La nuclear echa por tierra el plan de residuos del Gobierno: caro, tarde y mal

El Foro Nuclear se ha mostrado muy crítico respecto al Plan General de Residuos Radiactivos (PGGR), aprobado por el Gobierno la pasada semana. Mediante un comunicado, la organización que agrupa a la industria atómica española ha resaltado aspectos a su juicio negativos del PGRR, tales como el sobrecoste o el nuevo sistema de almacenes temporales, que ralentizará el proceso de desmantelamiento de las centrales.

El pasado 27 de diciembre, el Consejo de Ministros dio luz verde al séptimo PGRR, que descarta el Almacén Temporal Centralizado (ATC) contemplado previamente en favor de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en cada instalación atómica y un Almacenamiento Geológico Profundo (AGP).

Asimismo, establece la política del Gobierno en materia de gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible gastado, y el desmantelamiento y la clausura de las instalaciones nucleares. Concretamente, dispone el cese de la operación de las centrales entre 2027 y 2035 y el inicio de su desmantelamiento a los tres años de su cese de operación definitivo, excepto Vandellós I (parada desde 1989 por un accidente grave), cuya última fase se ejecutará a partir de 2030.

LAS OBJECIONES DE FORO NUCLEAR

Foro Nuclear concede que el séptimo PGRR es «una revisión necesaria», puesto que el anterior Plan fue aprobado en el año 2006. Sin embargo, considera que las soluciones adoptadas en el nuevo Plan suponen un coste «muy superior» al previsto inicialmente, «debido a la falta de consenso entre las diferentes instituciones involucradas», por lo que «en ningún caso deberían imputarse dichos sobrecostes a las centrales nucleares».

Este sobrecoste, continúa la organización, supone «un cambio sustancial» frente a las condiciones en las que se alcanzó el acuerdo del Protocolo de Intenciones de 2019 entre la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y las centrales nucleares para su funcionamiento. En virtud de este pacto, se acordó incrementar la Tasa de Enresa en un máximo del 20%. Al respecto, Foro Nuclear ha recordado que, tras dicho aumento, «el conjunto del parque nuclear español aporta cada año al Fondo Enresa del orden de 450 millones de euros».

«LAS CENTRALES NUCLEARES ESTÁN SUJETAS A UNA FISCALIDAD excesiva, en algunos casos redundante, así como discriminatoria y no homogénea ni comparable a la del resto de tecnologías, y que penaliza el funcionamiento y la gestión de las mismas»

Foro Nuclear

Respecto al cierre acompasado de las centrales, el comunicado acentúa que mantener la operación del parque nuclear español «va en la línea de la resolución aprobada en la reciente cumbre del clima (COP28), contribuye a reducir las emisiones y a conseguir el objetivo del Net Zero de la Unión Europea (UE), a reducir la factura de la luz de familias y empresas y ayuda considerablemente a la financiación del propio Plan», ya que cuanto más tiempo funcionen las centrales nucleares, «más financiación estará disponible en el Fondo Enresa».

En lo tocante a la tributación, Foro Nuclear denunció que el sector de la energía atómica está sometido a una fiscalidad «excesiva, en algunos casos redundante, así como discriminatoria y no homogénea ni comparable a la del resto de tecnologías, y que penaliza enormemente el funcionamiento y la gestión de las mismas». En consecuencia, cualquier incremento adicional de tasas «comprometería su viabilidad económica», explica la organización.

Uno de los aspectos del PGRR más criticados por las nucleares es el de la distribución de los residuos, asunto en que el Gobierno dio un golpe de timón, decantándose finalmente por los ATD descentralizados en detrimento del ATC centralizado. En este sentido, el Foro cree que con este sistema «no se podrán liberar hasta casi finales de siglo los emplazamientos nucleares, lejos de las recomendaciones de la Comisión Europea para disponer de una solución para la gestión final del combustible gastado antes del año 2050″.

«Países europeos de nuestro entorno que apuestan por la generación nuclear como, por ejemplo, Francia, Finlandia, Suiza o Suecia, están anticipando la gestión de sus AGP», advierte el comunicado.

José Sánchez Mendoza
José Sánchez Mendoza
Periodista especializado en economía y mercados energéticos. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y máster en Periodismo por El Mundo y la Universidad San Pablo CEU, he trabajado en medios como El Mundo y El Economista, entre otros.