La Audiencia Nacional ha rechazado su competencia sobre el ‘caso Restalia’, creado a partir de la denuncia de un grupo de exfranquiciados contra la compañía, devolviendo el asunto al Juzgado de Instrucción y descartando así los argumentos de los querellantes y su estrategia para que este tribunal se hiciera cargo del caso.
Esta resolución confirma la decisión del juzgado de instrucción número 52 de Madrid, quien ya ratificó su competencia en dos ocasiones y archivó el asunto el pasado mes de enero de 2023 ante la ausencia de indicios de delito de Restalia.
En su auto de archivo, el Juzgado de Instrucción ya aseguró que la denuncia contenía «un totum revolutum de imputaciones sin ninguna clase de fundamento» y que los argumentos recogidos en la denuncia eran «valoraciones interesadas y muy subjetivas de los denunciantes que no permiten un riguroso análisis».
El juez de instrucción ya se pronunció sobre el caso Restalia
El juez de instrucción también se pronunció en su momento y en dos ocasiones sobre la competencia del caso, insistiendo que era suya, cuestión que ahora confirma la también la Audiencia Nacional de forma consistente con la jurisprudencia consolidada en estos casos. Ya en 2016 la Audiencia Nacional indicó que este tipo de asuntos no son de su competencia en la causa abierta por exfranquiciados de Dia y recientemente ha vuelto a insistir en su no competencia en la denuncia contra Telepizza.
El caso Restalia saltó tras conocerse la demanda por estafa, presentada por Luis Julián García, que lideraba el grupo de 14 exfranquiciados, contra José María Fernández Capitán, socio y administrador único de Eurorestalia Holding, socia única de Restalia Grupo de Eurorestauración, dueña de todas las sociedades del grupo; contra otras 23 personas físicas y contra otras 26 sociedades del mencionado grupo.
Presuntamente, Restalia actuaba mediante engaño, según la denuncia, y en su mayoría, los casos se centraban en Madrid. Por ello, se realizó un informe pericial, añadido a la causa, donde se puso de manifiesto que la mayor parte de las inversiones de los franquiciados hace que se genere una gran dependencia de la financiación a largo plazo desde el inicio. Este hecho, junto a los elevados niveles de apalancamiento financiero, denota que se trata de una industria donde se asume un elevado riesgo por el accionista, según reza la sentencia a la que ha tenido acceso este medio.
Estos franquiciados perdieron su autonomía financiera a partir de 2019, como también una caída de cash flow y rentabilidad, tanto económica como financiera. De un Ebitda positivo del 73,33% se pasó a un 50%. Con la llegada de la pandemia, el desplome fue más notorio.
LA CAÍDA Y DOS PERITOS PONEN CONTRA LAS CUERDAS A RESTALIA
Tanto el perito judicial como el encargado de realizar el informe de parte coinciden en que los «anteproyectos económicos no se ajustan a la realidad de los negocios» al sobreestimarse las ventas anuales e infravalorarse los costes de personal y de los productos. De esta forma, era prácticamente imposible alcanzar el 3% anual prometido, más cuando los costes laborales se han incrementado anualmente debido a los cambios regulatorios.
Pese a estos informes, el instructor dio carpetazo a la causa, a quien vuelve de nuevo la causa tras una denegatoria de la Audiencia Provincial, ratificada por el juzgado de Instrucción Central. El primer juez del caso aseguró que se trataba de un fraude de mascarillas, un error que se rectificó posteriormente con otro auto.
LA AUDIENCIA RECHAZA EL CASO AL NO ALTERAR LA ECONOMÍA
«Parece que nos encontramos ante una estafa», apunta el tribunal. La cuestión debatida se centra en determinar si la estafa afecta al «tráfico mercantil, a la economía nacional o en perjuicio patrimonial a una generalidad de personas de varias provincias», apunta. Solo en estos casos, la investigación debería elevarse a la Audiencia Nacional. De hecho, la cantidad alcanzaría los 10,66 millones de euros.
El quid de la cuestión se centra en conocer si los contratos de franquicia fueron firmados en virtud de una mecánica defraudatoria engañosa en la que se ocultó a los denunciantes elementos esenciales que produjeron un desplazamiento patrimonial, una información que estará en los contratos aportados a la causa.
Restalia prometía altas rentabilidades y una rápida recuperación de la inversión
La denuncia sostiene la existencia de contratos de franquicia «inviables económicamente», diseñados para «ocultar información económica e inducirles a engaño con estudios económicos inveraces». Para conseguir a nuevos franquiciados, Restalia prometía altas rentabilidades y una rápida recuperación de la inversión, según la denuncia, así como mejores precios.
De esta forma y ante la ardua labor de obtener pruebas, el juzgado entiende que no puede desinhibirse en la causa. Restalia mantiene que las acusaciones vertidas en la denuncia faltaban gravemente a la verdad y que el único objetivo era dañar su reputación y negocio, reservándose el derecho a tomar las acciones que correspondan.
