La percepción de Holaluz sobre su propia situación empieza a pasar de castaño oscuro. La agencia de rating EthiFinance ha retirado la calificación crediticia de la energética «a petición del cliente»; esto es, a petición de la propia Holaluz.
«La calificación crediticia asignada en este informe ha sido solicitada por la entidad calificada, que también ha participado en el proceso», aclara EthiFinance en su informe, del que especifica que se basa «en información privada y pública».
Las principales fuentes de información citadas en el análisis son: los informes anuales de auditoría, el sitio web corporativo, la información publicada en los Boletines Oficiales y el libro de calificación proporcionado por la Compañía.
No hace ni dos semanas que esta misma agencia de rating rebajó la calificación de la energética desde BB-, con tendencia negativa y en estado de ‘Under review’, a CCC, cambiando la tendencia a ‘Evolving’. El descenso se fundamenta, según la agencia, en las dudas surgidas sobre la materialización del proceso de financiación en que la compañía está inmersa.
INVESTIGADA POR COMPETENCIA
Entretanto, a la comercializadora catalana le siguen creciendo los enanos después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le haya abierto expediente por impago de los peajes eléctricos.
Competencia investiga la posibilidad de que la comercializadora haya incurrido en esta infracción, tipificada como ‘grave’ según la Ley del Sector Eléctrico. El pasado 9 de mayo, se supo que Iberdrola, a través de su filial de distribución y gestión de redes, i+DE, había interpuesto una denuncia contra Holaluz ante la CNMC por este motivo.
Los peajes son el apartado de la factura eléctrica que recoge el importe del transporte y la distribución, además de otros cargos relacionados indirectamente con el suministro eléctrico.
EN EL SENO DE HOLALUZ SE HA DESATADO UNA GUERRA ENTRE LOS SOCIOS FUNDADORES Y LAS GESTORAS DE FONDOS QUE OSTENTAN PARTE DEL CAPITAL. EN MEDIO DE ESTE ENFRENTAMIENTO SE ENCUENTRA CARLOTA PI, CONSEJERA DELEGADA DE LA EMPRESA, A QUIEN LOS FONDOS QUIEREN FUERA
El regreso a la cotización de Holaluz no ha hecho sino agravar su agonía. A su crítica situación financiera se suma un hundimiento en Bolsa superior al 56% este año; y de fondo, sufre la guerra interna entre los socios fundadores y los fondos presentes en el capital, que reclaman la cabeza de la consejera delegada, Carlota Pi. En medio de este incendio, la compañía busca desesperadamente un auxilio crediticio que llega a cuentagotas.
La supervivencia de Holaluz pasa por conseguir préstamos de unos 15 millones de euros y un equity line de hasta seis millones para afrontar sus problemas de liquidez, tan profundos que ponen en jaque sus compromisos contractuales y su misma existencia. Un cometido de extrema dificultad, ya que las perspectivas son tan malas que la propia comercializadora ha solicitado la retirada de su rating.
A pesar de todo, la directiva ha conseguido reunir parte del dinero que necesita para esquivar la desaparición. Este martes se supo que había formalizado una operación de financiación por un importe de cuatro millones que ya ha sido desembolsado, mientras negocia con el Institut Català de Finances (ICF), dependiente de la Generalitat, dos posibles alternativas de préstamo.
LA CAÍDA DE HOLALUZ
El pasado 1 de mayo, ya sobrepasada la medianoche y con el plazo vencido, Holaluz presentó sus resultados 2023 en los registros del BME Growth, mercado bursátil donde cotiza. Los resultados netos de la comercializadora catalana -entregados sin auditar- reflejaban una catástrofe contable de proporciones devastadoras, con unas pérdidas de más de 26 millones de euros que multiplican por cinco los ya preocupantes ‘números rojos’ del ejercicio precedente. Esta cifra palidece, no obstante, ante la deuda neta, que roza los 60 millones de euros.
EN SU REGRESO A BOLSA DESPUÉS DE SER SUSPENDIDA DE COTIZACIÓN POR CARECER DE AUDITORÍA, LA ACCIÓN DE HOLALUZ SUFRIÓ UN DESCALABRO MAYÚSCULO
El motivo por el que los resultados no contaban con una certificación profesional es que dos de los accionistas mayoritarios de Holaluz, los fondos Axon y Geroa Pensoak, votaron en contra de los resultados, lo que retrasó los trámites. Finalmente, el 3 de mayo, con retraso y en medio del escándalo, Ernst & Young (EY) remitió a BME la auditoría de las cuentas 2023 de la comercializadora, poniendo en tela de juicio su viabilidad. El documento augura un sombrío destino que no solo alcanzará a la matriz, sino también a la decena de compañías que dependen de la energética presidida por Carlota Pi.
La ausencia de una auditoría provocó que el BME suspendiera de cotización a la compañía catalana, situación en la que permaneció hasta el miércoles 8 de mayo, cuando regresó a los parqués. El retorno no pudo ser más desastroso: solo se registraron ventas, por lo que la acción se precipitó hasta mínimos históricos. Al cierre de esta edición, su valoración apenas superaba 1,30 euros.
