La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) estima que la segunda pata de la reforma de pensiones generará «en el mejor de los casos» un ahorro neto equivalente a sólo el 0,39% del PIB en 2050, quedándose, por tanto, «muy lejos» de garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y de devolverlo al equilibrio.
En un artículo elaborado por su director adjunto, Ángel de la Fuente, Fedea advierte de que la última reforma de pensiones aprobada por el Gobierno reduce el desequilibrio esperado del sistema durante los próximos años, «pero sólo de forma modesta».
Ese ahorro neto del 0,39% del PIB que generaría la reforma en 2050 «se reduciría sustancialmente, hasta desaparecer» si se calculara con la normativa utilizada en el informe de envejecimiento de la Comisión Europea de 2021, que es el que Fedea considera como la referencia más apropiada.
Entrando más en detalle, los cálculos del director adjunto de Fedea apuntan a que, en 2050, las medidas contenidas en la última reforma de pensiones implicarán un gasto del 0,51% del PIB y un ahorro del 0,90%, lo que llevaría a que el ahorro neto por el conjunto de las medidas fuera sólo del 0,39% del PIB.
Dentro de las medidas de gasto, Fedea estima que, en 2050, la subida de las pensiones mínimas y del complemento de la brecha de género contemplada en la reforma supondrán un gasto del 0,28% del PIB, mientras que los cambios en la pensión inicial derivados de la ampliación del periodo de cálculo a 29 años (descartando los dos peores) implicarán un gasto del 0,18% del PIB. A ello, hay que sumar el gasto por el incremento de la pensión máxima, que Fedea cifra en el 0,05% del PIB.
En lo que se refiere a las medidas recaudatorias, De la Fuente calcula que la subida de la sobrecotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) desde el 0,6% al 1,2% permitirá ingresos en 2050 por valor del 0,40% del PIB, el mismo porcentaje que se ingresará por el destope de las bases máximas, aunque calculadas en términos constantes. Además, la cuota de solidaridad que establece la reforma para gravar los salarios más altos proporcionará ingresos del 0,10% del PIB.
En este documento, el primero de una serie que Fedea publicará para cuantificar el impacto de las distintas reformas de pensiones aprobadas en esta legislatura, De la Fuente revisa «significativamente» al alza la estimación que realizó «de urgencia» hace unas semanas sobre el incremento de gasto que supondrá la mejora de las pensiones mínimas.
Como explica el director adjunto de Fedea, la nueva norma no supone únicamente un incremento puntual en la cuantía de estas pensiones, sino también un cambio importante en su regla de evolución, pues estas prestaciones pasan de actualizarse con la inflación a ligarse al umbral de la pobreza y, por tanto, y de manera aproximada al crecimiento de los salarios medios.
Fedea estima que, con la reforma, la pensión mínima media aumentaría en un 8,9%, desde 9.786 hasta 10.657 euros anuales.
Según sus cálculos, el gasto necesario para elevar ya en 2023 la cuantía de todas las pensiones mínimas a los nuevos niveles de referencia, ligados al umbral de la pobreza, superaría los 2.320 millones de euros (0,16% del PIB), a lo que habría que sumar otros 94 millones derivados de la mejora del complemento por brecha de género, con lo que el gasto total por estas dos medidas equivaldría, si se aplicara este mismo año, a 2.422 millones de euros.
No obstante, Fedea recuerda que estas medidas se aplicarán de manera gradual, por lo que no producirán un gasto inmediato, sino progresivo. En el caso del complemento de género, que se mejorará un 10% en dos años, la subida se realizará durante 2024 y 2025, mientras que la mejora de las pensiones mínima se producirá entre 2024 y 2027.
La última reforma de pensiones introduce, dentro de las medidas de ingresos, el destope de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social entre 2024 y 2050, «acompañada de la cuasi congelación de las pensiones máximas a precios constantes», pues mientras las primeras aumentarán en términos reales (tras ajustarlas por la inflación) a una tasa anual del 1,2%, la pensión máxima lo hará al 0,115%.
Esto supondrá en 2050 un incremento acumulado del 38% para la base máxima de cotización y del 3,15% para la pensión máxima, ambas medidas a precios constantes.
En virtud de esta secuencia, Fedea calcula que la reforma reducirá la pensión máxima desde casi el 80% de la base máxima de cotización hasta el 59,3%, lo que considera una reducción «muy considerable» del grado de contributividad del sistema.
De la Fuente subraya que la cuantía total de las rentas salariales situadas por encima de la base máxima de cotización actual asciende en la actualidad a sólo unos 30.000 millones de euros, lo que supone un 2,64% del PIB, un 5,30% de las rentas del trabajo y un 4,46% de las rentas brutas de los hogares con datos de la Agencia Tributaria.
«El potencial recaudatorio de gravar estas rentas, incluso a tipos muy elevados, es por tanto muy limitado en comparación con el de gravámenes sobre bases más amplias», sostiene.
Los ingresos de la Seguridad Social aumentarán también debido a la subida de los tipos de cotización del MEI, cuyo poder recaudatorio será «muy superior» al de las bases máximas por aplicarse a todas las rentas salariales y no sólo a las más altas, apunta Fedea.
Con la subida de la cotización del MEI hasta el 1,2% al finalizar 2029, los ingresos que generará esta medida equivaldrán al 0,40% del PIB.
No obstante, aunque considera que este mecanismo se ha mejorado en la reforma, Fedea pide aprovechar la tramitación de la reforma como proyecto de ley para clarificar la redacción del MEI y vincular su activación en caso de que el sistema necesite ajustes a un tope máximo del déficit básico del conjunto de la Seguridad Social esperado en promedio entre 2022 y 2050.
