El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ratificado una sanción de 30.000 euros a Mercadona por información engañosa en el etiquetado de un pan especial, un expediente que la cadena valora recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que pone el foco en los controles sobre la marca del distribuidor.
Qué dice la resolución de Consumo
La Dirección General de Consumo cierra con esta multa el procedimiento abierto a raíz de una denuncia de Facua-Consumidores en Acción presentada en 2024. La sanción se desglosa en tres tramos de 10.000 euros cada uno: una infracción por la denominación incorrecta de una tortilla de cereal, otra por no incluir los datos de contacto del distribuidor en cuyo nombre se comercializa el producto, y una tercera por llevar a engaño al consumidor sobre la cantidad real de cereal integral.
El producto sancionado es un pan especial con forma de tortilla que, según el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, aludía exclusivamente a un tipo de harina integral y a su porcentaje sobre el total de harinas del cereal, una práctica válida para el pan común pero no para los panes especiales, que pueden incorporar además otras materias primas como leche, huevos o frutas.
Consumo sostiene que la presentación del producto constituye «un acto de engaño» al consumidor medio, ya que las imágenes del envase sugieren que el cereal integral representado es el único cereal utilizado, cuando en realidad la elaboración incluye también harinas refinadas.
La multa, aunque de cuantía simbólica para la mayor cadena de supermercados española, marca un criterio relevante sobre la responsabilidad del distribuidor en los productos de marca propia.
Marca del distribuidor y responsabilidad legal
El segundo tramo de la sanción tiene una lectura corporativa de calado: Consumo recuerda que en los productos de marca blanca el responsable de la información alimentaria es la empresa dueña de la marca bajo la que se comercializa el producto, no el fabricante que lo produce. En este caso, el etiquetado recogía solo los datos del fabricante y omitía los del distribuidor, algo que la normativa no permite.
Para la cadena de supermercados, cuyas fuentes consultadas por Europa Press afirman que «no» comparten la resolución, el producto incluye «la información obligatoria para el consumidor, tanto sobre su composición e ingredientes como sobre el responsable del producto que consta debidamente identificado». La empresa defiende además el trabajo de sus proveedores: «Trabajan para que todos los productos ofrezcan a los clientes una información clara, completa y veraz».
La resolución de Consumo no se queda en la multa económica. Incluye una sanción accesoria que exige a Mercadona rectificar los incumplimientos identificados, lo que obligará a modificar el etiquetado del producto en cuestión si el recurso no prospera.
El próximo paso, la vía judicial
La empresa dispone de un plazo de dos meses desde la recepción de la resolución para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Fuentes de Mercadona confirman que están «valorando recurrirla», lo que traslada el caso al ámbito judicial y deja en suspenso la ejecución de la sanción mientras se sustancia el litigio.
El ministerio basa su argumentación en el Real Decreto 308/2019, que aprueba la norma de calidad para el pan. Su artículo 6.9 establece que las tortillas de pan especial deben denominarse con el nombre del cereal o cereales empleados, sin que valga la fórmula del pan común de indicar solo el porcentaje de un tipo de harina. El consumidor, razona Consumo, no puede inferir el resto de ingredientes en un producto que admite un abanico más amplio de materias primas.
Un precedente con impacto sectorial
El expediente se originó con una denuncia de Facua, la asociación de consumidores que con frecuencia pone el foco en las grandes cadenas de distribución. La decisión de Consumo refuerza una línea de vigilancia sobre la información alimentaria en los productos de marca del distribuidor, un segmento que representa más del 40% de la cesta de la compra en España y en el que Mercadona, con su apuesta por los proveedores interproveedores, es un actor central.
Aunque los 30.000 euros de multa son una cifra menor para una compañía que superó los 35.000 millones de euros de facturación en 2025, el valor del expediente no está en la cuantía sino en la doctrina administrativa que fija: el distribuidor responde por la información del producto aunque el fabricante sea otro. Una aclaración que puede tener consecuencias para todo el sector de la distribución con marca propia.
La clave no son los 30.000 euros, sino la tesis de Consumo: en marca blanca, el responsable legal de la información es el supermercado, no el fabricante.
El caso recuerda a otras sanciones recientes de Consumo por información engañosa en productos alimentarios, aunque la mayoría se habían dirigido contra fabricantes mediante la marca del producto era la del propio fabricante. Aquí la novedad es el énfasis en la responsabilidad del distribuidor, lo que podría llevar a otras cadenas como Lidl, Carrefour o DIA a revisar sus protocolos de etiquetado en la marca propia.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: La presentación del recurso ante el TSJ de Madrid en los próximos dos meses. Un pronunciamiento judicial contrario a Consumo anularía la sanción y diluiría el impacto reputacional.
- Reacción del valor: Al ser Mercadona una compañía no cotizada, el impacto bursátil es nulo. Sin embargo, sienta doctrina administrativa para las cadenas con marca propia que sí están en el parqué, como Carrefour o, en menor medida, DIA.
- Precedente sectorial: La resolución deja por escrito que el distribuidor es responsable de la información en productos de marca blanca. Las auditorías de etiquetado en el sector van a intensificarse, lo que puede generar costes adicionales de compliance en el corto plazo.
