El Gobierno en funciones ha convocado un proceso selectivo para cubrir 144 plazas, por el sistema de acceso libre, y 69 plazas, por promoción interna, de ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, lo que hace un total de 213 puestos.
Ante esta convocatoria de oposiciones, la Asociación de Inspectores de Hacienda ha anunciado que presentará recurso contencioso administrativo contra ella, dado que considera que la inclusión de interinos en este Cuerpo Superior «vulnera principios constitucionales y es un intento más de colonización de la Administración».
Según la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de las 144 plazas ofertadas para el acceso libre, 140 corresponden a la oferta de empleo público para el año 2022. De ellas, 133 son de acceso general y 7 de acceso para personas con discapacidad.
Por su parte, de las 69 plazas ofertadas para el acceso por promoción interna, 50 corresponden a la oferta de empleo público para el año 2022, de las cuales 47 son de acceso general y 3 de acceso para personas con discapacidad.
Según se aclara en la resolución, las personas aspirantes que ingresen por promoción interna tendrán, en todo caso, preferencia para cubrir los puestos vacantes que se oferten.
Además, a efectos de lo dispuesto en el artículo 79 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se consideran independientes ambos sistemas de selección, por lo que las plazas convocadas por el sistema de promoción interna que, en su caso, queden vacantes, no podrán acumularse a las del sistema de acceso libre.
«ES VOLUNTAD POLÍTICA PARA COLONIZAR LA ADMINISTRACIÓN», DENUNCIAN
Según ha denunciado la Asociación de Inspectores, la convocatoria es una «compleja remisión normativa» que parece tener la voluntad de «esconderlo», pero que permite que se nombre personal funcionario interino a personas que no han aprobado la oposición, ni desde luego han superado el curso selectivo en el Instituto de Estudios Fiscales que deben realizar todos aquellos candidatos que han superado la fase de oposición.
Por ello, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) interpondrá de manera inmediata un recurso contencioso administrativo contra la misma por vulnerar principios constitucionales.
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado considera «contrario a la más elemental lógica» que una persona, sin haber superado el proceso selectivo pueda desarrollar una función tan sensible como es la que se encomienda a los Inspectores de Hacienda.
Además, la asociación ha recordado que la normativa vigente restringe el ejercicio de las funciones de la Administración que supongan el ejercicio de potestades públicas a los funcionarios de carrera, excluyendo de las mismas a los interinos.
Por otro lado, el Tribunal de Justicia de TJUE, ya en marzo de 2020, denunció el abuso de la figura del interino por la Administración española; lo que hace más incomprensible que esta práctica no solo no se reduzca, sino que pretende extenderse a áreas de la función pública en las que jamás se había utilizado.
Esta posibilidad se entiende por la Asociación de IHE como una «quiebra» de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad sobre los que se asienta la Administración Pública y que, hasta el momento, se respetaban en el acceso a la Inspección.
«La posibilidad que abre esta convocatoria se juzga como una muestra de voluntad política para colonizar la Administración en general, y la tributaria en particular, mediante la incorporación masiva de interinos», ha denunciado la Asociación a través de un comunicado.
La Asociación de Inspectores de Hacienda rechaza con rotundidad esta medida, no solo por la propia dignidad del cuerpo, sino como forma de garantizar la independencia y profesionalidad de aquellos funcionarios que tienen como función la obtención de los recursos económicos de los contribuyentes para sostener los gastos públicos y el mantenimiento del Estado de bienestar.
«Cualquier intromisión política, o la simple falta de la necesaria cualificación de los funcionarios, dará lugar a una quiebra en el principio de igualdad en la contribución al sostenimiento de los gastos», ha advertido.
