La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) han instado al Gobierno a aprobar una reducción de los impuestos y tasas que soportan los carburantes, de forma temporal y extraordinaria.
Ambas patronales han considerado «imprescindible» una revisión a la baja de la carga fiscal de los hidrocarburos, con el objetivo de mitigar la situación que atraviesa la economía española y, en general, los sectores del transporte y de las estaciones de servicio, en particular.
Entre las medidas a tomar, han propuesto aprobar una reducción temporal del IVA, la exención del Impuesto Especial de Hidrocarburos y la devolución mensual del gasóleo profesional, según han explicado en un comunicado.
Las dos organizaciones han detallado que este tipo de propuestas ya se están llevando a cabo en otros Estados miembro de la Unión Europea, como Portugal, Irlanda, Polonia, Eslovenia o Francia, donde a partir del 1 de abril el Gobierno rebajará 15 céntimos por litro en el combustible.
«La reducción de la fiscalidad sobre los carburantes supondría un verdadero ‘balón de oxígeno’ para las empresas españolas, que asisten impotentes a una escalada de los precios de los carburantes que mina su competitividad y provoca un estrangulamiento financiero de nuestro tejido productivo», han indicado.
Este fin de semana, durante la XXVI Conferencia de Presidentes celebrada en la isla de La Palma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una rebaja de impuestos para los sectores afectados por las consecuencias de la guerra de Ucrania, si bien todavía no ha concretado en qué consistirán las medidas anunciadas.
PETICIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Por otra parte, la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) ha solicitado que el sector del transporte público cuente con medidas similares a las puestas en marcha en el ámbito de las obras públicas y a las medidas de apoyo que prepara el Gobierno a la industria electrointensiva como consecuencia de la «extrema gravedad» de la situación actual, dado su alto consumo energético y porcentaje de coste que supone en su funcionamiento.
De esta forma, ATUC ha reclamado al Gobierno que se dote al sector de medidas de apoyo para intentar paliar la situación financiera por la que atraviesan, ya que, sin haber tenido tiempo para recuperarse de las consecuencias que tuvo la crisis del Covid-19 en su situación económica, ahora se suma el incremento de costes energéticos, poniendo en peligro la continuidad de gran cantidad de las concesiones y del funcionamiento del servicio.
Actualmente, las flotas de autobuses urbanos están impulsadas en un 38% con gas natural comprimido, y con la escalada de precios, un solo autobús puede llegar a suponer un sobrecoste de combustible anual de 20.000 euros, lo que representa para el conjunto del sector alrededor de 100 millones de euros, cantidad a la que indiscutiblemente hay que añadir la disminución en los ingresos por la venta de billetes como consecuencia de la pandemia.
En el caso del transporte público impulsado por energía eléctrica, como el metro o los trenes de cercanías, el impacto puede implicar un incremento del precio del 400%.
Por este motivo, el sector ha pedido una revisión excepcional de los precios de los contratos públicos con las empresas concesionarias de transporte colectivo, y que los contratos de concesión puedan indexarse al coste del precio de la energía en todas sus variantes. También ha pedido que el sector ferroviario tenga un tratamiento similar a las industrias intensivas en consumo eléctrico.
