El Congreso inicia con Anfac, Faconauto y Anged la subcomisión para el despliegue de electrolineras

La subcomisión del Congreso de los Diputados para el despliegue e instalación de infraestructuras de recarga eléctrica y de hidrógeno y su impacto en la industria de automoción echa a andar este martes con las comparecencias de las patronales Anfac, Faconauto y Anged. Así, a partir de las 11.30 horas están llamados a comparecer el director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José López-Tafall, la vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), Marta Blázquez, y el secretario general de la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged), Marcos Casado.

Estas organizaciones empresariales iniciarán una ronda de comparecientes, con la estimación de que este grupo de trabajo pueda recoger las aportaciones de unas 45 entidades, según las solicitudes de los propios grupos y las entidades que han pedido comparecer a petición propia. Entre ellas, otras asociaciones empresariales como la de vendedores, reparación y recambio de vehículos (Ganvam), la asociación del sector gasístico (Sedigas), la patronal de las compañías eléctricas (Aelec), la de productores fotovoltaicos (UNEF) o la Asociación Española del Hidrógeno (AeH2), pero también empresas como Repsol o Visa.

Entre las solicitudes de comparecientes registradas por los grupos, a las que ha tenido acceso Europa Press, se encuentran también las federaciones de industria de los sindicatos CC.OO. y UGT, empresas como Iberdrola y entidades del sector público como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) o la Dirección General de Tráfico (DGT). La subcomisión que dirige el diputado de ERC Joan Capdevila trabaja con la previsión de reunirse todas las semanas con sesión plenaria hasta diciembre para en enero o febrero contar con un informe de la ponencia.

Este informe deberá identificar los principales cuellos de botella industriales y legislativos que puedan obstaculizar o dificultar la implementación de una red de cargadores de electricidad y de hidrógeno, con atención a la industrial, el medio ambiente y el desarrollo del vehículo eléctrico.