordinarios apenas alcanzaron los 113 millones, frente a los 2.519 millones de 2025.
El contrapunto llega del Estado. Hasta abril, el déficit estatal se amplía hasta los 2.749 millones, equivalente al 0,15% del PIB, frente al residual 0,04% de 2025. El motivo principal es el distinto calendario de ingresos fiscales: el pago fraccionado del nuevo Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de las entidades financieras —543 millones— se efectuó en febrero de 2026, mientras que en 2025 ese ingreso se registró en junio. La foto, por tanto, empeora para la Administración Central, mientras que las comunidades y la Seguridad Social compensan el deterioro.
Las Comunidades Autónomas han logrado reducir su déficit al 0,20% del PIB, frente al 0,32% del año anterior, gracias a un aumento de ingresos del 12,6% que supera ampliamente el crecimiento del gasto. La Seguridad Social, por su parte, anota un superávit de 3.329 millones, un 14,6% más que en 2025, gracias al buen comportamiento de las cotizaciones sociales, que crecen un 8,3%.
La foto fiscal, en apariencia impecable, esconde un matiz que conviene no pasar por alto. El superávit primario —el saldo sin contar intereses— alcanza los 8.704 millones de euros hasta abril, inferior en un 14% al del año pasado. La carga de intereses de la deuda sigue subiendo: 11.453 millones, un 6,5% más, y amenaza con absorber buena parte del margen fiscal si el BCE no acelera los recortes de tipos.
El superávit primario se encoge pese a la mejora del déficit global, y esa divergencia es el verdadero termómetro fiscal a vigilar en 2026.
Los ingresos fiscales repuntan un 8,3% y aguantan el tipo
La maquinaria recaudatoria del Estado mantiene el pulso. Los recursos no financieros —la gran mayoría impuestos— totalizan 101.798 millones de euros hasta abril, un 7,8% más que en 2025. De esa cifra, 87.731 millones corresponden a tributos, con un avance del 8,3%. El IRPF lidera la subida (+11,6%), seguido del Impuesto sobre Sociedades (+10,3%) y el IVA (+5,8%).
El IVA aún arrastra el efecto de la rebaja de tipos a los productos energéticos, prorrogada desde la guerra de Oriente Medio, y que resta recaudación potencial. Más llamativa es la caída del 7,3% en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, que ingresa solo 533 millones tras la reducción temporal del tipo del 5,11% al 0,5% desde el 22 de marzo. Una medida de alivio a los consumidores que, sin embargo, merma la caja.
La clave recaudatoria está en las cotizaciones sociales de la Seguridad Social, que escalan un 8,3% hasta los 55.815 millones, impulsadas por la creación de empleo y las bases de cotización más elevadas. Esa inercia es, a mi juicio, el principal sostén de las cuentas públicas en 2026, y depender de ella a largo plazo no es gratis: un eventual enfriamiento del mercado laboral golpearía de lleno la línea de ingresos.
El espejismo del déficit estatal: recaudación y calendario
El aumento del déficit del Estado hasta el 0,15% del PIB desconcierta, pero tiene truco. No es un deterioro estructural, sino un efecto calendario de los ingresos financieros y del nuevo tributo a la banca. El pago fraccionado de 543 millones del impuesto al margen de intereses y comisiones se anticipó de junio a febrero, y eso hincha artificialmente la comparación interanual. Si se descuenta ese efecto puntual, el déficit estatal se mantendría prácticamente plano.
La pregunta que flota en el mercado es si esta mejora del déficit agregado convencerá a las agencias de calificación. Moody’s y S&P han mantenido la deuda soberana española en Baa1/estable y A/positivo, respectivamente. Un déficit del conjunto de las administraciones por debajo del 0,3% del PIB en el primer trimestre es una carta de presentación sólida, pero las cuentas del Estado en abril encienden la luz ámbar. Mi lectura es que el mercado le dará más peso al dato consolidado —mejor de lo esperado— que a la distorsión contable de la Administración Central.
Hay otro riesgo: la factura de intereses. Los 11.453 millones pagados hasta abril crecen a un ritmo del 6,5% interanual y presionan el superávit primario. Si el BCE se toma su tiempo para seguir bajando tipos —la última reunión dejó la puerta abierta a una pausa en verano—, el coste de la deuda seguirá siendo un lastre. Y con un stock de deuda pública que roza el 100% del PIB, cada décima cuenta.
Veredicto Merca2
Cotización al cierre o apertura: La prima de riesgo española se mueve en torno a los 65 puntos básicos a primera hora del viernes, sin grandes cambios tras la publicación del dato. El bono a 10 años ronda el 3,20%, lejos de los mínimos del año pero sin tensiones.
Clave técnica: El IBEX 35 abrió plano y la deuda apenas se inmutó. El mercado descuenta un déficit inferior al 3% para el cierre de 2026, por lo que este dato trimestral, aunque positivo, no altera las previsiones. La verdadera prueba llegará con la ejecución del segundo semestre, cuando se concentra el gasto.
Apunte macro: El superávit primario de 8.704 millones hasta abril permite absorber el creciente pago de intereses, pero su deterioro en un 14% interanual es la señal de alerta. Si la carga financiera sigue subiendo al 6,5% y la recaudación se modera, el margen fiscal para 2027 se estrechará justo cuando Europa pida consolidación.
