El Gobierno de España tiene poco que celebrar en materia de vivienda. Y eso que incluso portales inmobiliarios nada sospechosos de afinidad con el Ejecutivo reconocen un dato significativo: Barcelona es la única capital de provincia donde el precio del alquiler baja.
Según el último informe de Idealista, febrero cerró con un incremento interanual del 7,8% en el conjunto del país, hasta situarse en 15 euros por metro cuadrado. En los últimos tres meses la subida alcanza el 3,3% y en el último mes, un 0,6%. Todas las capitales analizadas encarecen sus rentas respecto al año pasado salvo Barcelona, donde caen un 1,2%.
No es un dato menor. La capital catalana es uno de los escasos territorios donde la Ley de Vivienda y la declaración de zona tensionada se han aplicado. Allí, pese al acoso permanente de una conjunción formada por la derecha política, la derecha mediática y los poderosos intereses inmobiliarios, las medidas de contención parecen estar produciendo efectos.
El contraste con el resto del país resulta elocuente. Sin embargo, el panorama general dista de ser optimista. El fin del denominado escudo social —la moratoria que desde 2020 impedía ejecutar lanzamientos en viviendas de alquiler cuando existía vulnerabilidad acreditada— ha abierto la puerta a la reactivación de entre 60.000 y 70.000 desahucios que permanecían paralizados en los juzgados.
Se trata de casi un tercio de los procedimientos pendientes. La maquinaria judicial, detenida durante años por sucesivos reales decretos, vuelve a ponerse en marcha. El impacto será profundo. Los procesos continuarán en el punto en que quedaron suspendidos. En algunos casos se reiniciarán; en la mayoría, simplemente seguirán su curso.
El resultado previsible es una avalancha en tribunales ya saturados. Los expertos anticipan meses de atasco judicial, con propietarios que aguardan recuperar viviendas impagadas y familias que temen perder su hogar.
La fotografía recuerda inevitablemente a la crisis de 2008. Entonces, la combinación de desempleo masivo, endeudamiento y desplome económico desembocó en una oleada de ejecuciones hipotecarias y desahucios que marcó a toda una generación.
Hoy el contexto macroeconómico es distinto, pero la amenaza de una nueva fiebre de desalojos vuelve a planear sobre el país. Y lo hace bajo un Gobierno que se reivindica progresista y que hizo de la protección social una de sus banderas.
El mercado del alquiler vive, además, una situación de máxima tensión estructural. En 2026 vencen más de 630.000 contratos firmados en los años posteriores a la pandemia, lo que afecta alrededor de 1,6 millones de personas. Muchos de esos acuerdos se rubricaron en 2021, en un contexto excepcional, y cumplen ahora cinco años.
Otros, firmados en 2019 con grandes tenedores, alcanzan los siete años de duración. Los precios no han dejado de escalar. En los últimos cinco años el arrendamiento medio en España se ha incrementado un 46%, con comunidades que registran subidas mucho más intensas.
RIESGO PARA EL GOBIERNO
El riesgo político es evidente y cada día resulta más difícil de disimular. La vivienda se ha consolidado como una de las principales preocupaciones ciudadanas, por encima incluso de otros debates que tradicionalmente marcaban la agenda pública.
La reactivación masiva de lanzamientos no solo tiene consecuencias sociales inmediatas, sino que puede erosionar de manera profunda el relato social del Gobierno y ofrecer abundante munición a la oposición en la recta final de la legislatura, justo cuando cada decisión pesa el doble y cada error se magnifica.
Si en 2008 los desahucios simbolizaron el fracaso de un modelo económico basado en la especulación, el crédito fácil y la desregulación, en 2026 podrían convertirse en el termómetro definitivo para medir la capacidad real del Estado de garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna.
Ya no se trataría únicamente de cifras o procedimientos judiciales, sino de la credibilidad de las instituciones y de la eficacia de las políticas públicas para proteger a quienes quedan atrapados en un mercado cada vez más tensionado y excluyente.
