Facua-Consumidores en Acción ha reclamado al Gobierno una reforma urgente del bono social, de manera que suponga un descuento de al menos el 50% en las facturas de luz, gas -tanto natural como propano y butano- y agua de las familias que sean consideradas consumidores vulnerables.
El bono social vigente, en el caso de la electricidad, representa un descuento del 25% de la factura -el 40% para familias en riesgo de exclusión social- con límites en la parte relativa al consumo de entre 1.380 y 4.140 kWh al año. No incluye el agua, aunque sí el gas natural.
En un comunicado, la asociación propone que la bonificación siga yendo a cargo de las compañías energéticas y, en el caso del agua, de sus suministradoras, con un límite en el consumo anual que en la electricidad oscilaría entre 3.600 y 5.200 kilovatios hora (kWh).
Facua indicó que ha remitido este jueves un documento con su propuesta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; Consumo, Alberto Garzón; y Derechos sociales, Ione Belarra.
Para adquirir la condición de consumidores vulnerables, la propuesta de la asociación es que sus gastos en suministros domésticos más la hipoteca o el alquiler de la vivienda representen al menos el 35% de sus ingresos y que estos no superen dos salarios mínimos, que se elevarían hasta tres en función del número de hijos, discapacitados, dependientes o mayores de 65 años que formen parte de la unidad familiar.
Además, con carácter general, Facua pide que pueda acceder al bono social cualquier familia que tenga esos gastos y cuyos ingresos no superen dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que actualmente está en 13.300 euros brutos al año.
Este límite se incrementaría en 0,2 veces el SMI -porcentaje que actualmente supondría 2.660 euros- por cada hijo a cargo de la unidad de la vivienda. El incremento aplicable sería de 0,3 veces el SMI por cada hijo en el caso de las familias monoparentales. Además, el límite se incrementaría en 0,2 veces el SMI por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.
En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tuviese declarada discapacidad de al menos el 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditada de forma permanente para realizar una actividad laboral, sea víctima de terrorismo o violencia de género -incluida la violencia económica-, podría accederse al bono social si los ingresos familiares no superan tres veces el SMI, sin perjuicio de los incrementos acumulados por cada hijo a cargo y persona mayor de 65 años.
FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Para las familias cuyos ingresos no superen un salario mínimo, la asociación pide que sean consideradas en riesgo de exclusión social y el descuento en las facturas de luz, gas y agua represente el 70% de su importe. Este límite de ingresos se incrementará de la misma forma que para el resto en función del número de hijos, dependientes, discapacitados o mayores de 65 años que formen parte de la unidad familiar.
Además, si los servicios sociales emiten un dictamen que certifique que una familia con ingresos inferiores a los mencionados tiene una situación que le impide hacer frente al pago de los suministros, la propuesta es que serán las empresas las que se hagan cargo del 100% de sus facturas.
En lo que respecta a las bonificaciones del 50% o el 70% propuestas por Facua, se aplicarían sobre la totalidad de la parte fija de las facturas y tendrán limites en la relativa al consumo. En el caso de la luz, el tope estará en 3.600 kWh anuales (una media de 300 al mes) en las familias de hasta dos personas, que aumentarán en 400 kWh al año por cada miembro más de la unidad de convivencia, hasta un tope de consumo anual de 5.200 kWh, añade la asociación.
Respecto a la prohibición de cortes de suministros, Facua reclama que sea para todos los consumidores en riesgo de exclusión social o que sufran ya la situación de exclusión. Además, también propone que se prohiban los cortes a cualquier familia reconocida como consumidores vulnerables en la que haya una persona con más de 65 años, discapacitada, dependiente, desempleada o menor de edad.
